¿Son transparentes las compras públicas?

Desde 1999 funciona en el Perú el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado CONSUCODE, encargado de normar y dirigir el sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado, dotándolo de eficiencia, eficacia y transparencia. ¿Es eso así?

| 27 marzo 2008 12:03 AM | Informe Especial | 2.4k Lecturas
¿Son transparentes las compras públicas?
(1) CONSUCODE, órgano rector de las compras y los contratos del Estado. (2) ¿Cuántos sacos de cemento se requieren para construir una pista? (3) En compras del Estado se presentan muchos casos corruptos.

Más datos

DATO

Los procesos de compra que tienen menor transparencia, suelen ser los que se realizan en los municipios provinciales y distritales, y en las Fuerzas Armadas. Hay instituciones que reclaman abiertamente su coima, señala un proveedor, y cuando saben que están tratando con alguien que no se presta a esas cosas lo eliminan con cualquier pretexto.
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Todo el mundo conoce la frase famosa: ¿y cómo es?, que resume buena parte de la oscura historia de los procesos de compra del Estado. Demasiado fácil era conseguirse un paquete de cotizaciones previamente concertadas, para mostrar que había una mejor dentro del grupo, aunque en el mercado pudiera conseguirse opciones más favorables de precio y calidad.

Los jefes de compras de los organismos estatales eran poderosos señorones a los que los proveedores debían cortejar con obsequios y con los que había que cultivar una aparente amistad para no ser olvidado al momento de las decisiones. El Estado debe de haber perdido ingentes sumas con estos métodos que por su modalidad de hormiga (menor cuantía) tendían a ser obviadas en el tratamiento de la corrupción pública.

En 1997, dentro de las discusiones sobre las reformas institucionales o de segunda generación, que debían seguir a la apertura de los mercados, se dicta la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley Nº 26850, que ordenaba la fusión del Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, del Consejo Nacional Superior de Consultorías y del Consejo Departamental de Adquisiciones de Lima, en un solo organismo que se constituiría en el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado CONSUCODE, ente superpoderoso que quedaría finalmente instalado el 1 de enero de 1999.

Se debía suponer que desde ese momento estaríamos más cerca del mundo de la formalidad y la corrección, con un ente capaz de elaborar las mejores alternativas para contratar y adquirir bienes y servicios para el Estado y de orientar a las instituciones para sus decisiones. Ya vamos para una década y la pregunta cae por su propio peso: ¿hay mayor o menor transparencia en las compras públicas?, ¿será verdad que el gobierno más corrupto de nuestra historia nos legó de cualquier modo las más atinadas organizaciones para la lucha contra la corrupción?

Inscripción y desinscripción
La primera fortaleza del CONSUCODE consiste en que tiene en sus manos la inscripción de los proveedores, las subsanaciones a la inscripción y el levantamiento de las suspensiones. Esto significa que todo el que quiera contratar con el Estado deberá tener su registro en ese organismo. Y como todo en la vida, este derecho tiene un precio: que va desde los 35 soles hasta los 2,100, según el monto de los negocios efectuados. Pero cada vez que se concurse no sólo habrá que estar inscrito sino que se tendrá que recabar una constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, por la cual se debe pagar S/193.20 por cada licitación ganada, es decir que si una empresa gana 10 licitaciones en un mes deberá tramitar y pagar dicha constancia 10 veces cuando fácilmente la entidad podría verificar a través de la web de CONSUCODE si la empresa se encuentra inhabilitada o no.

Otro aspecto de su intervención tiene que ver con las observaciones a las bases que los participantes pudieran realizar en los casos en que se presume que han sido dirigidas a beneficiar a unos en perjuicio de otros. Aquí también hay que pagar de acuerdo a una tasa que llega hasta los S/.892.50, dependiendo del tipo de licitación que se desee observar. Finalmente está el tema de los reclamos (apelaciones/revisiones) contra procesos irregulares, donde los quejosos tienen que abonar 1% del valor total del monto base de la licitación para que se admita su reclamo, monto que se pierde si el CONSUCODE estima que el pedido no procede.

Una serie de procedimientos y pagos reiterados, varios de ellos innecesarios (como la constancia de no inhabilitación o la fuerte suma exigida para las revisiones/apelaciones, que parece estar ahí para desanimar los reclamos), que podrían hacer suponer que CONSUCODE realmente cautela el patrimonio público y ha puesto en regla los sistemas de compras estatales. Lamentablemente no es necesariamente así por lo que explican los proveedores consultados. Administradores y Jefes de Compras siguen decidiendo arbitrariamente. Con la peculiaridad que dirigen muchas veces sus preferencias a empresas grandes que aparentan ser indiscutibles como ofertantes.

CONSUCODE aparece como una burocracia que no fiscaliza ni sanciona las irregularidades y que refuerza la idea de que el Estado debe pactar con las empresas de renombre, aunque tenga oportunidades para hacerlo con otras, medianas o pequeñas, que garantizan calidad y mejor precio.

Modalidades corruptas
1.Tirándose al suelo, que son las pujas donde uno de los participantes ofrece un precio por debajo del costo real, es decir ofrece vender a pérdida. Pero nadie revisa si realmente cumplió con ingresar la cantidad acordada en los depósitos y si es que los volúmenes de cementos ladrillos, resmas de papel, medicina, u otros, a ser empleados efectivamente, fueron los que se programaron inicialmente.

2.Gana la marca, que son aquellas licitaciones en que no gana el que postula el precio más conveniente y asegura calidad, sino la marca importante, o la imagen de la empresa, y los compradores arguyen que les brinda mayor garantía de cumplimiento, pudiendo haber fácilmente arreglo previo con el proveedor.

3.Todos amarrados, en el que los postores están concertados y ya saben quién será el ganador final, por eso todos los participantes ofrecen sobre el precio base y la diferencia se usa para pagar la colaboración de los perdedores.

4.Compra de emergencia, que son modalidades de provocar una escasez ficticia, por ejemplo a través de una compra insuficiente en un período, que obliga a declarar una compra de emergencia para completar el stock, lo que suele hacerse por adjudicación directa, donde el organismo estatal escoge un abastecedor que aparentemente tiene a la mano, pero con el que puede haberse arreglado con anticipación.

5. Bases con nombre propio, que son los casos en los que la licitación lleva especificaciones aparentemente técnicas que favorecen a un proveedor sobre los otros, algunas que indican “experiencia internacional”, o montos de capital que no existen en el país, o calidad de representante de marcas de otros países, etc.

6.Comprar sólo a fabricantes, son los casos de las subastas inversas que no admiten que los postores observen las bases ante alguna irregularidad, por ende se solicita garantías directas del fabricante, en caso de ofertar un producto nacional éste debe estar a nombre del postor, lo cual debe ir señalado en el RPIN, es decir no permite la participación de empresas comercializadoras o distribuidores.

Como se ve, hay una variedad de formas de sacarle la vuelta al Estado, ante las cuales el CONSUCODE parece pintado en la pared, porque no actúa de oficio respecto a la revisión de las bases y suele desestimar las observaciones. Tampoco analiza el proceso de selección, el cumplimiento de los requisitos, la entrega de los bienes y servicios, las causas de las “emergencias”, etc. Cobra, pero no ayuda a la transparencia.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación


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