Fin de una política nefasta

Uno de los sectores en los que la ciudadanía espera que el nuevo gobierno realice cambios fundamentales es el de energía y minas, por ser clave para el desarrollo y la seguridad nacionales.

| 25 julio 2011 12:07 AM | La Primera Palabra | 500 Lecturas
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Por ello es destacable el análisis que sobre tal sector ha hecho la vicepresidenta de la República y coordinadora de la Comisión de Transferencia por el gobierno entrante, como corolario de un minucioso informe que ilustra la ineficiente política de la administración saliente, que se ha limitado a entregar nuestros recursos mineros a intereses privados fundamentalmente foráneos

Ha dicho una verdad monumental la vicepresidenta, al señalar que el Ejecutivo aún vigente ha entregado a diestra y siniestra concesiones mineras y petroleras. Esa entrega ha despreciado a las comunidades de los territorios afectados, que muchas veces rechazan las actividades extractivas por considerar que afectan al medio ambiente y a actividades fundamentales de subsistencia, como la agricultura y la ganadería, o por no haber sido siquiera consultadas.

Ello ha dado lugar a graves conflictos sociales que constituyen la mayoría de los registrados por la Defensoría del Pueblo, siendo esta una situación que el gobierno entrante se propone enfrentar con el diálogo con las comunidades, principalmente indígenas, y con la consulta previa, cuya ley, aprobada por amplia mayoría, ha sido bloqueada por el gobernante próximo a terminar sus funciones.

La ciudadanía debe acoger con satisfacción que el nuevo gobierno haya ratificado que, en aplicación de esa nueva línea, pondrá fin a la política del “perro del hortelano”, resumida en una proclama autoritaria del todavía presidente, que discrimina y ofende a las comunidades, al rechazar su derecho a decidir sobre el uso de los territorios que moraban sus ancestros desde mucho antes que naciera el Estado peruano.

También ha revalidado la vicepresidenta electa la promesa del nuevo gobierno de poner en marcha una nueva política en el campo energético, en el que se propone lograr que el gas del país sirva al desarrollo nacional y a las necesidades de la población, prioritariamente, antes de ser compulsivamente exportado, en términos por demás inconvenientes para los intereses peruanos.

Completa el esperanzador diseño la determinación de masificar el uso de gas natural mediante la extensión de la red domiciliaria, lo que abaratará el combustible para la población, y de modificar la abusiva modalidad de fijación del precio del gas doméstico, tomando como referencia el precio internacional del gas, algo absurdo que, como en el caso de las concesiones mineras y petroleras, puede tener implicancias venales, teniendo en cuenta la gran corrupción que ha caracterizado al gobierno saliente.


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