Alguien tiene que pagar

El video que registraría las voces de un policía que da indicaciones para matar a una manifestante durante los hechos de violencia de Juliaca, debe servir para un esclarecimiento pleno de los sangrientos sucesos que causaron la muerte de seis peruanos, víctimas sobre todo de la incapacidad gubernamental para dar soluciones efectivas y oportunas a los conflictos sociales, aunque también de la actuación de elementos violentistas infiltrados en las protestas, según diversos testimonios.

Por Diario La Primera | 28 jun 2011 |    

Esa práctica ha llevado al país, en el negro quinquenio que termina, a la macabra rutina del agravamiento de los conflictos hasta llegar a la violencia y la muerte, tras las cuales, recién, el gobierno ha terminado adoptando decisiones que debió haber tomado con mayor oportunidad, para ahorarle dolor y lágrimas al pueblo y a la Patria.

La seguridad y casi naturalidad con la que la voz de un policía dispone dar muerte a una manifestante, con frases irreproducibles, amerita una verificación de la autenticidad de la grabación, la identificación de sus protagonistas y una investigación minuciosa, que llegue a todos los niveles de responsabilidad.

Ese lenguaje de la muerte, esa convicción para dar órdenes de matar, aparentemente solo podrían producirse sobre la base de órdenes superiores, transmitidas por una cadena de mando que podría llegar hasta el presidente de la República, en este caso un político que tiene en su haber similares situaciones extremas en las que se le acusa de haber ordenado matar en forma irreflexiva, en casos pendientes de esclarecimiento.

La matanza de los penales de su primer gobierno, que sigue en la impunidad, y la tragedia del baguazo, para muchos expertos en seguridad, tendrían su origen en una orden del más alto nivel, sin la cual los ejecutores y sus jefes no se hubieran atrevido a actuar, por la grave responsabilidad que ello conlleva.

Es posible que la impunidad de los gobernantes sea facilitada por las normas legales de criminalización de las protestas dictadas bajo la presente administración, así como otras que, bajo el pretexto de reglamentar al uso de la fuerza diluyen las responsabilidades en el uso de las armas y sus consecuencias en situaciones de conmoción, han contribuido a que terminemos el quinquenio con 94 muertos en protestas sociales.

De cualquier manera, amerita una investigación, no solo de los sucesos de Puno y Huancavelica, sino también de las demás muertes impunes, de las que el político tradicional que nos gobierna ha pretendido siempre culpar a los manifestantes, eludiendo sus responsabilidades.

El imperio de la impunidad ha permitido que ninguna de esas 94 muertes haya tenido castigo, y no deben quedar impunes con el fin del gobierno. Por el contrario, el ingreso a una administración de diferente signo debe ser también el inicio de un tiempo nuevo, en el que nadie pueda disponer de las vidas de los peruanos sin que la justicia lo sancione como corresponde.

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