Otro sacerdote pedófilo

Acostumbrado a dormir cada noche con un menor distinto, el sacerdote José Mamani Ochoa, de 48 años, hizo durante años de la parroquia San Benito, en Cochabamba, a 400 km al este de La Paz, donde los agentes encontraron colchonetas regadas por todas partes, su paraíso sexual personal.

| 04 agosto 2009 12:08 AM | Informe Especial | 2.7k Lecturas
Otro sacerdote pedófilo
(1) Mamani Ochoa fue puesto recientemente tras las rejas, después de comprobados sus abusos. (2) Monseñor Tito Solari.
Escándalo en Bolivia por el caso de sacerdote católico que violó por lo menos 17 niños. Dirigía un albergue para huérfanos.

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El sacerdote iba a las comunidades, donde reclutaba a los niños de familias pobres o disgregadas y recibía a niños abandonados o en conflicto.
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Tres niños, de 7, 8 y 10 años, a los que el sacerdote de tendencias sexuales obtusas, cercenó de un tajo la inocencia, dijeron que “el padre José me violó…”.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Bolivia acogió la denuncia de un joven que destapó las agresiones sufridas tras vivir en carne propia el acecho sexual del religioso, ahora encarcelado.

Mamani Ochoa fue puesto recientemente tras las rejas, después de comprobados sus abusos con los menores que la sociedad y su ministerio le confiaron proteger.

La historia de esos tres niños, el adolescente y el cura ha remecido las estructuras de una sociedad pacata, pero cada vez más acostumbrada a escuchar en voz alta las desviaciones de los “pastores”.

Amén de asegurar la estabilidad emocional de niños, niñas y adolescentes bolivianos, abandonados o no, contra el rebrote de abusos sexuales en Bolivia, la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados aprobó la realización de tests psicológicos a autoridades eclesiásticas, curas, párrocos, sacerdotes, pastores y personal encargado de orfanatos y albergues infantiles, para la detección precoz de potenciales pedófilos.

La pedofilia es el acceso carnal con niños y aunque la palabra misma vomita rechazo, brutalidad, mal naturalidad y decenas de adjetivos de impotencia, guarda relación con un abuelo suyo, la pederastia, una institución en los ejércitos espartanos antes de Cristo, cuatro o cinco siglos, cuando los hombres enseñaban a la lucha a otros hombres más chicos, a título de la formación en la carrera de las armas.

“El padre entró violentamente y me dijo que él tenía que bañarme, porque tenía un jaboncillo especial, pero lo peor vino en la noche. Él se desnudó, se metió en mi cama y me agarró de la cintura…”, contó el adolescente a la Policía.

Según el jefe de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Boris Bellido, el sacerdote iba a las comunidades, donde reclutaba a los niños de familias pobres o disgregadas. El pederasta, además, recibía a los niños abandonados o en conflicto que le enviaban la Defensoría de la Niñez, organismo de protección de la infancia, y las juntas escolares de los alrededores de San Benito. Al menos unos 17 niños pasaron el suplicio de sus desvíos.

La televisión pasó el caso como uno más, sin atender la extrema gravedad del problema, pero el coro mediático le pegó con palo a aquel que desde otro tipo de púlpito, más bien desde una curul parlamentaria, propuso una ley que permita, figurativamente, “arrancarles los cojones” a los pedófilos.

El diputado Guillermo Mendoza, presidente de la citada comisión y un periodista devenido humanista y luego político, ha resuelto tomar el toro por las astas y ha propuesto aplicar un químico a los escrotos de todos aquellos que sean encontrados culpables de violación, para que no puedan volver a atacar sexualmente a nadie. Así, sin vueltas. Más allá de la condena de cárcel que puedan merecer, hay que asegurar que nunca más puedan atentar contra niños, argumenta.

También ha planteado que se someta periódicamente a un test psicológico al personal de instituciones religiosas, de organizaciones no gubernamentales, de orfanatos y albergues públicos, para detectar precozmente a violadores de niños, niñas y adolescentes, esto a raíz de la gran cantidad de casos que infligen a una sociedad cada vez más indiferente al mal que aqueja al vecino, a los crímenes perpetrados por todo tipo de sacerdotes y pastores, “ya que gran parte de las violaciones se han dado en estos centros públicos” a cargo principalmente de religiosos, según explica Mendoza.

El parlamentario aclaró que esta iniciativa no tiene el ánimo de dañar la honorabilidad de las personas, y argumentó que el Estado, el Ministerio Público y el sistema judicial boliviano tienen la obligación de dar protección y seguridad a la población para que puedan interactuar socialmente en confianza con estas instituciones y sus encargados.

Explicó que, lamentablemente, tras las puertas de muchas iglesias y albergues que acogen a miles de niños y adolescentes cotidianamente, se esconden hechos tan oscuros como destructivos que acaban de golpe y para siempre con la inocencia, confianza y alegría infantil, dejando en su lugar una secuela devastadora en el cuerpo, la psiquis y el alma de las víctimas y minando frecuentemente su misma voluntad de vivir.

“Por lo tanto, creemos que más allá de generar susceptibilidad tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Evangélica y en las ONG’s se debe apoyar este test que va ser anual, con la finalidad de establecer la salud emocional, la tendencia sexual de los encargados de estar en relacionamiento con adolescentes, niños y niñas”, remarcó.

Sus declaraciones están cruzadas por el recuerdo del cura que desgració la vida de 17 menores en la localidad cochabambina de San Benito. Muchas de sus víctimas fueron vejadas sexualmente durante años.

La Iglesia deslinda responsabilidad
El arzobispo de Cochabamba, Monseñor Tito Solari, deslindó responsabilidades al afirmar que la propia Iglesia Católica cochabambina suspendió en abril pasado al cura Mamani Ochoa por tenencia indebida de menores, apropiación de bienes eclesiásticos y falsificación de documentos.

Según el dignatario eclesiástico, el religioso fue sometido a un proceso eclesiástico, de acuerdo al Derecho Canónico, el cual permitió descubrir el 14 de junio los probables delitos contra los menores y la Iglesia entonces presentó de inmediato la denuncia ante la Fiscalía.

Como advirtió la Iglesia, a los más de 20 mil sacerdotes pedófilos en el mundo detectados por el Vaticano y “a cualquiera que se atreva a dañar la inocencia de un niño, más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños”, sentenció Monseñor Solari, sin medias tintas.

El jefe de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, el mayor Boris Bellido, informó que el acusado es responsable de haber violado a 17 menores de edad y está siendo procesado por violación, estupro, abuso deshonesto y otros delitos, por los que puede ser condenado a 25 años de cárcel.

Problema gravísimo
Crímenes de este tipo circulan por debajo de la superficie de una sociedad como la boliviana que cuando no los negó, los encubrió. En otras palabras los perpetuó.

Mendoza informó que, según sus investigaciones, la violencia sexual, después de la violencia intrafamiliar, se ha tornado en el segundo problema que más afecta a los niños y adolescentes en Bolivia, ya que más del 90% de los casos denunciados son agresiones a niñas, niños y adolescentes.

Directo al grano, Mendoza urgió a coordinar con autoridades del Ejecutivo un programa para la realización de estas pruebas psicológicas en todo el territorio nacional.

“Un granito de arena no está demás”, afirmó con voz de imposición, al tiempo de advertir que las víctimas necesitan más atención para poder romper el silencio, “pero ante una sociedad dispuesta a brindarles credibilidad, feligreses decididos a combatir el mal en sus propias filas, un sistema judicial comprometido con la justicia, medios de comunicación respetuosos de esta tragedia y al menos algunos obispos y sacerdotes con la valentía suficiente para enfrentar los riesgos y actuar firmemente en defensa de la niñez”.

“Tal como suponemos hubiese hecho el propio Cristo”, remata sin concesiones, al tiempo de asir tal vez la única arma con que podrá combatir este mal que avanza, cual cáncer, silente, lento pero constante.

La Constitución Política del Estado, en su Artículo 15, dispone que “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual”.

En ese contexto, la comisión parlamentaria que encabeza Mendoza tiene entre ceja y ceja un propósito: evitar que un niño o una niña o un adolescente más muera emocionalmente, luego de ser abusado por violadores que se esconden detrás de una imagen de "cariño y consuelo".

Daniel Ramos Mayta
Agencia Boliviana de Información

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