Clamor de justicia

La cifra definitiva de 191 muertes causadas por la represión durante los cinco años del gobierno aprista, es decir un promedio de un muerto cada diez días, indigna a la ciudadanía que la considera indudable consecuencia, tanto de la violencia lanzada por aquella administración contra las protestas sociales, como de la irresponsable y criminal política de no prever y menos solucionar a tiempo los conflictos sociales.

| 30 agosto 2011 12:08 AM | La Primera Palabra | 804 Lecturas
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Semejante mortandad, que daña la imagen del Perú ante el mundo, fue además consecuencia del empecinamiento del pasado gobernante en su política neoliberal a ultranza y entregada a los poderes y capitales foráneos, frente al creciente rechazo social, expresado a la postre en la magra votación que su partido alcanzó en las últimas elecciones.

Un dirigente de ese partido ha alegado que exageran quienes con dolor e indignación señalan a aquel gobernante como responsable de las muertes que enlutaron a los pueblos del Perú, y ha sostenido que no todas esas muertes se pueden imputar a aquel régimen, para lo cual reeditó los argumentos oficiales que en no pocos casos pretendieron culpar a los manifestantes de las consecuencias de la represión de protestas sociales.

Casi con cinismo, el personaje ha alegado que los conflictos sociales persisten y que, por tanto, habrá muertes también bajo el actual gobierno, aunque, para satisfacción de la ciudadanía, el ministro del Ambiente ha dicho que hay que ponerle también una lápida a esa política y que no debe haber ninguna muerte más en adelante, porque deberán evitarse con el diálogo y la prevención, junto a la vigencia de la Ley de Consulta Previa.

Pero no es suficiente dar una vuelta de página y que en adelante no haya más víctimas de la violencia represiva, como parte del cambio que estamos viviendo desde el 28 de julio. Los caídos, sus familiares y la ciudadanía de bien demandan que también se haga justicia y que paguen sus culpas los responsables de la pérdida de 191 vidas de hombres, mujeres y hasta niños.

La responsabilidad política indudable del anterior gobernante ha sido señalada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Tal responsabilidad se agrava con el hecho de que, más de una vez, con la arrogancia y la intolerancia que caracterizó a su administración, criminalizó la protesta social, tratando como delincuentes a quienes se veían obligados a salir a las calles y caminos por no ser atendidos sus reclamos.

Además, azuzó a policías y militares para que actúen en forma implacable contra los manifestantes y hasta dictó normas para que usaran sus armas prácticamente a discreción, exonerándolos de responsabilidad penal; a lo que hay que agregar la impunidad de las muertes, pues no ha habido sanción y quienes sufrieron cárcel y maltratos fueron los dirigentes sociales.


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