Las víctimas ignoradas

Jhina Pinchi grita con todas las fuerzas de su alma el infierno que vivió en manos de sus tratantes en un bar de Piura, pero solo recibe como respuesta desde el Estado la indiferencia, mientras organizaciones no gubernamentales que luchan contra la Trata de Personas realizan denodados esfuerzos para ayudarla a ella y a otras víctimas, pero se topan con la misma indiferencia estatal.

| 05 setiembre 2011 12:09 AM | Informe Especial | 4.7k Lecturas
Las víctimas ignoradas
TRATA DE PERSONAS

Más datos

¿QUÉ ES LA TRATA?
La trata de personas es un crimen de lesa humanidad porque convierte a los seres humanos en cosas vendibles y consiste en la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

TIPOS DE TRATA
La trata con fines de explotación sexual (prostitución, pornografía, turismo sexual), otras formas son: Explotación Laboral, Venta de Órganos y Tejidos, Mendicidad, Compra y Venta de Niños y Adolescentes, y el reclutamiento forzado, como bien lo recuerda Ricardo Valdéz director de CHS-Alternativo.
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Si algo caracterizó al anterior gobierno fue su indiferencia frente al grave e indignantel delito de Trata de Personas, considerado hoy “La Esclavitud del Siglo XXI” y que, gracias a que no existe una política de Estado que la impida y castigue con severidad y eficacia, ha ido creciendo en el Perú hasta llegar a niveles realmente preocupantes, a tal grado que el Departamento de Estado norteamericano emitió un alarmante informe al que accedió La Primera en la que se advierte el riesgo que corre nuestro país de descender del nivel 2 al 3 en cuanto a la labor que realiza en contra la explotación de seres humanos.

La trata es un grave problema que afronta la humanidad y, que según estadísticas de Reta-PNP, tiene en sus garras en el Perú a 1,556 víctimas conocidas, de las cuales 724 son menores de edades que van de 14 a 17 años. Se estima que este execrable delito mueve más de 8 mil millones de dólares en el mundo cada año.

El citado informe pone especial atención en que el borrador de un Plan Nacional para combatir la trata de personas elaborado en el 2006 aún no ha sido concretado, a pesar de los constantes reclamos de los organismos involucrados en la lucha contra esta lacra que ocupa el tercer lugar en mundo, después del narcotráfico y el tráfico de armas.

Todo hace indicar que al nuevo viceministro de Orden Interno, Luis Alberto Otárola Peñaranda, quien preside el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente Contra la Trata de Personas, le espera un arduo trabajo para atender el llamado silencioso de cientos de víctimas y las recomendaciones contenidas en el informe.

Por lo pronto se conoce que dicho funcionario se ha comprometido a agilizar la aprobación del Plan Nacional contra la Trata de Personas.

Hace dos semanas, Otárola se reunió con la Sara Gilmer, representante de la Oficina General para el Control y Combate de la Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En la cita destacaron la necesidad de investigar, enjuiciar, condenar y castigar a los delincuentes involucrados, así como de brindar asistencia a las víctimas en albergues y otras instalaciones especializadas.

Este diario buscó durante dos semanas hablar con Otárola para conocer los lineamientos de su gestión que le permitan hacer frente a las recomendaciones dadas por el Departamento de Estado, pero su recargada agenda nos lo impidió.

DESAPROBADOS
“El gobierno no proporcionó ninguna información sobre sus investigaciones, juicios, condenas o sentencias impuestas a empleados del gobierno comprometidos en el delito de trata de personas”, dice el documento del Departamento de Estado Americano sobre la pasada administración de Alan García.

Señala que la corrupción entre oficiales de bajo rango permitió el funcionamiento de burdeles no autorizados y dedicados a la explotación sexual infantil, así que hubo una deficiente coordinación entre fiscales y policías. Añade que lo fiscales y jueces eligieron clasificar los casos de trata de personas como delitos menos graves que son sancionados con penas más blandas.

Refiere que el gobierno fracasó en enfrentar la alta incidencia de casos de trabajo forzado en el país, otro de los fines de explotación que llevan a cabo las organizaciones criminales, y deja constancia que no se ha informado sobre ningún proceso judicial exitoso en el caso de los delitos de trabajo forzado, a pesar que existe una alta incidencia de este delito y a los esfuerzos desplegados para investigar de manera proactiva el trabajo forzado en los centros mineros fueron discontinuados. Recalca la necesidad de un mejor sistema de protección de testigos.

NULA PROTECCIÓN
Las críticas se centran en el apoyo limitado a las víctimas del delito de trata de personas, que el gobierno no se valió de ningún mecanismo oficial para lograr identificar a posibles víctimas entre las poblaciones más vulnerables tales como mujeres y menores.

“El gobierno no contó con ningún programa oficial que ayudara a proporcionar algún tipo de tratamiento médico a las víctimas”, afirma y agrega que las personas adultas que fueron víctimas tuvieron un acceso muy limitado a los albergues especializado. Aclara que en el país no existieron albergues específicamente dedicados a recibir a las víctimas de la trata de personas.

Este documento deja en claro que el gobierno no proporcionó apoyo financiero a las ONGs dedicadas a luchar contra este delito, que la participación de las víctimas en los procesos continuó siendo muy limitada. Se añade que ninguna víctima recibió ayuda alguna para entablar juicios durante el periodo cubierto por este informe.

Al respecto, el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, sostuvo que es cierto que las autoridades del país están en una fase inicial y que aún falta entender la magnitud del delito, aunque dijo desconocer el informe.

“Sabemos que en el Perú hay lugares que sirven para captar a víctimas sobre todo mujeres jóvenes para trasladarlas a otros lugares para explotarlas sexualmente, eso está claramente identificado las zonas de selva generalmente son lugares de captación y las zonas de la costa y las zonas donde hay mucho turismo se produce la explotación sexual”, comentó a La Primera.

Puso como ejemplo el caso de la joven tarapotina Jhinna Pinchi, captada con una falsa promesa laboral, trasladada de su ciudad natal a Piura, donde fue privada de su libertad en el Night Club La Noche para ser explotada sexualmente durante dos años como si se tratara de una simple mercancía.

Sostuvo que para animar a otras víctimas a denunciar su drama y a sus tratantes como lo hizo Jhinna es necesario que el programa de asistencia a víctimas y testigos del Ministerio Público sea implementado adecuadamente.

Para la directora de Save The Children, Teresa Carpio, la ineficiencia en la lucha contra la trata no pasa por las personas, sino por las instituciones, pues refiere que en el Grupo de Trabajo de Lucha Contra la Trata se encuentran personas muy interesadas y muy delicadas en su labor.

“Hay buenas intenciones individuales, pero todavía no se traduce en un plan y, por otro lado, necesitamos una rectoría sobre este tema y entonces mientras eso no se tenga en un tema de trata de niños y niñas vamos a seguir en un proceso sumamente lento. Creo que están en el camino pero tienen que traducirse con metas, indicadores y presupuesto”, subrayó.

FALTA TRABAJO ARTICULADO
Sobre el tema, la Fiscal Superior Coordinadora de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Rosario López detalló que este programa se inició con el Código Procesal Penal y ante el informe del Departamento de Estado norteamericano juzgó como positiva la labor que está haciendo el Grupo de Lucha Contra la Trata , pero enfatizó que se requiere de un trabajo articulado en los temas de prevención, persecución y protección a las victimas.

Con ella coincide Yolanda Llanos, abogada de la ONG Acción por los Niños, quien resalta la necesidad de que todos los organismos comprometidos en la luchar contra este delito realicen una labor coordinada.

Considera que urge la probación del Plan Nacional como forma de generar políticas de Estado, inexistentes durante el anterior gobierno, para hacer frente a este flagelo que tiene en sus formas más crueles la explotación sexual y laboral infantil, así como para atender a las víctimas que fueron vejadas en sus derechos. “Falta mucho por hacer, pues el tema de trata no es un punto de agenda”, reclama, a tiempo de llamar la atención sobre la inexistencia de refugios para albergar a las víctimas recuperadas.

Cabe mencionar la loable labor que realiza la Defensoría del Pueblo que -según lo revelado por la doctora Mayra Ramos de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia- al recibir una denuncia de parte de familiares de víctimas acude en ayuda de éstas para lograr su recuperación y costear su traslado a su ciudad de origen.

Además de brindarles asesoría legal, e interceder ante las autoridades policiales y judiciales hasta lograr procesos penales, como en el caso de Jhinna, que se ha convertido en emblemático por ser la primera vez que una víctima da la cara para denunciar a sus tratantes.

Pero quien le pone especial énfasis a sus palabras para criticar la labor de la administración García, es Dimitri Senmache, presidente de la Red Peruana Contra la Pornografía Infantil, y lo hace porque recuerda nítidamente las varias veces que envió misivas a la ex Primera Dama, Pilar Nores buscando un acercamiento para conversar de este problema.

“García hizo cero sobre cero, el Ministerio de la Mujer contra la pornografía infantil hizo cero sobre cero, 20 mil veces intentamos establecer contacto y escribimos varias cartas para firmar convenios”, comenta molesto antes de agregar que espera que con la nueva ministra, Aída García Naranjo, sí haya voluntad política para luchar contra esos males.

Refiere que en el 2004 cuando el Perú fue advertido que podría bajar al nivel 3, la Comisión Multisectorial creada ese año, fortaleció la lucha contra esta lacra, dándose así en enero del 2007 la Ley 28950 contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

Luego la administración aprista retrocedió lo avanzado, pues no aprobó el Plan Nacional, tampoco se crearon salas especializadas antitrata a cargo de jueces expertos en la materia, y faltó educar a la población en el tema y dar elementos para evitar ser captados. El Ministerio de Trabajo, dice, no previene la explotación laboral que puede devenir en una explotación sexual.


Vilma Escalante
Redacción


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