Indulto y legalidad

Una campaña mediática de ablandamiento de la opinión pública, emprendida por el fujimorismo y su aparato propagandístico, favorecedor de la impunidad, pretende, con arrogancia y triunfalismo, imponer y hasta apurar el indulto que deje impune a su jefe, al gobernante que avergonzó al Perú ante el mundo con sus crímenes de lesa humanidad y su corrupción propios de una republiqueta africana y no de un país con la historia y la cultura del nuestro.

| 30 setiembre 2012 12:09 AM | La Primera Palabra | 811 Lecturas
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Quieren imponer a como dé lugar el supuesto de que el exgobernante está grave y que basta con que presenten la solicitud de gracia presidencial, sin pedir el condenado perdón a las víctimas ni manifestar arrepentimiento por las matanzas y otros delitos de los que es responsable, para que el Jefe de Estado le abra las puertas de su cómoda y privilegiada prisión y lo deje libre. Así de fácil.

Contradictorios en su euforia triunfalista, dicen que el indulto es humanitario y no político –lo que pretende impedir que el análisis de tan grave tema excluya consideraciones sobre la gravedad de sus delitos o sobre las implicancias jurídicas- pero al mismo tiempo sus más desembozados exponentes argumentan que el condenado debe salir porque “ya sufrió bastante” y fue supuestamente un gran gobernante, por lo que hay que dejar de lado cualquier consideración ética o legal y simplemente hay que soltarlo.

El problema es que el Perú es un país civilizado, sujeto a leyes y a obligaciones jurídicas internacionales, que deben ser tomadas en cuenta antes de cometer un error que nos sumergiría en la precariedad legal y la marginalidad internacional, algo que ya conocemos gracias a la barbarie de la dictadura de los noventa, por cierto.

Destacados juristas, varios de ellos insospechables de inquina al fujimorismo, han dicho hasta el cansancio que sería posible, pero primero hay que analizar con rigor si lo permiten los seguros legales que impiden el indulto (a secas, o sea el indulto en general, sin excepciones explícitas) para al menos uno de los delitos (secuestro agravado) cometido por el exgobernante.

También hay que analizar profunda y detenidamente si un indulto otorgado por razones políticas –o sea obviando las consideraciones legales, como pretende el fujimorismo- sería avalado por la legalidad internacional a la que el país se ha sometido en forma voluntaria y soberana. Más claro, si no podríamos estar en el banquillo por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declare ilegal la medida. Algo que, desde ya, poco le importa al fujimorismo y sus gonfaloneros más o menos solapados.

Pero sobre todo, el país, y sobre todo el Presidente de la República, deberán contar con informes médicos fehacientes y científicamente solventes, que acrediten el verdadero estado de salud del exdictador. Y solo si sufre una enfermedad terminal –algo que reputados médicos descartan-, si está moribundo –como ha señalado un viejo demócrata aprista- o si el encierro impide que sea tratado- lo que debe descartarse, pues al menor malestar tiene ambulancia y médicos listos para atenderlo.

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