Indignante discriminación

La puesta en vigencia de normas discriminatorias, racistas y represivas contra los inmigrantes, en el Estado norteamericano de Alabama, ha merecido una pronta y justificada condena en América Latina entera y en especial del Parlamento Andino, a través de su vicepresidente, un legislador peruano muy versado en relaciones internacionales.

| 02 octubre 2011 12:10 AM | La Primera Palabra | 1.3k Lecturas
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El repudio tiene un énfasis especial en nuestro país porque en ese Estado hay unos cuatro mil peruanos que corren peligro de ser encarcelados sin garantía alguna y deportados sin miramientos.

Un fallo judicial ha puesto en vigor las citadas normas, que llegan al extremo repudiable de obligar a la policía a que detenga a ciudadanos extranjeros por su aspecto o su manera de hablar, sobre los que la policía tuviera dudas en torno a su situación migratoria.

Una norma de ese tipo, por su contenido racista y discriminador, solo es comparable con las que aplicaban los nazis contra las minorías, y contradice la tradición de libertad y apertura al mundo que proclaman los Estados Unidos y hasta exigen a otros países.

Los detenidos pueden ser encarcelados, sin derecho a fianza, es decir que no podrán salir en libertad condicional, como si fueran delincuentes peligrosos, cuando en realidad son infractores de normas administrativas, que eso son las reglas migratorias, y no delitos penales.

El problema es que el precedente establecido por el dictamen judicial puede determinar que otros estados lo apliquen y que se desate una verdadera cacería de inmigrantes en Estados Unidos.

Una persecución de ese tipo sería una cruel paradoja en un país forjado por gente llegada de otras tierras a buscarse un futuro y al que hoy llegan migrantes que, en su gran mayoría, se dedican a tareas en las que hay déficit de mano de obra; es decir que de ninguna manera disputan plazas de trabajo a los estadounidenses.

La preocupante situación amerita, además de la batalla legal que han iniciado organizaciones norteamericanas de derechos humanos contra las normas discriminatorias y antidemocráticas, una enérgica acción de los cónsules de los países afectados, especialmente de los andinos y latinoamericanos, por ser los más afectados.

También es indispensable que la solidaridad y la defensa de los inmigrantes que dedican sus esfuerzos a la nación estadounidense, sean temas de las relaciones con Washington.

Al respecto, es destacable que el Presidente de la República haya abogado por los inmigrantes en su reciente exposición en la ONU y se haya reunido con inmigrantes peruanos.

La defensa de los migrantes debe ser asumida, además, por bloques regionales como la Comunidad Andina de Naciones y la Unión de Naciones de América del Sur (Unasur), para una acción unida, que por tanto tenga mayor fuerza. La gravedad de la situación así lo exige.


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