Actitud negativa

La empresa minera que protagoniza el conflicto de Cajamarca parece haber dejado atrás muy rápidamente la posición autocrítica que asumió al anunciar la suspensión del proyecto Conga y reconocer la necesidad de ganarse la confianza de la población, para muchos el factor que ha desencadenado la crisis.

| 02 diciembre 2011 12:12 AM | La Primera Palabra | 1.8k Lecturas
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Apenas dos días después de aquel anuncio, uno de los principales ejecutivos del proyecto Conga mantuvo una actitud muy diferente, alegando que su empresa ha tenido un comportamiento poco menos que ejemplar e irreprochable en esa región norteña, como si no fuera harto conocida la cadena de abusos y atropellos que tanto dolor y resentimiento ha sembrado en esas tierras la empresa.

Lejos de contribuir con humildad y autocrítica a la solución del conflicto, el acaudalado empresario pretendió cargar las culpas al Estado, al afirmar que es este el que no tiene la confianza de la población y el que no ha cumplido con comunicar adecuadamente el tema para evitar las resistencias sociales que determinaron la paralización del polémico proyecto que, para el sentir de los cajamarquinos, amenazaba los recursos hídricos que la región necesita para su desarrollo y supervivencia.

Por si fuera poco, sostiene que el problema es solamente político y se reduce a un conflicto entre el gobierno nacional y el regional, un lío en el que la empresa es supuestamente ajena.

El ejecutivo de marras pretende con su actitud negar que la reacción de los cajamarquinos contra el proyecto Conga se debe principalmente a la experiencia vivida con una empresa que -no pocas veces amparada por el poder de la corrupción y el abuso de la dictadura de los noventa y el régimen terminado en julio último-, ha arrasado con los derechos de los cajamarquinos.

Para ello ha usado –y lo sigue haciendo- agentes mediáticos que la sirven por motivos nada altruistas y que manipulan hechos y procesos sociales en función de los intereses empresariales.

A esas armas vuelve a apelar el personaje, al sostener, con evidente tono de chantaje, que el freno del proyecto Conga afectaría supuestamente a cinco millones de peruanos, es decir los afiliados a las AFP de las que Yanacocha es dueña en un 12 por ciento.

Puso también en duda la sinceridad de su compromiso de discutir el estudio de impacto ambiental y su renuencia al consenso, al dar a entender que ese estudio puede ser modificado, pero no sometido al consenso social.

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