Consulta y justicia

El Congreso le ha dado una enorme satisfacción al país, al tomar la histórica decisión de aprobar con ejemplar celeridad la Ley de Consulta Previa, por unanimidad y sin oposición, más allá de tímidas objeciones que no fueron para más y no impidieron que los 113 legisladores presentes aprobaran la norma anhelada y exigida por los indígenas que vieron coronada una lucha de años que costó mucho dolor y muchas lágrimas.

| 24 agosto 2011 12:08 AM | La Primera Palabra | 765 Lecturas
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Fue el pago de una deuda que el país y sobre todo su clase política tenían con los pueblos amazónicos y andinos, cuyo derecho a ser consultados sobre las decisiones económicas y administrativas que afecten su ambiente y su identidad, era ignorado en forma ignominiosa.

Ese derecho fue atropellado por el anterior gobierno y en particular por el pasado presidente y su política del “perro del hortelano”, según la cual los nativos eran solo obstáculo para las inversiones, es decir para la entrega de sus tierras a grandes capitales sobre todo extranjeros.

Tal situación encontró, como es lógico, la reacción de los pueblos nativos en defensa de su entorno, una resistencia que aquel régimen intentó criminalizar y sofocar por la fuerza, con un luctuoso saldo que permanece impune y cuyos responsables deberían ser sancionados.

Fue entre aplausos plenos de peruanidad y solidaridad que los legisladores aprobaron la ley, con justa satisfacción por un logro que los reconcilia con la ciudadanía. Fue especial la satisfacción de aquellos congresistas que en el pasado gobierno lucharon por la Ley y denunciaron el veto del entonces presidente que, con arrogancia, la frenó contra la voluntad democrática de diversas fuerzas y de la sociedad civil.

Ellos habían dicho que lo primero que haría el nuevo Congreso, con otra correlación de fuerzas, sería aprobar la Ley de Consulta. Y cumplieron, reconciliando también al Perú con la comunidad internacional, que en forma constante le reclamaba honrar el compromiso de haber firmado la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que lo obligaba a reconocer el derecho de los indígenas a la consulta previa.

Al incumplir esa obligación internacional, que tiene rango constitucional, el Perú iba camino de convertirse en un paria internacional, carente de credibilidad en sus relaciones internacionales y pasible incluso de sanciones y aislamiento, camino por el que lo llevaba una política de desenfrenado neoliberalismo.

Voces aisladas han querido insistir en que la nueva norma desalentará las inversiones mineras y petroleras. Por el contrario, estas tienen que entender que tendrán mayor estabilidad porque, con la consulta previa, no llegarán a un ambiente hostil ni estarán, como ha ocurrido en los últimos años, en medio de conflictos sociales.

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