Un aeropuerto secuestrado

Hemos discutido en esta serie las inversiones realmente realizadas por LAP, el monto de sus ingresos y utilidades, y lo que el país ha dejado de percibir como resultado de la concesión del aeropuerto Jorge Chávez. Ahora nos toca ver más directamente la lista de afectados por el manejo este proceso.

| 13 agosto 2009 12:08 AM | Informe Especial | 2k Lecturas
Un aeropuerto secuestrado
(1) Millones de personas realizan viajes por avión y pagan abusivas tarifas a LAP. (2) El sistema de concesión de tiendas y servicios es otra fuente de utilidades. (3) El sistema de protocolo en el aeropuerto siempre fue del Estado.
La negra historia de LAP-IV

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Dejamos que los lectores se pregunten si los políticos que han actuado a favor de la concesión, lo hicieron por algo más que afirmar algunas concepciones privatistas
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Si hubiera que establecer la relación de empresas y personas que han ensanchado sus carteras con la administración privada de nuestro primer aeropuerto, tendríamos algunas respuestas obvias y otras que más bien habría que considerar en el casillero de las sospechas. Empecemos por lo primero:

a) Aeropuerto de Frankfurt, luego de prestar su nombre para la licitación se retiro del consorcio, dejando como reemplazo a una persona jurídica (Fraport AG) que no cumple otra función que responder por sus utilidades, lo que se puede definir como una actividad meramente rentista.

b) Cosapi SA, que tenía el 14% de la concesión y lo transfirió a Bechtel, a cambio del derecho de ser quien contrata en nombre de LAP el conjunto de obras de ingeniería. Hasta donde se sabe, esta posición ha ayudado significativamente a sacar a la empresa peruana de la negativa situación económico-financiera en que se encontraba al comienzo de la presente década.

c) Alterra Partners, filial de Bechtel, especializada en administración de aeropuertos concesionados, cuya “especialización” la logra precisamente en el Perú, para venderla en el mundo donde ahora muestra una “gran experiencia” en el negocio. La participación de Alterra llega al 57% de LAP, lo que determina que escoja a los gerentes y principales funcionarios.

d) Café Britt: empresa comercial que ha desbordado su finalidad original (distribución de café costarricense), para multiplicarse como proveedora exclusiva de diversos productos de aeropuerto: libros, revistas, periódicos, música, dulcería, artesanía (“artesanía peruana”, mandada a producir industrialmente a China) y otros, con tres locales en los dos espigones y en la zona Plaza.

e) Ilaria: empresa de venta de productos de plata de propiedad de una ciudadana italiana a la que se le vincula con Eliane Karp y que se hizo de la exclusividad del negocio de joyería.

f) Manacaru: de propiedad de Germán de la Fuente, afortunado suegro del ex ministro Raúl Diez Canseco, para el cual su yerno sacó una ley especial que exceptuaba de pago de IGV (y de la deuda por este concepto) a los restaurantes en zona internacional de los aeropuertos (el único era del señor de la Fuente).

g) Taxi Verde: compañía que tiene la exclusividad de este servicio dentro del aeropuerto (los policías persiguen a otros taxistas, atentando contra su derecho al trabajo y a la libre competencia). A resultas de esto un taxi a Miraflores cuesta 45 soles y uno a Jesús María 35.

h) Los Portales: empresa del grupo Romero que administra la playa de estacionamiento.

i) Hotel Ramada: de propiedad de la familia chiclayana Mustafá, que ha hecho una asociación con LAP para gestionar un hotel de personas en tránsito, construido robándole espacio a la playa de estacionamiento y violando diversas normas de seguridad.

j) Estudio Ugaz: de los abogados José Ugaz, Luis Vargas Valdivia y otros, que se supone que persiguieron en algún momento a la corrupción fujimorista, y se mantuvieron como abogados de algunas de las empresas más comprometidas en la corrupción (como LAP), prestándoles su prestigio e influencia.

Hasta aquí una relación preliminar. Dejamos que los lectores se pregunten si los políticos que han actuado en diversos niveles a favor de la concesión del Jorge Chávez lo hicieron por algo más que afirmar algunas concepciones privatistas. Nos referimos por lo menos a los ministros de Economía que estuvieron en la salsa: Boloña, Silva Ruete, Kukczynsky; a los ministros de Transportes Pandolfi y Ortega; a los funcionarios de Copri, Corpac, Ositran, la Contraloría y miembros de la Comisión Especial del Congreso que participaron de las graves irregularidades cometidas o las dejaron sin ninguna sanción o denuncia.

Los afectados
Pero hay otra lista, llamémosla del daño, que incluye a los que han sufrido agravios a consecuencia del pésimo diseño de la concesión. Mencionemos algunos de ellos:

a) Usuarios nacionales y extranjeros del aeropuerto Jorge Chávez: Perjudicados por el incremento de las tarifas de embarque, que han sido aumentadas en tramos sucesivos y son las más altas del país y están entre las mayores del mundo. Se trata de un impuesto (no se cobra por un servicio específico que tenga ese valor), a cargo de un privado, que entrega un porcentaje del mismo como regalía al Estado.

b) Líneas aéreas nacionales y extranjeras: que también están afectadas por tarifas de descenso y despegue muy superiores a las de aeropuertos equivalentes y que se trasladan al final al precio de los pasajes. Igual ocurre con el uso de las mangas, que algunas compañías no quieren emplear por resultar muy oneroso.

c) Exhibidores que eran concesionarios originales del aeropuerto, es decir que tenían contratos vigentes para la venta de productos y servicios al momento de la concesión, que LAP no respetó, especialmente desde el momento en que terminó la refacción de las instalaciones: entre ellos se cuentan la joyería más tradicional de Lima, la librería con mayor especialización en aeropuertos (sigue en Arequipa y Cusco), las tiendas de venta de artesanías, los puestos de periódicos, las agencias de turismo y hoteles, etc. Algunos fueron tratados de muy mala manera, lo que dio lugar a acciones judiciales.

d) Artesanos peruanos: que han sido afectados en su derecho a presentar los productos típicos del Perú, hostilizados para retirar sus espacios de exhibición y sustituidos por una empresa extranjera que compra “motivos peruanos” mandados a hacer al extranjero, para sorprender a los turistas extranjeros.

e) Taxistas de empresas constituidas y trabajadores libres: que no pueden operar en un mercado libre, ya que luego de entrar al aeropuerto por la llamada “vía libre”, son obligados a retirarse sin poder recoger pasajeros, bajo amenaza de ser multados por la policía.

f) Funcionarios públicos: que deben cumplir responsabilidades de control y que tienen que someterse a los sistemas de LAP que argumenta estar a cargo de una “zona internacional”, donde se limita la vigencia de las leyes peruanas. El problema afecta a la policía antidrogas, agentes de aduana, fiscales de prevención del delito, jueces, etc. También el cuerpo diplomático sufrió en un determinado momento restricciones de protocolo, que LAP tuvo que enmendar porque no habían sido consideradas en el Contrato.

La cuestión es hacer la suma de los beneficiados y se verá que son algunas decenas, quizás cientos si se incluyen personas contratadas, mientras que los agraviados representan muchos miles, millones si se cuenta el número de vuelos anuales. Es el concepto de que los grandes negocios se hacen a costa de los demás.

Sin Protocolo
Los funcionarios fujimoristas que hicieron las bases de la concesión del aeropuerto Jorge Chávez, cometieron la barbaridad de ceder este servicio aeroportuario oficial a la empresa privada que ganó la licitación, en este caso LAP. Sin embargo, constitucionalmente las relaciones internacionales del Perú no se pueden concesionar ni delegar y en enero del 2001 la Comisión de Infraestructura del Congreso de la República solicitó se modifique esta cláusula antes de la firma del contrato. Sin embargo, el ex Ministro de Transportes del gobierno de transición, Luis Ortega Navarrete, dijo que esto se arreglaría después. (De sección Cartas de “Caretas”, año 2002)

¿Cómo puede alguien olvidarse que los aeropuertos tienen que ver con el movimiento de gobernantes y altas autoridades de diversos países que visitan el país, y con el paso de nuestros propios dignatarios, y que esta es una función totalmente de Estado? Como se ve, el apuro privatizador ha sobrepasado toda medida y prevención. De ahí tan cuestionables resultados.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación

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