Repartija de 74 autos entre jefes PNP

Fiscalía Anticorrupción investiga a altos oficiales -entre ellos el actual director de la Policía- que se adjudicaron vehículos Hyundai y Nissan mediante resoluciones falsas de adjudicación.

Por Diario La Primera | 06 set 2008 |    
Repartija de 74 autos entre jefes PNP
(1) Denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y cuestionadas R.D. A y B. El acta de entrega del carro Nissan Primera al general Salazar. (2) Fiscalía Anticorrupción no toma aún declaraciones de Octavio Salazar.

Hace tres años la Policía Nacional adquirió setenta y cuatro automóviles para uso del comando en un proceso plagado de irregularidades. El hecho no queda ahí pues de acuerdo a documentos a los que LA PRIMERA tuvo acceso, dichos vehículos fueron entregados con resoluciones fraguadas a coroneles y generales que conforman la actual cúpula policial, entre ellos el director general de la PNP, Octavio Salazar.

Según estos documentos, a la mayoría de los coroneles favorecidos no les correspondía ese beneficio porque no cumplían el estricto orden de antigüedad que rige a las instituciones policiales. Siete de ellos, quienes recibieron los vehículos cuando ya habían ascendido a generales, los cambiaron meses después por unos más lujosos, cuando según la ley sólo pueden hacerlo cuatro años después, acogiéndose a una llamada “renovación”.

Por tal motivo, la Sexta Fiscalía Anticorrupción, a cargo de la doctora Isabel Huamán, abrió investigación a los oficiales generales en actividad y en retiro que participaron directa e indirectamente en el arbitrario reparto de 50 automóviles Hyundai Accent y 24 Nissan Primera, adquiridos con el dinero de todos los peruanos. El ex ministro del Interior, Félix Murazzo, también se encuentra implicado en este caso.

Adjudicación amañada
Los hechos se remontan a mediados del 2004 cuando Murazzo era director general de la PNP, y el general Julio Acurio, director de Logística.

La PNP convocó a Licitación Pública Internacional que ganó la cuestionada empresa Automotores Gildemeister Perú S.A. (la misma del caso Mazzetti) a la que se le adquirieron 50 automóviles Hyundai Accent, mediante contrato de compra venta fechado el 7 de enero del 2005.

Conforme a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la firma del contrato de compra venta debió realizarse cuando los autos estuvieran en el país para luego proceder a la entrega formal de los mismos a los beneficiarios.

Sin embargo, los vehículos fueron adjudicados tres meses después, recién el 29 de marzo, según consta en el Acta de Entrega-Recepción y Conformidad, lo que quiere decir que se firmó por automóviles que no estaban físicamente presentes.

Algo similar ocurrió el 1 de noviembre del 2004 con la compra de 24 automóviles Nissan Primera para oficiales generales a la firma Nissan Maquinarias S.A. Tal como sucedió con los Hyundai, dichos vehículos fueron entregados tres meses después: el 18 de febrero del 2005.

Desacuerdo en alto mando
Pero lo más grave, entre otras cosas, es el hecho de que en marzo del 2005, el general Marco Miyashiro ya había asumido la dirección general de la PNP y a él le correspondía firmar la Resolución Directoral de Adjudicación de los automóviles a los 43 coroneles y 7 generales beneficiados. También la de los 24 Nissan Primera, como último paso del proceso de licitación.

Sin embargo, un oficial quien pidió guardar su identidad en reserva, informó que en este punto se produjo un desacuerdo entre el entonces ministro del Interior, Félix Murazzo, y Miyashiro, en ese entonces director de la PNP. El primero “le pidió que firme la resolución con los nombres de los 50 oficiales de su entorno, pero el chino (como se conocía a Miyashiro) se negó”.

“Ante ello Murazzo optó por suscribir las RD 2734-A-2004-DIRGEN/DIRLOG y RD 2734-B-2004-DIRGEN/DIRLOG con fecha retroactiva al 20 de diciembre del 2004, tiempo en el que no era director general, con la intención de regularizar dicho vacío ante la negativa del chino”, aseguró nuestra fuente.

De esta forma, pretendieron dar legalidad al proceso de compra y distribución de los referidos vehículos, cuando todavía Gildemeister y Nissan Maquinarias S.A. no ha-bían fabricado los 74 carros y, por supuesto, no habían ingresado al país. Es decir, se produjo un imposible jurídico, pues lo correcto debió ser que ambas resoluciones tuvieran fecha posterior de recepción y distribución.

Ante ello, la fiscal Huamán, en la denuncia 02-2006, abre investigación contra los generales entonces en actividad, Luis Montoya Villanueva y Víctor Gandolfo Monzón, y el coronel Manuel Tsuchida Tello, por “la presunta comisión de delito contra la administración pública, peculado, concusión, malversación de fondos, contra la fe pública y asociación ilícita en agravio del Estado”.

Murazzo y Salazar
La fiscal también dispuso ampliar investigación policial contra el ex ministro del Interior, Félix Murazzo, el director de Logística general Julio Acurio y el entonces coronel Ronald García y los que resulten responsables por los mismos cargos.

Asimismo, ordenó interrogar sobre los hechos detallados al actual director general de la PNP, Octavio Salazar, y otros seis actualmente en actividad, debido a que en un primer momento se favorecieron con los automóviles Hyundai y, meses después, los cambiaron por autos Nissan Primera (de mayor cotización), violando el DS 035-77 que sólo permite la renovación de los vehículos de comando al cumplirse cuatro años de uso.

Empero, fuentes del Ministerio Público aseguraron a LA PRIMERA que hasta el momento el general Salazar no ha sido citado por el grupo policial que está a cargo de las investigaciones, en un hecho que también llama poderosamente la atención, pues oficiales de menor graduación tienen que lidiar con interrogar a oficiales generales con las consecuencias que esto conlleva.

Cabe destacar que el precio pactado por los autos Hyundai Accent fue de 31,825 soles, ascendiendo a 1’591,250 soles el precio total por los 50 autos.

De otro lado, según el contrato de compra venta de la firma Nissan Maquinarias S.A., cada uno de los autos Nissan Primera modelo Altima costó 85,225 soles, haciendo un total de 2’045,400 soles el precio de los 24 vehículos, lo que quiere decir que la PNP gastó nada menos que 3’636,650 soles en la compra de vehículos para coroneles y generales. Privilegios que ya deberían acabar de una vez por todas.

Sospechosa “renovación” de vehículos de comando
De acuerdo a ley, todos los oficiales de las Fuerzas Armadas así como de la Policía Nacional que ascienden a coronel tienen derecho a la “asignación” de un vehículo nuevo.

Cuando ascienden a general, y siempre y cuando el vehículo tenga cuatro años en su poder, tienen derecho a su “renovación”, y de ahí cada cuatro años, hasta alcanzar la jerarquía de teniente general, siempre que se encuentre en actividad.

Si pasa a la situación de retiro, el alto oficial de la PNP debe irse con el automóvil que tuviese en su poder, en cuyo caso está obligado a realizar el trámite inmediato para la transferencia a su nombre, que incluye la firma de un contrato de compra venta con el Estado y la expedición de la Resolución Directoral correspondiente, después de lo cual todas las obligaciones sobre el vehículo corren a cargo del nuevo propietario.

Cabe destacar que toda “renovación” en la situación de retiro es ilegal, conforme lo establece el DS 035-77-IN del 28 de setiembre que rige para la Policía Nacional.

Sin embargo, los generales de la Policía nunca respetaron esta disposicion.

Marco Cáceres
Investigación


Diario La Primera

Diario La Primera

La Primera Digital
Diario La Primera comparte 119374 artículos. Únete a nosotros y comparte el tuyo.