Un Consejo bajo sospecha

Al muy criticado baloteo a la ex jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción, Carolina Lizárraga y al bloqueo de la postulación del abogado invidente Edwin Béjar a una plaza de fiscal provincial de Cusco, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) suma ahora nuevas denuncias de parcialidad y favores que parecen ponerlo en crisis, a pocos meses del proceso de renovación de consejeros.

| 08 octubre 2009 12:10 AM | Informe Especial | 1.8k Lecturas
Un Consejo bajo sospecha
(1) Sigue sin proveer de jueces probos y capacitados al Poder Judicial y al Ministerio Público. (2) Carlos Manrique, todavía despacha pese a que no ha sido ratificado. (3) Poderoso presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Vega, (4) Profesionales inconformes con proyecto del Gobierno.

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DETALLE

En los próximos meses debe haber cambios en la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura y podría hasta aumentar el número de consejeros, pues el Instituto de Defensa Legal está proponiendo la integración de representantes, por lo menos, de los trabajadores y los empresarios.
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El CNM fue creado con la expresa finalidad de seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales de todo nivel, por lo tanto es una entidad que se encuentra sometida sólo a la Constitución y a su propia ley. Pero su actuación de los últimos tiempos ha decepcionado a muchos y ha despertado sospechas sobre parcialidad y favoritismo, muchas veces relacionado con patrocinados y protegidos con los aliados, el APRA y el fujimorismo.

El CNM aún no pone el punto final al conocido caso del juez Carlos Manrique quien aunque finalmente no fue ratificado, hasta ahora sigue despachando en la Tercera Sala Anticorrupción porque no ha publicado la resolución que lo notifica oficialmente de la decisión del colegiado, a pesar que está lista y firmada por los consejeros. Para validar esta situación, el CNM agregó el lunes 5 una nota al pie en la que advierte esta situación.

En los próximos días la Tercera Sala Anticorrupción tendrá que emitir su fallo respecto de la detención domiciliaria de Alberto “Don Bieto” Químper, el segundo implicado de los Petroaudios, quien junto a Rómulo León Alegría, protagonizó los “petroaudios” en los que ambos celebraban hace poco más de un año el gran “faenón” que habían realizado adjudicando a Discover Petroleum cinco lotes para exploración petrolera.

Este diario y otros han demostrado como “Don Bieto” evade la vigilancia policial en las afueras de su domicilio y asiste a eventos públicos, sin embargo el juez Jorge Barreto dispuso hace poco que continúe bajo el mismo régimen, lo que motivó que la fiscal Juana Meza apele la decisión y pida el encarcelamiento de Químper en un penal. Esto es lo que deberá resolver en breve la Tercera Sala Anticorrupción, en la que César Vega, presidente de la Corte Superior de Lima persiste en mantener a Carlos Manrique, a pesar de ser pública su no ratificación por el CNM.

A este respecto la abogada del Instituto de Defensa Legal, Cruz Silva, exhorta a los magistrados a agilizar la respectiva resolución y no despertar sospechas sobre las razones de la demora, y no crear una “ficción jurídica” respecto de un magistrado que ya no debe seguir aplicando justicia.

Se trata simplemente de que los miembros del CNM cumplan con su Reglamento de Evaluación y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Publico, que dice en su articulo 33º que la resolución de no ratificación será notificada “mediante comunicación escrita y personal, por intermedio del Presidente de la Corte Suprema de la Republica o el Fiscal de la Nación, en el día y bajo responsabilidad”. Además que la misma norma establece que en caso el Recurso Extraordinario sea desestimado, “la Resolución de No Ratificación se ejecuta de inmediato”.

En las líneas siguientes, algunos casos más en los que el CNM ha emitido resoluciones criticadas, que son recientes, sin contar la resolución en que revocó la destitución del magistrado Ángel Romero Díaz como presidente de la Corte Superior de Lima, vulnerand o sus propias normas internas, como afirmó en su oportunidad el consejero Aníbal Torres Vásquez.

Cobra cupo y no pasa nada
Otro caso controvertido ha sido el del fiscal superior titular de Puno, Manuel Torres, cuya destitución pidió la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, por “inconducta deshonrosa” pues fue denunciado por haber cobrado dinero a un trabajador del Ministerio Público para renovarle su contrato.

En el expediente 185-2009-PCNM del 31 de agosto pasado, el CNM decidió por mayoría simple que los hechos denunciados por el Órgano de Control Interno del Ministerio Público “no ameritan aplicar la sanción de destitución al doctor Manuel Torres Quispe, sino una menor que compete imponer al Ministerio Público”. Firmaron esta resolución los consejeros Edwin Vegas, Francisco Delgado De la Flor, Efraín Anaya y Edmundo Peláez.

Sin embargo, de la misma investigación, los consejeros Carlos Mansilla, Anibal Torres y Maximiliano Cárdenas sostienen que “el magistrado procesado ha observado una conducta deshonrosa y abusiva, alejada de su deber de defender la legalidad y velar por la recta administración de justicia, al cuestionar no sólo las decisiones legítimas adoptadas por la Gerencia Central de Logística de Lima, sino condicionando la vigencia del contrato de trabajo del chofer Osber Zapana Sullo al pago de una ventaja económica, aprovechándose indebidamente del poder que confiere el cargo, atentando no sólo contra la imagen del cargo que ostenta, sino el de la institución que representa”.

Por estas razones votaron porque “se acepte el pedido de destitución” del citado magistrado.

Cuñado presidente
Otro caso que pone en cuestión al CNM es el del fiscal superior Martín Retamozo Roca, quien hasta hace poco fue titular de la Tercera Fiscalía Superior Anticorrupción y que vio el caso de Rómulo León, entre otros. Resulta que este magistrado se presentó a los procesos de ratificación de 2001 y 2002, en los que sacó notas desaprobatorias de 46.45 (2001) Y 41.63 (2002) y, aunque tampoco es autor de libros de doctrina jurídica, ni tiene títulos de maestría ni doctorado –requisito establecidos-, fue ratificado por el CNM en 2002 como fiscal superior.

La pregunta entonces cae por su propio peso, ¿por qué fue ratificado Retamozo si no aprobó el examen del CNM y tampoco tenía currículo académico suficiente para el alto cargo de fiscal superior? Una de las respuestas podría ser que el presidente del CNM en ese entonces, Daniel Caballero, es cuñado de Retamozo.

De acuerdo a informes del Ministerio Público, el fiscal Retamozo fue denunciado por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad en enero de 2007 y por presentar “documentación falsa en su legajo personal consistente en un Certificado de Estudios de Informática y Computación” emitido por el Instituto Superior “José Luis Bustamante y Rivero”, de propiedad de su hermano Daniel. Por todos estos indicios la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público le inició una investigación en abril de este año.

De acuerdo a fuentes de la fiscalía Retamozo tendría que ser nuevamente evaluado este año en el CNM, ahora sin que su cuñado Daniel Caballero presida el consejo.

Más democracia en conformación de CNM
El Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley 3395-2009-PE que pretende modificar el método de elección del Consejo Nacional de la Magistratura. La iniciativa ya cuenta con la aprobación de las comisiones de Constitución y Justicia, a pesar que varios colegios profesionales han emitido opinión contra esta iniciativa.

Así, para el consejo directivo del Colegio de Abogados de Lima “el proyecto no sólo es cuestionable constitucionalmente, sino que configura una limitación de la participación democrática en los gremios profesionales”, porque la nueva ley permitiría que los nuevos consejeros “ya no sean elegidos por voto universal de los miembros de los Colegios de Abogados”, tal como hasta ahora ha ocurrido.

También el Colegio de Profesores lo califica de inconstitucional, “además de ser regresivo y restrictivo en materia de participación de la sociedad civil en la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura”, en una carta enviada a la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Mercedes Cabanillas, la misma que hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta.

El consejero Maximiliano Cárdenas, en misiva enviada a Rolando Souza, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, considera “inconstitucional y un retroceso en la construcción de la institucionalidad democrática del país”. Y anota que la propia Carta ordena “que la elección de los representantes de los Colegios, tanto de abogados como de no abogados, está a cargo de los miembros de los colegios y no de los decanos.”

De la misma manera, el Instituto de Defensa Legal opina que el proyecto es “inconstitucional porque vulnera derechos y principios de la interpretación constitucional, además de tener una fundamentación que no es coherente con los derechos que señala proteger”.

El IDL también propone aumentar el número de consejeros, tal vez con la participación de representantes de los trabajadores y los empresarios, como dice Cruz Silva. “A más personas, menos capacidad de control. Esto haría más difícil que existan contubernios e injerencia política”, apuntó.

Susana Grados Díaz
Redacción


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