Justicia necesaria

La extradición, muchos años demorada, de Telmo Hurtado, personaje emblemático de la feroz represión contra inocentes que ensució la guerra contra el terrorismo y deshonró a quienes la practicaron, satisface a quienes tienen la convicción de que crímenes atroces como el que se le imputa jamás deben prescribir y que sus autores deben pagar, no importa el paso del tiempo, como ha asumido la justicia internacional que debe ser y según quedó establecido tras los horrores del nazi-fascismo durante la segunda guerra mundial.

| 15 julio 2011 12:07 AM | La Primera Palabra | 584 Lecturas
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Fue hace 26 años, el 14 de agosto de 1985 y cuando apenas empezaba el primer gobierno del actual jefe de Estado, cuando Hurtado, entonces teniente, y otro oficial del mismo grado, Juan Rivera Rondón, encabezaron una masacre de hombres, mujeres y niños, un crimen de odio y racismo, con un saldo de 69 muertos que enterraron con explosivos, en las proximidades de la localidad ayacuchana de Accomarca.

Previamente, las tropas que cubrieron de lodo el glorioso uniforme de la Patria que habían jurado defender con honor, violaron a las mujeres. Los autores quedaron impunes, pues a eso equivale que los dos oficiales hubieran sido condenados por el venial delito de abuso de autoridad a solo seis años de cárcel.

Ni el gobierno de entonces ni los posteriores, ni los mandos militares bajo cuyas órdenes estaban los criminales, hicieron nada para hacer prevalecer la justicia ni para evitar que, ante la posibilidad de que fueran nuevamente juzgados y la presión de organismos humanitarios nacionales e internacionales, fugaran al exterior.

Ambos vivieron largos años, proclamando su supuesta inocencia, porque según ellos los indígenas asesinados eran terroristas en potencia, como los niños, que debían morir porque los terroristas adoctrinaban a los campesinos desde pequeños, según alegó Hurtado. Eludieron la acción de la justicia peruana durante largos años, hasta que su entrega fue aprobada por la justicia norteamericana y, con mayor demora, por el gobierno del país del norte.

Ahora tendrán que afrontar sus responsabilidades criminales y seguramente serán condenados a severas penas, como corresponde a la magnitud de la masacre y otros delitos cometidos, execrables porque si bien es cierto que el país estaba en guerra, nada justifica matar a sangre fría a civiles desarmados e inocentes. Hasta la guerra, con toda su irracionalidad y su ferocidad, tiene reglas y códigos de honor y de decencia que la ley de gentes y el desarrollo de la civilización han establecido.

El caso, además de ser un escarmiento para que nadie se atreva a usar para el crimen las armas que la Patria entrega para su defensa, que es la defensa del pueblo y de los altos intereses nacionales.

Pero además debe servir como advertencia a quienes, en distintos niveles, tienen matanzas y otros crímenes aún impunes sobre los que deben dar cuenta y de ser el caso, pagar las consecuencias.


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