Justicia a fonavistas

Este diario ha dado cabida, por pluralismo y sentido de equidad, a los reclamos del movimiento de fonavistas, de que se les devuelva los aportes hechos al Fonavi, lo que fue respaldado en fueros judiciales, oleado y sacramentado.

| 27 mayo 2012 12:05 AM | La Primera Palabra | 1.1k Lecturas
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Tienen derecho a cobrar, sin que ningún subterfugio lo impida, aunque sea con modalidades imaginativas y sin que el pago de este derechos afecte la estabilidad financiera del país ni los fondos estatales tan necesarios para objetivos vitales como la lucha contra la pobreza y por la inclusión social.

Es positivo en tal sentido que el Presidente de la República haya ratificado la voluntad y la decisión política de su administración de hacer efectivo el pago, eludido por la anterior administración hasta el extremo de negarse a pagar y darle largas al asunto.

Ha anunciado también el Ejecutivo la apertura de un registro de fonavistas, ante denuncias públicas de que una organización dedicada al tema exige dinero a los veteranos para inscribirlos en un padrón que, si bien es considerado por la ley respectiva, de ninguna manera es ni puede ser excluyente.

La inscripción con DNI y la posterior presentación de los informes sobre los empleos en los que se hicieron los aportes, parece una vía razonable para simplificar el trámite. Es decir que la comisión encargada tendrá que verificar los aportes –tienen que constar en los archivos de Fonavi- hechos por cada inscrito.

No hay, pues, lugar a los cuestionamientos, los radicalismos ni los recelos, sino dar luz verde a la inscripción por todas las vías que sean posibles, y no hay que negarse a nuevas formas que impidan a los ciudadanos mayores el trabajo de llenar formularios y pagar por figurar en un padrón o exponerlos inclusive a estafadores, como lo han mostrado los medios de comunicación.

De ser cierta la sospecha –que podría entenderse por los subterfugios a los que apeló el gobierno anterior para no pagar- de los dirigentes de esa agrupación, de que no hay voluntad de pagar, tal pretensión no sería política ni socialmente viable.

Los tecnócratas que buscan la manera de no hacer “gasto social” van a tener que andar con cuidado y tener presente que el Jefe del Estado ha asumido el compromiso de que se devuelvan los aportes, y hay que cumplir, porque lo contrario puede gestar un conflicto social de proporciones.


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