Revista enjuicia al Estado chileno

La revista de izquierda Punto Final de Chile libra una batalla titánica por el acceso de los medios independientes a la publicidad del Estado. Este mes –en febrero se conmemora el Día de la Prensa– la publicación sentó en el banquillo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a tres ministros de Estado para que expliquen por qué los gastos de publicidad del gobierno en prensa gráfica favorecen casi exclusivamente al duopolio que controla hasta el 95% de los diarios del país: la cadena El Mercurio, de Agustín Edwards Eastman, y Copesa-La Tercera, de Álvaro Saieh Bendeck.

| 18 febrero 2009 12:02 AM | Informe Especial | 882 Lecturas
Revista enjuicia al Estado chileno
(1) Los gastos de publicidad del gobierno en prensa gráfica favorecen casi exclusivamente al duopolio de El Mercurio y La Tercera. (2) El quincenario Punto Final libra una batalla por el derecho del periodismo independiente al avisaje estatal.
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El TLDC citó a declarar por oficio a los ministros de Hacienda, Andrés Velasco; Justicia, Carlos Maldonado; y Planificación, Paula Quintana, para que respondan a varias preguntas del abogado de Punto Final, Alberto Espinoza Pino. La cuestión clave es por qué esos tres ministerios –al igual que el resto de la administración pública, las Fuerzas Armadas y Carabineros– contratan su publicidad preferentemente con los diarios de Edwards y Saieh.

Esta batalla por los derechos del periodismo independiente al avisaje estatal cobra bríos precisamente cuando recrudecen los despidos de periodistas en grandes medios de comunicación como los canales Televisión Nacional y La Red, y los diarios La Tercera y El Mercurio, entre otros. Los periodistas conmemoraron el Día de la Prensa con la consigna ¡No a los despidos!, en defensa de sus fuentes de trabajo, a escasos metros de La Moneda.

“Esta es la primera vez que una publicación demanda al Estado y lo acusa de discriminar a la prensa independiente en la distribución del avisaje fiscal, de vulnerar las normas de la libre competencia y de restringir las posibilidades de desarrollo del pluralismo informativo en la prensa nacional”, dijo Manuel Cabieses, director-fundador del quincenario desde su aparición en 1965.

Noticia ignorada
Desde que el TDLC acogió la demanda –el 29 de julio de 2008– se han efectuado ocho audiencias públicas. Pero estos acontecimientos han sido ignorados en la cobertura de noticias de los grandes medios, excepto algunos periódicos electrónicos también independientes. Este juicio, sin precedentes en la democracia chilena, se desarrolla casi clandestino, aunque fue acogido unánimemente por todos los ministros del Tribunal: Eduardo Jara Miranda, presidente; Andrea Butelmann Peisajoff, Radoslav Depolo Razmilic, Tomás Menchaca Olivares y Julio Peña Torres.

“El acceso igualitario a los recursos fiscales provenientes de los avisos va a garantizar de manera real la libre competencia y con ello una información pluralista, como la garantizan la Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ratificados por Chile”, afirmó la demanda de Punto Final.

Los avisos de las grandes empresas sólo se publican en la gran prensa, pero los lectores de los medios independientes también son usuarios de los servicios públicos que se financian con dinero de los contribuyentes, quienes tienen derecho a informarse en medios distintos a El Mercurio y La Tercera. El artículo 19° Nº 12 de la Constitución garantiza a todas las personas la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, en tanto el artículo 19 Nº 22 consagra el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

La defensa de los intereses fiscales recae en Chile en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo actualmente presidido por Carlos Mackenney Urzúa, designado por la jefa del Estado. La importancia que otorga el CDE a la demanda de Punto Final se mide por el equipo de abogados que designó para su defensa, encabezado por los juristas Gonzalo Velásquez y Ruth Israel, quienes tienen la tarea de impugnar las acusaciones de la revista.

En enero, declararon como “testigos” del CDE la abogada jefa de la división jurídica de la Dirección de Compras y Contratación Pública, María Trinidad Inostroza Castro, el abogado –de la misma repartición– Pablo Prüssing Fuchslocher y el abogado del Ministerio de Justicia Ciro Cornejo Lorca.

La demanda contra el Estado apunta a la Dirección de Compras y Contratación Pública, un servicio descentralizado del ministerio de Hacienda que dirige el funcionario Tomas Campero y que está sometido a la supervisión de la Presidencia de la República.

Cadena monopólica
El control del El Mercurio y La Tercera sobre el mercado de diarios “lo podemos identificar como un duopolio que es en verdad un monopolio”, argumentó la demanda. “Ambas cadenas controlan entre un 85 y un 95 por ciento de la prensa escrita –diarios, periódicos, revistas, de circulación nacional, regional y comunal–, siendo ampliamente mayoritaria la de El Mercurio”, añadió. “Sin embargo, y a pesar de ser cadenas empresariales, en el hecho –y para los efectos de la libertad de expresión e información– constituyen un monopolio ideológico”.

Edwards posee dos diarios de circulación nacional que se editan en Santiago, El Mercurio y Las Últimas Noticias; más el vespertino La Segunda, que se publica en la capital pero circula en gran parte del país; y otros 20 diarios regionales.

Por el mismo salario
El Estado también le otorgó –y continúa asignándole– numerosas frecuencias radiales a El Mercurio. Su división diarios regionales opera Digital FM, red de música y noticias –locales y nacionales– presente en 38 ciudades a lo largo del país, con 11 jefaturas regionales de prensa en otras tantas urbes importantes. El concepto mercurial del “periodista multimedia” obliga al reportero de un diario regional a elaborar una misma noticia para el diario, la radio local y la edición nacional: tres trabajos por el mismo salario. La cadena tiene, además, Positiva FM, otra red de emisoras con presencia en 17 ciudades que anuncia la instalación de otras 11 frecuencias locales. Asimismo, El Mercurio opera portales juveniles como Mimix.cl y Team Miss Verano.

Saieh, quien se hizo millonario durante la dictadura, posee el Consorcio Periodístico de Chile, SA (Copesa), que controla los diarios de circulación nacional La Tercera, La Cuarta y el semanario Qué Pasa, además del matutino La Hora, de distribución gratuita en la capital. También comercializa los suplementos Mujer, Icarito, Deportes, Glamorama, Agenda Urbana, Club La Tercera, Mouse y Virus, a la vez que controla las radios FM Zero, Duna y Carolina.

Caja de resonancia
Las páginas del duopolio ideológico El Mercurio/Copesa cumplen el rol de caja de resonancia de la extrema derecha y suelen cuestionar ásperamente las moderadas políticas sociales de los gobiernos post dictadura, pese a que reciben una suerte de subsidio en publicidad del Estado. No funcionó la política comunicacional del gobierno que aspiraba a “seducir” a esos medios como si efectivamente fueran imparciales.

Ambas cadenas están comprometidas de manera fundamentalista con la ideología del neoliberalismo y no acogen visiones críticas, ni siquiera sobre la crisis mundial en desarrollo. Sus contenidos entregan a diario “propaganda informativa” en favor de las políticas neo-conservadoras, de los grandes grupos económicos y financieros, incluido el sistema privado de fondos de pensiones cuyas pérdidas ascienden al 30%, por más de 30 mil millones de dólares.

La contienda legal de Punto Final ocurre en un país que la propaganda de los grandes medios locales y mundiales convirtió en un ejemplo latinoamericano para la inversión extranjera y una suerte de “paraíso de la libre competencia”, que no existe para la prensa independiente, ni para las pequeñas y medianas empresas de cualquier naturaleza.

La noticia del juicio para hacer cumplir al Estado con los principios de “la libre competencia” no ha merecido la atención de los grandes medios, que a diario embriagan al público con la cultura consumista del neoliberalismo salvaje heredado de la dictadura militar de 17 años. La clase política que surgió de los escombros de la dictadura y ha conducido durante 19 años los cuatro gobiernos que sustituyeron al régimen castrense estimula con entusiasmo el fortalecimiento del modelo en crisis que sí ha beneficiado a los grandes grupos económicos y poder mediático.

Ernesto Carmona
Colaborador

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