Duro con los corruptos

La ciudadanía celebra la reanimación de la lucha contra la corrupción, expresada en medidas concretas y contundentes contra la desvergüenza de los condenados por saquear las arcas del Estado durante la dictadura de los 90 que, por añadidura, se niegan a pagar las deudas que por reparaciones judiciales tienen con el país, es decir con 30 millones de peruanos, según dice atinadamente el procurador Anticorrupción que ha emprendido la tarea con decisión y sin dejarse amedrentar por la grita de los allegados a quien fuera jefe de ese régimen.

| 14 julio 2012 12:07 AM | La Primera Palabra | 811 Lecturas
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Ha hecho bien el defensor de los intereses del Estado peruano en ir más allá de la espera pasiva en la que el país permitió indolente que los corruptos honraran sus deudas, que transfieran u oculten su patrimonio, para alegar insolvencia y no ser objeto de embargos.

Como sucede con cualquier deudor, ante un acreedor que esgrime el derecho de cobrar lo que le corresponde, los corruptos morosos han comenzado a ser investigados y embargados para pagar, y la procuraduría ha anunciado que habrá más embargos y no se salvarán ni los prófugos que disfrutan sus fortunas malolientes en países cuyos gobiernos deberían investigarlas de oficio, sin esperar el pedido que hará el Perú para que lo hagan.

Adicionalmente, el país ha recibido la buena noticia de que está en marcha la recuperación de 15 millones de dólares descubiertos en dos cuentas en las que el brazo derecho y asesor estelar del dictador tenía ocultas en Europa, lo que constituye otro logro digno de encomio. Desde el mismo país se recobrará igualmente 17 millones de dólares que tenía escondidos uno de los secuaces del siniestro asesor.

Ninguno de los corruptos, ni sus herederos políticos ni legales, deberá estar tranquilo pues el país está tras los pasos de la riqueza malhabida que mantienen en las sombras.

En ese contexto, resultan fuera de lugar los histéricos reclamos de los parientes y allegados que alegan “persecución política”, tal vez porque cuando tuvieron el país en sus manos la justicia solo actuaba por órdenes del régimen.

Cobrar lo que los condenados por corrupción le deben al país, muchas veces por montos muy inferiores a lo que le robaron, es absolutamente legal y justo y nada tiene que ver con la política, como lo han señalado con claridad los más altos representantes de la administración de justicia.

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