Comprar un congresista

El título puede sonar excesivo para la majestad del Congreso de la República y, sobre todo, para aquellos de sus integrantes que se dedican a trabajar con honestidad y eficiencia para cumplir el mandato de sus electores.

| 14 abril 2012 12:04 AM | La Primera Palabra | 4.4k Lecturas
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Pero, lamentablemente, hemos vivido, y sufrido, casos de transfuguismo y otras conductas deshonestas de quienes de ninguna manera merecen el título de padres de la Patria, por haber sometido sus principios a intereses, casi siempre económicos, frecuentemente a cambio de estímulos nada santos.

Lo grave y lo que motiva estas línea, es el insólito fallo de la Comisión de Ética que, con tecnicismos leguleyescos, ha emitido recientemente un dictamen que autoriza la entrega de dinero o de recursos para la campaña de un parlamentario reeleccionista.

La referida comisión, atentando contra su razón de ser –cautelar la ética parlamentaria- ha dado luz verde a la compra de la independencia de los congresistas y a la posibilidad de ponerlos al servicio de los intereses del aportante, que podría considerarse inversionista, como se denomina a quien invierte recursos para obtener alguna utilidad.

Alega el presidente de la citada comisión que en el asunto prevalecen el derecho del parlamentario como candidato, a recibir aportes –algo en lo que la ley debería ser menos permisiva, en vez de solo requerir el informe de los financiamientos- para su campaña electoral.

Pretende que tal derecho está por encima de sus obligaciones como congresista, en concreto por encima de la norma que impide a los legisladores recibir cualquier tipo de donaciones, por la importancia de sus funciones y los intereses que las acechan.

Es triste, por decir lo menos, que tal artificio tinterillesco haya servido para dejar impunes a un grupo de parlamentarios que recibieron fondos para sus campañas electorales, de una fundación financiada por empresas mineras y que, en los hechos, se hayan constituido en una “bancada minera”.

No puede usarse otro término para calificar a ese grupo, pues casi a diario, en forma consistente, defienden los intereses empresariales mineros, seguramente por convicción, pero también como si estuvieran pagando la cuenta por el financiamiento recibido.

Y lo peor de todo es que, en adelante, cualquier grupo de interés económico, inclusive turbio, podrá, “legalmente”, comprar sin problemas el apoyo de un congresista, dándole dinero para su reelección, o inclusive prometiéndole financiamiento, pues según el deplorable razonamiento de la Comisión de Ética, el legislador comprado simplemente estará ejerciendo su derecho a recibir aportes de campaña.


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