Regiones en alerta por sus recursos

Retirar los topes para el pago de utilidades a los trabajadores para impedir una huelga minera equivale a querer “echar gasolina al fuego para acabar el incendio”, pues las consecuencias sociales pueden ser mucho más graves.

| 20 mayo 2008 12:05 AM | Informe Especial | 1.2k Lecturas
Regiones en alerta por sus recursos
Huaraz paraliza hoy. Puede haber un estallido social si gobierno insiste en privar a regiones de ingresos por remanentes de las utilidades empresariales.

Más datos

(1) El presidente regional advierte sobre las consecuencias de privar a las regiones de sus recursos y anuncia paro regional de 24 horas para hoy.

(2) De aprobarse la eliminación de los topes, las utilidades para los empleados o ejecutivos serían astronómicas, como lo muestra este cuadro, que considera una empresa con mil obreros y 528 empleados y utilidades anuales por un total de S/.315’708,232,oo.

(3) El canon minero, distribuido como se ve en la gráfica, también está amenazado
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Así lo advirtió el presidente regional de Ancash, César Álvarez, quien señaló en tal sentido que puede haber estallidos sociales, sobre todo en Ancash, si el ejecutivo insiste en anular el tope de 18 sueldos, que los trabajadores pueden recibir, quedando el saldo para las regiones.

Precisó que Ancash, que recibió por las utilidades de 2007 aproximadamente 530 millones de soles, de un total de unos 900 millones, de ninguna manera permitirá que el gobierno la prive de sus recursos, imprescindibles para construir obras viales y atender otras necesidades de la población

Los ingresos de Ancash proceden fundamentalmente de la minería, aspecto sobre el cual Álvarez preguntó al gobierno por qué la empresa minera Antamina, la principal de la región, está exceptuada del pago de regalías regionales.

La autoridad se preguntó a qué se debe el interés del Apra en quitarle recursos y posibilidades de desarrollo a las regiones, en vez de buscar crear nuevas formas de ingresos para que cuenten con más fondos que les permitan atender las expectativas de sus poblaciones.

Según la legislación vigente, las empresas deben destinar a sus trabajadores hasta 10 por ciento de sus utilidades, en los casos de las empresas pesqueras, industriales y de telecomunicaciones, participación que se reduce a 8% en las empresas mineras y comerciales y los restaurantes y apenas a 5% en las compañías dedicadas a otras actividades, como las de energía eléctrica, que obtienen pingües ganancias.

Al respecto, en el Congreso se ha presentado un proyecto de ley para que todas las empresas distribuyan el 10% de sus utilidades entre su personal. No hay derecho a que empresas de rubros muy rentables, como el de electricidad, repartan menos, pues son monopólicas y ofrecen un servicio indispensable con mercado seguro.

Cada trabajador puede recibir como máximo 18 sueldos por concepto de utilidades, y lo que excede a ese tope, pasa a manos de las regiones, límite que el gobierno pretende eliminar para que los trabajadores cobren utilidades sin límite, lo que dejaría sin un importante rubro de ingresos a las regiones y en especial a Ancash.

El gobierno prometió meses atrás a las regiones mantener el tope vigente, pero ante la inminencia de una huelga minera, ofreció a los dirigentes de este gremio gestionar en el Congreso una reforma legal que elimine el tope.

“Es una irresponsabilidad, un acto demagógico que, en el fondo, pretende enfrentar a las regiones, y en particular a Ancash, con nuestros hermanos trabajadores mineros”, advirtió Álvarez, a tiempo de advertir que se trata de un juego muy riesgoso para el gobierno y para la estabilidad social.

Seguramente –agregó- el gobierno pretende que, al calmar a los mineros va a debilitar el paro nacional que se viene, pero parece no ser consciente del costo, que será la reacción de las regiones afectadas.

El congresista opositor Fre-ddy Otárola, también ancashino, dijo por su parte que Ancash y quienes defienden los recursos regionales por el remanente de las utilidades no están contra los trabajadores mineros ni los consideran comechados. Estamos con ellos, con sus luchas por una vida mejor, pero tenemos que denunciar que el gobierno pretende impedir su huelga a costa de nuestros recursos, puntualizó.

Sin los ingresos por remanentes, explicó, Ancash perdería la oportunidad de integrarse transversalmente con Huanuco, mediante la construcción de una nueva carretera Casma-Huaraz-Huari-Monzón-Huánuco-Tingo María, que daría a Huanuco un acceso directo a la costa.

Precisó que la vía proyectada habilitaría una nueva ruta interoceánica, pues desde Tingo María es posible acceder a Cruzeiro Do Sul, en Brasil, y a toda la red vial brasileña.

Hay que incorporar a los trabajadores de “services”
El congresista Otárola revindicó la justeza de la participación de las regiones en los remanentes de las utilidades mineras, al señalar que estas son generadas por tres factores: el capital, el trabajo y la materia prima, sin la cual los primeros no podrían beneficiarse.

El capital, es decir las empresas, se llevan el 92% de las utilidades y el trabajo el 8% y la materia prima, siendo fundamental, solamente recibe remanentes, es decir lo que sobra del 8%, lo que está por encima de los 18 sueldos, explicó.

Se trata, apuntó Álvarez, de una participación mínima, pero vital para las regiones mineras y en particular para Ancash.

El presidente regional advirtió que a la amenaza de arrebatar la participación de utilidades de las regiones se suman más de 20 proyectos de ley presentados en el Congreso, para reducir o afectar el canon minero, también en perjuicio de las regiones.

Hay que tener en cuenta que los recursos que van para las regiones son una compensación mínima por el daño que la contaminación y sus consecuencias, el desplazamiento de comunidades enteras, causa a las regiones, agregó Otárola.

Señaló que, si el gobierno quiere atender las demandas de los mineros, que termine con las “services” y haga poner en planilla de las empresas a los trabajadores que sirven a la minería con sueldos de hambre y sin derechos laborales, a través de esa forma perversa de intermediación laboral.

Otárola recordó que el PNP ha presentado en el Congreso un proyecto de ley para que la renegociación de los contratos.


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