Diálogo, urgente

El clamor de diálogo hecho público por el Defensor del Pueblo, entre el gobierno, el pueblo de Cajamarca y la empresa minera a cargo del proyecto Conga, cobra dramática actualidad cuando parece haber comenzado la cuenta regresiva de una nueva crisis en esa región peruana, cuya protesta dio lugar en diciembre pasado a una crisis política en el gobierno, sin que se haya conseguido doblegar las resistencias a ese proyecto minero.

Por Diario La Primera | 24 may 2012 |    

El planteamiento del defensor apunta a restablecer el diálogo desde las nuevas exigencias sociales y ambientales planteadas por el gobierno a partir de un peritaje internacional en torno a los recursos hídricos de la citada región, y sugiere que la salida puede estar por la efectivización de esas exigencias, que la empresa norteamericana Newmont, socia principal de Conga, se resiste a aceptar.

Lleva razón el defensor de los derechos ciudadanos, cuando señala que debe evitarse enfrentamientos entre cajamarquinos, que pueden producirse por la decisión de sectores de esa región que han convocado a una marcha a favor de Conga, dos días antes de un paro regional contra el proyecto.

Hay que evitar, ha dicho el autor del llamado, que haya más muertos en conflictos sociales, lo que cobra dramática actualidad cuando los ánimos se están nuevamente exacerbando en la provincia cusqueña de Espinar, donde ya hubo dos heridos y la tensión persiste, siendo posible que haya nuevos incidentes.

El defensor ha recordado que hace ya tiempo que su despacho, la Iglesia Católica y la Asociación de Gobiernos Regionales, han ofrecido propiciar el diálogo en Cajamarca y mediar en el conflicto.

Harían bien las partes en escucharlos, pues ha quedado demostrado que las exclusiones y las imposiciones no han servido para doblegar a la otra parte ni han aportado soluciones al grave problema.

Es tiempo, pues, de un desarme inteligente, que no significa de ninguna manera pérdida de autoridad ni renuncia a las posiciones que cada parte sustenta. Hemos dicho reiteradamente que el pasado gobierno, que dejó un rastro de cadáveres, nos dio una triste lección que no debe repetirse.

Sobre todo porque ya deberíamos entender, gobernantes y gobernados, que la fuerza no ayuda a solucionar los problemas, sino que distancia y deja resentimientos que difícilmente se superan y, peor aún, debilitan la democracia, que todos tenemos la obligación de defender.


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