Caso cerrado

Satisfacción democrática general ha causado entre los peruanos partidarios de la justicia y contrarios a la impunidad, la virtual ratificación de la condena de 25 años de cárcel impuesta al expresidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad, una sentencia que su defensa intentaba echar abajo con una argucia legal, con el objetivo, jurídicamente absurdo, de dejar sin efecto una sentencia ejecutoriada y ajustada a la legalidad; impecable e irrevisable.

| 14 agosto 2011 12:08 AM | La Primera Palabra | 777 Lecturas
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Uno de esos expertos ha señalado que el hábeas corpus rechazado por el Tribunal Constitucional por el desconocimiento de un supuesto derecho de revisión de la sentencia ha echado abajo la primera y esencial pieza de la estrategia leguleyesca emprendida para obtener la impunidad del preso de la Diroes.

Con ese fracaso, ha dicho, caen como castillo de naipes las demás piezas de esa estrategia y se fortalece la condena con la que culminó un proceso considerado ejemplar y referente por los juristas del mundo, lo que ha dado lugar a elogios y distinciones para el presidente del tribunal que dictó la sentencia y actual titular del Poder Judicial.

Más aún, un exprocurador especializado en la lucha contra la corrupción ha dicho que la decisión del Tribunal Constitucional ha confirmado en forma ya irrebatible que el juicio al exgobernante y la sentencia a 25 años de cárcel son absolutamente inobjetables, por lo que serán inútiles nuevas argucias judiciales que pretenda intentar la defensa del exgobernante. El dictamen, ha subrayado, ha ratificado la plena legalidad de la condena y la seguridad de que en el juicio hubo respeto al debido proceso.

Por ello, dicen los juristas, la sentencia debe ser definitiva y no debe atenderse más recursos legales que, evidentemente, apuntan a echar abajo el proceso y sus resultados adversos al reo, con miras a buscar que los crímenes por los que fue condenado queden impunes, lo que resulta a todas luces inadmisible.

Harían bien las distintas instancias del Poder Judicial en cautelar la vigencia de una sentencia absolutamente legal y abstenerse por lo tanto de acceder a nuevos recursos, como los que ya anuncian sus familiares y seguidores, que han dicho que se reservan para el final el recurso del indulto, que ha perdido fuerza con la derrota de las huestes fujimoristas en las recientes elecciones.

Esa posibilidad es rechazada por los deudos de las víctimas, a los que nadie puede convencer, por más razones que se argumente, de que haya otra alternativa que no sea el cumplimiento estricto de lo que ha dictado la justicia en un fallo impecable y absolutamente ceñido a la legalidad violada por quienes acabaron con vidas de peruanos, quienes ordenaron los crímenes y quienes los propiciaron y permitieron.

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