Impunidad que indigna

Hubiéramos querido dedicar estas líneas a hablar otra vez sobre los nuevos aires que soplan en el Ejecutivo y que alimentan nuestras esperanzas de que el país ingrese en un camino de paz con justicia y concordia, pero creemos un deber referirnos en cambio a un hecho negativo y a la vez triste e indignante.

| 25 julio 2012 12:07 AM | La Primera Palabra | 954 Lecturas
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Ayer salió de la cárcel, en virtud de la leguleyada de un grupo de jueces que llenan de vergüenza a la justicia, uno de los cabecillas del Grupo Colina, aquel que dio muerte a unos 50 civiles desarmados solo por la sospecha de que eran terroristas. Salió de la prisión entre indignados gritos de “asesino” que trataban de hacer justicia, al menos con la repulsa ciudadana.

Flaco favor le hace la impunidad de los criminales a la democracia, favorecidos por cierta prensa que, fanáticamente, cierra filas contra cualquier causa, por más justa que sea, que tenga la más mínima pizca de progresismo.

Como los criminales de las dictaduras argentina y chilena, el personaje pretende negar que, siendo el jefe directo de los comandos de aniquilamiento que integraban el grupo paramilitar, nada sabía sobre sus crímenes, pese a haberse acreditado que les daba apoyo logístico y económico para sus criminales operaciones.

La excarcelación de un miembro del escuadrón de la muerte no solo enerva y motiva la repulsa de los ciudadanos de bien, sino que avergüenza al país ante el mundo, mostrándonos no como una democracia moderna y consolidada, sino casi en el nivel de alguna republiqueta bananera de mediados de siglo pasado.

Felizmente, el malhadado fallo ha merecido la repulsa de casi todas las fuerzas políticas –salvo el fujimorismo que pretende aprovechar la sentencia que además rebajó las penas del resto de los colinas, para excarcelar también a su líder- y nuestros juristas han demolido el engendro jurídico del tribunal de la impunidad, al punto que varios lo han declarado viable y pasible de anulación.

Ha hecho bien el gobierno, en presentar, a través del viceministro de Justicia, una demanda de amparo contra la sentencia, ante el juez constitucional, acción a la que se sumarán otras medidas legales desde la sociedad civil, incluyendo una denuncia contra los jueces ante el organismo de control de la judicatura, para que este separe a los magistrados que firmaron el fallo.

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