Quieren acallar la protesta popular

Suman varios los casos de dirigentes de Frentes de Defensa de los Intereses de los Pueblos del país, de los gremios campesinos, asociaciones laborales y estudiantiles que han sido detenidos, investigados o son procesados por haber convocado a marchas, paros y huelgas, o por protestar contra alguna medida del gobierno que consideran injusta o para hacer prevalecer el reclamo popular.

| 16 diciembre 2008 12:12 AM | Informe Especial | 684 Lecturas
Quieren acallar la protesta popular
(1) Marchas, paros y huelgas no son del agrado del gobierno. (2) El gobierno de García trata de criminalizar la protesta social. (3) Para participar en una marcha no se necesita autorización, sólo informar de acuerdo a ley. (4) Dirigente del Frente de Defensa de Madre de Dios acusado por terrorismo.
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Ello forma parte de la denunciada criminalización de la protesta popular que si bien es cierto ha sido una constante en anteriores gobiernos, ha alcanzado su máxima plenitud con el actual, como refleja la dación de once decretos legislativos, que son el resultado de las facultades extraordinarias que otorgó el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la ley 29009, el año pasado. Estas leyes que atentan contra el derecho a protestar, contemplado en la Constitución, pretenden a todas luces acallar todo acto de reclamo, recurriendo a mecanismos de represión contra los organizadores de las protestas.

Al respecto, la representante legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Katia Pinedo, aseguró a LA PRIMERA que se está haciendo una práctica sistemática el ordenar la captura de dirigentes, investigarlos, procesarlos y sancionarlos por delitos graves, con la intención de enviarlos varios años a la cárcel para así frenar la protesta social; sin importar incurrir en actos inconstitucionales que encierran estas espurias normas expedidas por el gobierno.

En octubre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ventiló la denuncia de Aprodeh en contra del Estado peruano por los cuestionados decretos legislativos, escuchando los alegatos de cada de una las partes en disputa, ahora sólo se espera las recomendaciones finales que pueda dictar este organismo supranacional al gobierno del Perú, en especial contra los decretos 982, 983, 988 y 989.

Katia Pinedo explica que la Comisión de Constitución del Congreso votó por la derogación de las normas 982, 983 y 989, pero el pleno demora en aprobar este dictamen.

Afirma que el Ejecutivo se propone lograr la inimputabilidad de los efectivos del orden que ocasionen la muerte o daños físicos a manifestantes a través de la norma 989 que faculta a la Policía y Fuerzas Armadas a efectuar detenciones, sin la presencia de un fiscal, y la 982 que les permite hacer uso de la fuerza arguyendo la defensa del orden.

Bajo presión
Sobre las presiones que recibiría el Ministerio Público, da fe el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Madre de Dios, Luis Zegarra, quien revela a LA PRIMERA que el fiscal encargado de investigar el incendio de la sede del gobierno regional de Madre de Dios, le confió mientras permanecía detenido acusado de haber participado en este acto ocurrido en el paro agrario de julio, que había mucha presión desde Lima para que se detenga a los organizadores.

Además de Zegarra fueron señalados como autores intelectuales Antonio Iviche, presidente de la Federación Nativa de Madre de Dios y Afluentes, así como Manuel Cayo Quispe, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Maldonado, quienes pasaron a la clandestinidad durante cuarenta días, luego que la Sala Mixta de Madre de Dios cambiara la orden de comparencia por el de detención por los delitos de daño agravado, peligro común, disturbios, motín y asociación ilícita, como informó este diario en su momento.

Zegarra reafirma su inocencia y dice que estaba a cuatro cuadras del gobierno regional en su local gremial, ultimando los detalles de los padrones para revocar al presidente regional.

Pos su parte, la abogada precisa que la decisión de la Sala Mixta no fue apoyada por uno de los vocales, basado en que se presumía la responsabilidad de los inculpados cuando la Constitución y los tratados internacionales priorizan la presunción de inocencia.

Gracias a un hábeas corpus presentado por la Fenamad la orden de detención fue revocada. Pinedo, no descarta la presencia de infiltrados en el incendio, considerando que los rasgos de éstos no corresponden a los pobladores de la zona.

Refiere además que contra dichos dirigentes y algunos miembros de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) de esta localidad, hay una denuncia en espera de acusación fiscal de la Procuraduría del gobierno regional de Madre de Dios por el delito de terrorismo

Sin derecho a la defensa
En julio del año pasado -sostiene la representante legal- se produjo la detención de dirigentes y profesores que participaban de la huelga del SUTEP.

“Cuando llegamos a la comisaría donde estaban los detenidos, nos dimos con la sorpresa de que se había violado el derecho de defensa, como registró la Defensoría del Pueblo, ya que no se permitió el ingreso de los abogados, lo cual atenta contra la Constitución”, sostiene. El dirigente, Robert Huaynalaya fue además detenido y golpeado en la pista por los efectivos policiales, lejos de donde se realizaba la protesta. Su caso sigue en proceso judicial.

Contra el presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de los Agricultores, Campesinos y Nativos de Pichanaki, Freddy Palomino, existe una orden de detención porque convocó un paro agrario el 17 y 18 de marzo en rechazo a la denominada “ley de la selva”. Junto a él fueron acusados los también dirigentes Humberto Paredes y Francisco Cantoral HuamanÑ

Pese a que Palomino y Paredes se encontraban en La Oroya reuniéndose con autoridades para organizar una marcha pacífica, y Cantoral hacía lo propio en La Merced, en el primer día de medida, por una noticia infundada de una persona que se encontraba en el lugar, en Pichanaki se produjo el desborde popular que no pudieron controlar los denunciados y se registraron heridos entre la población civil, según dice la propia resolución judicial.

Caso Mario Huamán
Contra el secretario general de la CGTP, Mario Huamán, pesa una denuncia por lesiones interpuesta de oficio por el titular de la 57 Fiscalía por el ataque que sufrieron periodistas de dos medios acusados por los protestantes de no informar durante el paro nacional del 9 de julio.

La denuncia se dio a pesar que Huamán se encontraba en su oficina al momento de la agresión, y a no existir un certificado médico legista que corrobore algún tipo de lesión.

La lista continúa
Víctimas han sido también la dirigente de Majaz, Julia Cuadro y el ambientalista Javier Yanké de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) por protestar contra las empresas mineras Majaz y Río Blanco. “En respuesta fue creada una asociación paralela a los intereses del pueblo con respaldo del Pronaa y la legisladora fujimorista, Luisa María Cuculiza”, revela Pinedo. Tenemos la persecución de la APCI contra los representantes del Instituto de Defensa Legal (Ideele), de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas Amazónicos de Perú (Aidesep).

En Tacna, el dirigente indianista Ricardo Bernavé fue detenido el jueves 30 de octubre a las 8 p.m. y liberado el 31 de octubre a las 8 de la noche.

La fiscal Miluska Velasco Valencia, encargada de investigar los incidentes ocurridos el 16 de junio pasado en Moquegua pidió la detención preventiva del presidente del frente de defensa, Zenón Cuevas Pare, y la ex presidenta regional Cristala Constantinides, por los delitos de causar disturbios, obstruir las vías de comunicación y secuestro. Siguen casos.

Decretos  autoritarios en capilla

982:
Faculta a los policías o militares a usar libremente sus armas contra los manifestantes, causar muerte y lesiones y no responder por ello.

Señala que la persona que marcha es un extorsionador y puede ir a la cárcel hasta por 25 años, violando de esta manera los derechos a la libertad de reunión, expresión, huelga.

Se podrá sancionar por el delito de extorsión a las autoridades que apoyen huelgas.
989:
Una persona puede ser detenida por la policía sin mandato judicial aunque se encuentre lejos del lugar de los hechos o haya transcurrido hasta 24 horas violándose su derecho a la libertad individual, entre otros. La policía puede investigar sin presencia del fiscal y sin que éste pueda evaluar la legalidad de dichas diligencias.

983:
Usar como prueba los juicios cerrados en otros procesos violando el principio constitucional de “cosa juzgada”.

Amplía el plazo de la detención preventiva, violando la libertad individual y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

988:
Una persona detenida puede estar incomunicada hasta por 10 días, cualquiera sea el delito del que se le acusa.

Vilma Escalante
Redacción

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