“Ojalá que la Suprema respete sentencia”

Gisella Ortiz, familiar de una de las víctimas de La Cantuta y flamante integrante de la directiva del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), se propone contribuir a la labor de esta organización no gubernamental con su experiencia como activista de derechos humanos. En esta entrevista, Gisella habla del problema pendiente de las víctimas de la violencia política, de sus proyectos y de la situación y perspectivas del juicio al ex presidente Alberto Fujimori.

| 04 febrero 2009 12:02 AM | Informe Especial |807 Lecturas
(1) “Nada nos devolverá la vida de nuestros familiares, pero esperamos que Fujimori sea sentenciado”. (2) Primera Sala Penal Transitoria: “Creo yo que mayoritariamente es una buena sala” (3) “Es necesario un instrumento internacional que garantice los derechos de las víctimas desaparecidas”
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Cuéntenos sobre su cargo en el equipo peruano de Antropología Forense (EPAF)
Estoy a cargo de la subdirección de operaciones que es un nexo con la alta dirección y el personal operativo para lograr una reingeniería y hacer que la labor del EPAF en la exhumación de restos sea más eficiente. Creo aportar desde mi experiencia al liderazgo fundamental que ha ganado Epaf gracias a la labor de sus miembros. Agradezco a la alta dirección del EPAF.

-¿Qué espera aportar?
-Como activista de derechos humanos he aprendido que la justicia no siempre depende de la voluntad de las ONG, de los familiares de víctimas o de algún magistrado del Poder Judicial; hay en juego otros temas políticos o económicos. De allí que hay una experiencia ganada de cómo nos abríamos paso.

-¿Cree que le espera una difícil tarea como la han tenido durante este gobierno los defensores de derechos humanos?
-Hay una coyuntura bastante difícil. El gobierno, usando las artimañas del pasado, de la persecución política, intenta acallar a los periodistas que se levantan en afán de investigación periodística y son citados por la policía o el Poder Judicial a declarar por terrorismo. Estamos ante un escenario peligroso y de allí la labor de la sociedad civil y las ONG, de cómo manifestamos y defendemos nuestros derechos. Hace falta información que no llega de las esferas oficiales. No tenemos que pensar igual y no por eso somos subversivos o terroristas y allí el Estado no sólo saca la vuelta a la obligación de garantizar los derechos ciudadanos, sino parece hacerle el juego al sector que prefiere la impunidad como una forma de convivencia, y esos casos de corrupción que no se esclarecen, esos negociados políticos. Por ejemplo lo hecho por (Carlos) Raffo. La convivencia en una sociedad demócrata se debe basar en la verdad y la justicia y no en esconder a nuestros muertos y víctimas debajo de la alfombra.

-¿Qué hacer ante un gobierno que cierra los ojos ante lo sucedido en la dictadura?
-Tiene que ver con un tema de complicidad. No se ha dicho cuál es el pacto político entre el Apra y el fujimorismo, supuestamente, para permitir la gobernabilidad del país y que denunciamos desde el 2006, cuando Alan García asume la presidencia, y tiene que ver con un dejar hacer y dejar pasar. Nunca el Apra o el gobierno hicieron un deslinde con el fujimorismo, con excepciones como Jorge del Castillo, en su momento, exigiendo su extradición. Luego, se vio la repartija de poder en las vicepresidencias, en las comisiones de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores, para garantizar la impunidad a toda la década nefasta de la dictadura, en temas de corrupción y derechos humanos, como en el próximo futuro político del 2011. Se canjea esta impunidad en la responsabilidad del primer gobierno de García en violaciones de derechos humanos que tampoco han sido esclarecidas. Tenemos a (Elías) Ponce Feijoó, ligado a (Luis) Giampietri y que tiene responsabilidad en el secuestro y desaparición del estudiante Martín Rojas Casa, de la Universidad del Callao. Después de siete años de proceso no se ha permitido a la fiscalía denunciar, hay pacto también con el poder militar. Lo avanzado con Valentín Paniagua y (Alejandro) Toledo, se ha perdido. Los militares han vuelto a copar ese espacio militar-político que impide el esclarecimiento, porque siempre se le dice a la ciudadanía que ese esclarecimiento es una afrenta al Ejército.

-¿Brinda el gobierno atención a las víctimas de la violencia política?
-La falta de voluntad para atender el problema de las secuelas de la violencia política se refleja en desconocer a las víctimas civiles y militares. Se suele criticar a los familiares y los organismos de derechos humanos por protestar sólo por las víctimas civiles de las acciones de las fuerzas armadas y policiales. También, lo hacemos por todos a los que consideramos víctimas. No podemos desconocer el rol de muchos policías, militares y autoridades civiles para lograr la pacificación.

-¿Coincide con Carlos Rivera de IDL de que al gobierno de García poco le interesa los hechos de la dictadura?
-Alan García vivió exilado en Colombia y luego en Francia, por eso tal vez lo que ha leído o le contaron le resulte increíble y muy ajeno. Somos los que vivimos la dictadura aquí y recordamos la corrupción y la manipulación de los sectores del Estado y lo que nos costó recuperar la democracia con protestas y pese a las amenazas. Creo que vivir tan alejado de nuestro país no le permitió a García tener la claridad de lo que significó la dictadura. Puede decir que fue perseguido en el 92 y peligró su vida, pero pasaron ocho años y los que nos quedamos conocimos la manipulación corrupta y criminal de (Alberto) Fujimori y (Vladimiro) Montesinos. Ese desconocimiento hace que Alan García no tenga un compromiso con investigar hechos de corrupción y de criminalidad de los 90. Además, vemos el retroceso del plan anticorrupción generado en el gobierno de Toledo.

-¿El Presidente avala las gollerías de las que goza el ex dictador Fujimori?
-Quedó evidenciado no solo en la manera en que Fujimori fue traído a nuestro país, sin esposas, sino que se le otorgó una prisión especial en la sede de la Dinoes, a cargo del Inpe y la policía, lo que se presta a muchas suspicacias. En un año de prisión pasó a ser un inquilino de un hotel de lujo, muchos de los familiares dicen que la prisión tiene comodidades que muchos no podemos tener. Hubo un compromiso del gobierno en situaciones como el cambio del régimen penitenciario, que ha convertido su prisión en un bunker político en el que recibe a allegados y da directivas partidarias. Son signos de una complicidad que no se quiere admitir, pero que mina la democracia. Todos buscamos que el esfuerzo por recuperar la democracia del 2000, haya valido la pena. Hay quienes dicen que no importa que hayan robado o matado a 10, 20 ó 30, si ahora podemos vivir con tranquilidad. Por esa forma de pensar tenemos una sociedad segmentada, por la inacción del Estado de no querer sancionar y atender sus obligaciones.

-También hay hechos como la defensa a los Wolfenson, el régimen ordinario para Santiago Martin Rivas…
-Pareciera como si se repitiera la historia de los 90, con toda esa gente que tuvo poder mal adquirido por beneficios y prebendas de la dictadura y que, ahora, están ganando espacios para, tal vez, en el 2011 asegurarse un nuevo triunfo político y eso nos tiene que preocupar a todos los peruanos. También está la condecoración a (cardenal Juan Luis) Cipriani, personaje lamentable para la violencia en Ayacucho y para la búsqueda de justicia de los familiares y que ha sido condecorado en nombre de todos los peruanos, es decir, también, de las víctimas y sus familiares, en un gesto que nos llena de vergüenza y dolor al reconocer que hay un Estado que sigue premiando a quienes se opusieron al esclarecimiento y la justicia.

-¿Tiene temor de lo que puede suceder después de la sentencia contra Fujimori?
-Creo que no hay condiciones sociales que garanticen que se respetará la sentencia judicial, hay mucha impunidad en no haber castigado las agresiones físicas a familiares y destruido un monumento público. Eso le hace pensar a esa gente que pueden actuar con impunidad o tal vez tengan la seguridad que nada les pasará. Ojalá que, desde el gobierno, se den las garantías para que podamos vivir con tranquilidad ese momento histórico, cuando Fujimori sea sentenciado. Ojalá que la Corte Suprema respete la sentencia y sea ratificada por la nueva sala que revisará este proceso que venimos espectando por más de un año con mucha esperanza, responsabilidad y confianza en el papel que la sala ha desarrollado. Esa esperanza choca con los manejos políticos que se dan en la Corte Suprema y eso demanda tal vez de mayor vigilancia para evitar un arreglo debajo de la mesa.

-¿Opina al igual que los fiscales que será un fallo condenatorio?
-SÑ Los familiares estamos convencidos desde el 92 de la responsabilidad de Fujimori, no sólo por la forma impune como operaba el grupo Colina, sino por todos los procesos que nos tocaron vivir en el 92, el papel de la justicia, que el Congreso intentará impedir una investigación. Hubo mucha manipulación para garantizar impunidad y obedecía a una estrategia política. Pero estamos satisfechos del papel de la Fiscalía.

-¿Cuál es el papel de las víctimas de La Cantuta?
-Hay una satisfacción por lo trascendentales que se convirtieron nuestros familiares, se convirtieron en un símbolo y no estoy hablando de mártires, sino de una lucha de resistencia, fueron capaces de convocar diferentes sectores de la sociedad civil en torno a la justicia. Parte del objetivo que hemos tenido es cómo hacer que este juicio sirva para que los familiares y víctimas que no tendrán quizás la posibilidad de llevar a juicio a García o Fujimori por sus propios casos, se sientan resarcidos.

Vilma Escalante
Redacción

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