Un crimen horrendo

Resulta alentador que celebremos hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, iluminados por la esperanza en que se haga justicia y se castigue, como es debido, a los responsables del programa de esterilizaciones masivas de la dictadura de los años 90, que fue una de las formas más abyectas de violencia contra las mujeres y que afrentó su dignidad y su derecho de ser madres.

| 25 noviembre 2012 12:11 AM | La Primera Palabra | 680 Lecturas
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El anuncio de que el Ministerio Público ha decidido reabrir el caso no es, como pretende presentarlo, con arrogancia e irrespeto, uno de los principales investigados, lugarteniente del exdictador y quien fuera su ministro de Salud, juzgarlo dos veces por el mismo delito, ni una maniobra política de los enemigos del fujimorismo, sino la aplicación estricta de la juridicidad internacional que el Perú se ha comprometido a respetar, como nación civilizada que busca ser tras la negra noche dictatorial.

El caso se reabre en cumplimiento de una recomendación (advertencia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que impugnó la decisión del Ministerio Público de archivar el caso, lo que no correspondía porque los casos de esterilización mediante el programa fujimorista habían sido ya tipificados como crímenes de lesa humanidad, y este tipo de crímenes no pueden dejarse en el olvido, por más costosos abogados y más triquiñuelas leguleyescas que se intenten.

Las investigaciones del caso han evidenciado que el programa de esterilizaciones de la dictadura era compulsivo, pues a los encargados se les fijaba una cuota ligada al cobro de bonos por su trabajo, incentivo acompañado de la obvia amenaza de perder el empleo.

Eran hechas además con engaño, según numerosos testimonios de mujeres que fueron a operarse de otra cosa y terminaron esterilizadas sin saberlo o a las que simplemente las pusieron a dormir en un chequeo o que fueron incluso intimidadas para cercenarse la función reproductiva, sublime misión sobre la que cada mujer tiene derecho a decidir.

Fue además una operación discriminadora, racista y hasta genocida, pues focalizó su devastación en las mujeres pobres, altoandinas e indígenas, abusando de su pobreza, su ignorancia y su desamparo.

Lamentablemente, como ha ocurrido en los juicios al exdictador y a algunos de sus secuaces –la mayoría sigue impune- el afán de justicia de las mujeres y la sociedad peruana tendrá seguramente que enfrentar a las rabonas mediáticas añorantes de la dictadura, que buscarán la impunidad con campañas basadas en la manipulación y la mentira; lo que no deben permitir los ciudadanos de bien, hombres y mujeres.


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