Alcaldes corruptos recibirían condenas

Alcaldes de diversos lugares de la capital así como del interior del país que cometieron delitos de malversación de fondos, estafa y asociación ilícita para delinquir, entre otros, en agravio del Estado y muchos de los cuales han sido denunciados penalmente ante la Fiscalía anti corrupción y el Poder Judicial y otros revocados en la ultima consulta popular del JNE, podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel.

Por Diario La Primera | 30 diciembre 2008 |  2.6k 
Alcaldes corruptos recibirían condenas
Juan Mosquera tiene pruebas contra el alcalde de Carabayllo.
Burgomaestres que delinquieron durante el 2008 podrían ser sentenciados hasta por 20 años.

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DETALLE

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Trujillo, Óscar Valencia, confirmó la revocatoria de autoridades ediles en cinco localidades del departamento de La Libertad tras  la consulta popular de revocatorias. Precisó que el alcalde de Julcán, Diner Valdivieso, fue revocado. En Pacasmayo, se revocó a los regidores. Los alcaldes revocados permanecerán en sus cargos hasta el fin de año y luego JNE a través de sus sedes descentralizadas, convocará a nuevos comicios a fin de renovar la confianza a otras personas, explicó.
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La denuncia del Presidente de las Juntas Vecinales Anticorrupción de Carabayllo, Juan Mosquera Zavala, señala con pruebas que el caso más patético lo protagoniza el controvertido alcalde de ese distrito, Miguel Ríos Zarzosa, denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por una serie de delitos. Podría recibir penas de hasta los 20 años de cárcel.

LA PRIMERA tuvo acceso a la información que revela que el dos de diciembre el Ministerio Público recibió dos denuncias contra el polémico Miguel Ríos, por usurpar clandestinamente un terreno de 107 hectáreas ubicado en el kilómetro 32.500 de la carretera Lima-Canta, provincia de Huarochiri, invadido violentamente por sujetos con arma de fuego.

El funcionario edil simuló un contrato para explotación ilegal de agregados en el terreno de 60 hectáreas a favor de la empresa Constructora M&R SAC, de propiedad del cuestionado Miguel Ríos, utilizando personal y cargadores frontales del municipio para la ilegal explotación de estas tierras en las que funciona su empresa chancadora.

Otra parte de la denuncia revela la ilegal compra de un camión que no consigna el número de placa, motor, tonelaje y otros datos imprescindibles que no se pueden obviar en una adquisición formal. Dicho vehículo fue “vendido” en dos oportunidades al municipio con diferentes montos, siendo la primera “vendedora” una humilde madre de familia que se gana la vida vendiendo papas rellenas en la puerta de la municipalidad del lugar.

César Ascues Uribe
Redacción
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