Firmes pero flexibles

El gobierno nacional ha ratificado la decisión de poner freno a la minería ilegal y su secuela de crimen organizado, sin retroceder ante las resistencias que, evidentemente digitadas y manipuladas por los grandes intereses que manejan la ilegal actividad, apuntan a impedir el logro del objetivo fijado por el gobierno.

| 17 marzo 2012 12:03 AM | La Primera Palabra | 1.5k Lecturas
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Es importante que tal determinación haya sido acompañada por medidas que tienden a dar alternativas a quienes trabajan en el sector informal, ajenos a lo que desde ayer es un delito sancionable hasta por diez años de cárcel, la minería ilegal que elude el pago de impuestos, envenena ríos y campos, intoxica y esclaviza seres humanos que someten hasta niveles de esclavitud a quienes por necesidad de subsistencia se dedican a esa actividad.

La flexibilización incluye facilidades para que los informales que operan en zonas autorizadas puedan legalizar sus operaciones, en plazos razonables y con procedimientos simplificados, así como con un fondo de apoyo para el uso de tecnologías apropiadas y que no sean dañinas al entorno.

Es importante resaltar también que el lunes próximo será presentada una gama de oportunidades de incorporarse a la legalidad. Será en Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, y lo hará el Ministerio de Trabajo. También están previstas medidas complementarias que van desde la recuperación de áreas de bosques destruidas por las sustancias tóxicas usadas por los mineros ilegales hasta medidas de lucha contra la pobreza.

Adicionalmente se ha restablecido canales de diálogo para pacificar la región Madre de Dios, sacudida esta semana por graves disturbios que dejaron un doloroso saldo de tres muertos y decenas de policías y civiles heridos.

Complace a este diario lo que parece ser una acción integral y no meramente represiva para poner fin a la minería informal. Algo que habíamos advertido en estas líneas, seguros de que la simple prohibición, sin alternativas de subsistencia para los que viven de la minería ilegal, no era suficiente.

También es necesario que la acción de la ley sea dirigida, como corresponde, a los “capos” de la minería ilegal que han acumulado fortunas explotando a humildes trabajadores y beneficiándose de diversas modalidades de criminalidad propiciada por la minería ilegal, como la explotación sexual de mujeres y niñas.

La gravedad del problema que el gobierno busca resolver ha motivado importantes pronunciamientos de apoyo que reflejan un consenso político y social.


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