Morir de injusticia

Llora que rompe el alma verla y no se puede dejar de pensar porqué la fatalidad se ensañó así con esta humilde mujer y su familia. Y es que Benedicta Mitma (69) no para de llorar al recordar cómo su amado hijo mayor, su soporte y esperanza, le fue arrebatado hace 25 años aquella madrugada en que fue sacado de su casa en Huamanga por un grupo de encapuchados, sin saber hasta hoy qué suerte corrió.

| 03 noviembre 2009 12:11 AM | Informe Especial | 1.7k Lecturas
Morir de injusticia
(1) Tanto dolor ha enfermado a Benedicta (2) El cáncer está acabando con su vida (3) El Estado debe cumplir con los afectados.
Madres de desaparecidos

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Muchos de los adultos mayores siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema, soportando graves situaciones de salud y abandono.
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Soportar tanto dolor de madre por el hijo ausente no sólo, entonces, la enloqueció literalmente; sino que, ahora, la ha dejado enferma de los nervios de por vida. El sufrimiento de esta mujer sumida en la extrema pobreza junto a su familia, pareciera importarle poco a las autoridades gubernamentales que no atienden sus reclamos de años para que se le reconozca la reparación individual económica como familiares de desaparecidos durante la violencia interna. Al igual que Benedicta, Juana Tenorio, esposa de otro peruano desaparecido, también aguarda esta compensación para poder comprar sus medicinas y apaciguar en algo el inmenso dolor que le produce el cáncer de páncreas terminal que padece y que hasta le impide hablar. Es decir, dolor sumado a dolor.

Y es que Benedicta y Juana se nos mueren de a poco sin hallar justicia y no debemos permitir que terminen como Teodora Pariona y Delfina Chávez, otras dos tenaces madres integrantes de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados y Desaparecidos del Perú (Anfasep) como ellas y que hace tres semanas fallecieron y cuyo drama motiva reflexionar sobre lo grave que es la lentitud del proceso de reparaciones individuales.

Teodora y Delfina, ayacuchanas, perdieron a sus seres queridos y, al igual que Benedicta y Juana, durante más de 25 años hicieron denodados esfuerzos para que se les reconozca sus derechos a la verdad y a la justicia. Como ellas, muchas otras mujeres y varones, casi todos adultos mayores, siguen viviendo en condiciones de pobreza, incluso extrema, soportando graves problemas de salud, y sobrellevando situaciones de abandono.

Reparar es urgente
Hace una semana organizaciones de víctimas de la violencia política, así como organismos de derechos humanos iniciaron la campaña “Señor Presidente, Reparar es urgente” para demandar que el plan de reparaciones individuales anunciado por el Ejecutivo se haga pronto efectivo y empiece priorizando a los alrededor de 2,100 adultos mayores que ya han sido registrados.

A esta campaña se han sumado autoridades y líderes religiosos que exigen la urgente atención a más de 30 mil personas inscritas en el Registro Único de Víctimas por el Consejo de Reparaciones que esperan reparaciones económicas individuales, tras haber sido afectadas durante el conflicto armado interno.

El presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú, Pastor Darío López, sostuvo que la reparación, simbólica o monetaria, es un gesto mínimo que se espera de aquellos que deberían velar por el bien común y defender a los indefensos de la sociedad, particularmente a las víctimas del terror que son además parte de los sectores sociales históricamente excluidos y abandonados por el Estado.

A su vez, Monseñor Pedro Barreto Jimeno, presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) dijo conocer que muchos de los adultos mayores siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema, soportando graves situaciones de salud y abandono. “Solicitamos al gobierno que cumpla con reparar económicamente a todos los acreditados en el RUV de manera pronta y diligente, priorizando a los adultos mayores y discapacitados”, dijo

Esta campaña fue graficada por Rodomila Segovia, vice presidenta de Anfasep, como una exigencia de justicia, “Ellas han arriesgado sus vidas entre balas, ellas han luchado, ellas están partiendo al otro mundo sin recibir justicia, verdad, ni reparación individual económica; ellas ya están ancianas, enfermas, y deben ser atendidas ya”, acotó la lideresa de esta asociación que se asemeja a las de Madres de Plaza de Mayo de Argentina.

Sus palabras fueron respaldadas por Daniel Roca, presidente de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia (Coravip), quien lamentó que muchas madres ancianas que lucharon gran parte de su vida para recuperar a sus hijos y esposos o siquiera sus restos, se estén yendo sin recibir la atención que el Estado les debe.

“Si ya se tiene alrededor de 30 mil víctimas inscritas en el Consejo de Reparaciones, si se conoce que el 7% de estas personas son de la tercera edad y se están muriendo sin ser reparadas, no hay motivo para hacerlas esperar más. Las reparaciones individuales económicas deben comenzar ya, y empezar precisamente por ellas”, señaló.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Mesa de Lucha Contra la Pobreza, Federico Arnillas, quien dijo a LA PRIMERA que esta entidad también ha recomendado al gobierno que se agilice las reparaciones individuales económicas y priorice a los adultos mayores como parte del plan integral del Consejo de Reparaciones, pues es un tema de suma preocupación.

Recordó que durante su discurso de asunción como presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, dijo que el tema sería abordado por medio del programa Juntos.

Por su parte, el primer ministro, preguntado por este diario sobre qué espera el gobierno para reparar individualmente a los afectados del conflicto interno, respondió que “ la señora (Sofía) Macher pronto alcanzará su informe y en él nos hará algunas recomendaciones; veremos los esfuerzos del gobierno para cumplir con reparar y de una vez por todas cumplir con este compromiso”.

Lo que no dijo entonces el premier es que el Consejo de Reparaciones, bajo su jurisdicción, puede suspender la inscripción de casos de afectados en el Registro Único de Víctimas por falta de presupuesto, lo que ha provocado que la Defensoría del Pueblo exija al Estado atender con urgencia el requerimiento presupuestal de 800 millones de soles del Consejo de Reparaciones. Posteriormente aseguró que espera que el Ministerio de Economía otorgue los fondos necesarios.

Sensibilizar al gobierno
El director nacional de la Asociación Paz y Esperanza, Germán Vargas dijo a LA PRIMERA que la campaña anunciada busca sensibilizar y llamar la atención del gobierno sobre la necesidad que las reparaciones individuales se aceleren y priorice a los adultos mayores.

Vargas dejó en claro que, debido al carácter simbólico de la reparación exigida para los afectados por la violencia interna, no hay motivo para que estas personas continúen esperando lo que es una obligación ética y moral del Estado.

Comentó que entre las diversas actividades programadas en el marco de la campaña, está previsto realizar audiencias públicas, una de las cuales ya se efectuó y la próxima será este 11 de noviembre.

Además, organismos de derechos humanos junto a organizaciones sociales y eclesiásticas presentarán casos concretos de afectados, a lo que se sumarán diferentes petitorios dirigidos al jefe de Estado, Alan García, exhortándolo a disponer las medidas necesarias para que se concrete las reparaciones.

Adelantó que las asociaciones de afectados recurrirán a hacer plantones para exigir que el tema de las reparaciones sea incluido en el Presupuesto General de la República del año próximo.

Vargas aclaró que la exigencia de reparaciones se orienta hacia las de tipo económico, mientras que el gobierno habla de las relacionadas con la salud y educación. Argumentó que no se debe confundir las obligaciones que tiene el gobierno con la población como parte de las políticas de desarrollo social con las reparaciones que se deben a las víctimas de la violencia interna.

Promesa incumplida
El presidente de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia (Coravi) recordó la promesa hecha en su campaña electoral por el presidente Alan García, quien en una reunión sostenida con una delegación de Anfasep y otras organizaciones de afectados, reconoció que es necesario dar reparaciones individuales y morales a las víctimas.

En este sentido, la presidenta de Anfasep, Adelina García se quejó amargamente que el mandatario ahora se niega a recibirlos a pesar de haberse comprometido a ayudarlos a encontrar la justicia y la verdad y a sancionar a los responsables. “Pero ahora ni siquiera nos recuerda, y cuando pedimos diálogo no nos recibe”, subrayó.

Casos como los de Teodora Pariona y Delfina Chávez reflejan la necesidad que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) asegure el presupuesto necesario para empezar la entrega de reparaciones individuales a las personas afectadas por la violencia que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La CMAN es la entidad que tiene la responsabilidad de diseñar el Programa de Reparaciones, así como los demás programas de reparaciones establecidos en la Ley 28592.

Dos víctimas olvidadas
Pero Benedicta no sufre su dolor a solas, desde aquella infausta madrugada de 1985 en que un grupo de soldados camuflados ingresó a su humilde hogar en Huamanga, Ayacucho y se llevó a su hijo mayor Guillermo Huamaní Mitma (por entonces de 24 años). Lo hace al lado de Pelagio Huamaní (69) su compañero de toda la vida y ahora enfermo de los huesos. Juntos, llevados por el amor de padres, recorrieron a pie, día y noche, comunidad tras comunidad, para hallar a su vástago, sin conseguirlo, mientras que sus otros siete hijos a veces no tenían ni para comer, como recuerda en medio del llanto, una de ellos, Mercedes, quien gracias al buen corazón de su jefa ha podido acomodarse con sus padres en una minúscula división en la farmacia en la que trabaja en Santa Anita.

El dolor físico y del alma que afrontan a diario es compartido por Carlos Huamaní Salvatierra (27), el único hijo que le quedó tras la desaparición de Guillermo y que, como sus abuelos, también está enfermo del alma y del cuerpo, pues sufre ataques de epilepsia.

Carlos, una víctima más del periodo oscuro que vivió el país, con las justas lograr pagar sus estudios de técnico de farmacia, pues de los 320 soles que gana mensual tiene que ayudar a su familia.

Este huérfano de padre y madre (ella murió hace ochos años sin encontrar justicia) se pregunta porqué la vida es tan injusta para él, por qué tiene qué perder los mejores años de su vida, y tras reflexionar exige que se le dé, de una vez por todas, lo que se le debe.

Vilma Escalante
Redacción


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