LAP quiere silenciar periodistas

Desde octubre del 2005, Lima Airport Partners (LAP) ha venido impulsando en secreto, una acción para lograr que se retire de circulación un libro del periodista Raúl Wiener, sobre la concesión del aeropuerto. La pretensión llega a límites insólitos porque exige no sólo decomisar los que están en el mercado sino prohibirle al demandado volver a escribir y publicar sobre el tema. El poder judicial ya resolvió la improcedencia de este recurso que ahora se encuentra en el TC. Mientras tanto LAP ordena a sus gerentes de seguridad demandar nuevamente a Wiener y a nuestro director César Lévano.

| 10 noviembre 2009 12:11 AM | Informe Especial | 1.8k Lecturas
LAP quiere silenciar periodistas
(1) LAP no quiere que Wiener escriba sobre los problemas del aeropuerto Jorge Chávez (2) El libro que LAP quería obligar a retirar del mercado

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LAP no quiere que se discuta el problema del aeropuerto, los beneficios y perjuicios que el país recibió de la concesión.
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El Tribunal Constitucional deberá votar en los próximos días una demanda de amparo planteada por la administradora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima Airport Partners, contra el periodista Raúl Wiener, la cual plantea textualmente:

1. “Que se ordene la paralización definitiva de la distribución, difusión o circulación gratuita de la información gratuita u onerosa de la información total o parcialmente contenida en el libro titulado “Un fraude en tres letras: LAP”;

2. Que se ordene la recolección y retiro de las ediciones del libro titulado “Un fraude en tres letras: LAP”, que se encuentran ya en el mercado;

3. Que se ordene al autor del libro “Un fraude en tres letras: LAP” se abstenga de reimprimir, reeditar el mismo o reproducir su contenido total o parcialmente, en una obra bajo el mismo título o bajo cualquier otro título;

4. Que se ordene al demandado proceda a rectificar a su costo y cuenta a través de una obra de similares proporciones e igual tiraje, todas aquellas afirmaciones que se han emitido de manera temeraria, y que no han respetado el principio de veracidad que limita el derecho de informar;

5. Finalmente solicitamos que, de conformidad, con el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, el Juez ordene al emplazado no volver a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la presente demanda, aún en el supuesto en que luego de interpuesta ésta, cesara la agresión a nuestros derechos constitucionales, o si es que dicha agresión deviniera en irreparable”.

Esta acción de amparo fue presentada ante el Juzgado Civil de Lima, el 13 de octubre de 2005, por el estudio Benites, De Las Casas, Forno & Ugaz, del que forman parte los ex procuradores anticorrupción José Ugaz Sánchez Moreno y Luis Vargas Valdivia, y ha atravesado por diversas instancias, sin que en ningún momento el demandado conociera de la existencia de este proceso. Aún hoy, el TC arguye que, estando próximo a votar el curioso amparo, ya no es posible notificar a la otra parte, que deberá esperar el fallo.

De cualquier modo lo que se ha podido saber es que el caso llegó hasta la última instancia de revisión, porque fue rechazado en un primer fallo por el 54º Juzgado Civil, el 25 de noviembre de 2005, el cual señala: “si la demandante se siente agraviada… debe hacer valer su derecho en la vía judicial respectiva, teniendo en cuenta que la acción de amparo es una vía extraordinaria, por estas consideraciones… se declara improcedente la demanda”. Un año después, la Sexta Sala Civil, actuando en segunda y definitiva instancia del Poder Judicial, establece: “…el acto lesivo debe ser manifiestamente ilegítimo, no susceptible de un amplio debate; en el caso sub análisis, su tramitación se halla proscrita a probanza de los hechos complejos que por su propia naturaleza sólo puede ser merituados en los procesos ordinarios… Por estos fundamentos confirma la sentencia”

Es decir que LAP y su batería de abogados, perdieron en las dos canchas judiciales, peleando solos, sin respuesta de la otra parte y recibieron una lección de regla jurídica: en el supuesto que hubiera una difamación uno no se dirige contra la publicación (censura, retiro del libro, prohibición de escribir), sino contra el hipotético difamador. Y que un juez no puede “amparar” la pretensión de LAP, como si su palabra fuera suficiente prueba de estar siendo víctima de algún tipo de daño por parte del periodista, cuando las opiniones son libres y la veracidad o no de las informaciones debe demostrarse, sin que haya cautela judicial que pueda ejercerse para que no se diga o publique algo. Por tanto no cabe “volver las cosas al estado anterior”, como postulan los recursos de protección constitucional, porque eso equivaldría a regresar al momento en que nada se había investigado y escrito, lo que es absolutamente imposible porque las denuncias ya han sido planteadas y sólo cabe aceptarlas o refutarlas, y no prohibir su circulación. .

El Tribunal Constitucional probablemente confirmará lo resuelto por la justicia, con lo cual LAP y sus abogados habrán perdido una batalla legal que desarrollaron totalmente solos. Pero eso no debe hacer perder de vista lo que realmente han estado buscando: “paralización definitiva” de la circulación de un libro que hace críticas al proceso de privatización; “recolección”, debería decir decomiso, de los que están en el mercado; prohibición de reimpresión y de escritura de una nuevo libro con otro nombre”; editar un libro de rectificación y emplazamiento para que el demandado no siga su investigación y no vuelva a opinar sobre la concesión.

Ciertamente, si el libro “Un fraude en tres letras: LAP” hubiese afectado tanto a la empresa concesionaria, como para creer que se puede justificar trasgresiones legales tan brutales como las señaladas, la pregunta inmediata es ¿por qué entonces los afectados y sus abogados no han respondido jamás en público a las acusaciones que les han hecho los periodistas Raúl Wiener y Herbert Mujica, a los que tratan de empapelar? En una demanda ante el Consejo Nacional de la Prensa contra Wiener, la empresa LAP ha presentado un legajo de más de mil páginas, con una fundamentación de casi cien folios, ¿por qué no hace de conocimiento público estos argumentos para que el país no le crea a sus malévolos críticos?, ¿por qué la demanda de amparo se llevó en estricto secreto?

Hay una sola razón. LAP no quiere que se discuta el problema del aeropuerto, los beneficios y perjuicios que el país recibió de la concesión, las irregularidades e ilegalidades de la licitación; del cambio constante de composición de los accionistas de la administradora, que no son ni de lejos los que ganaron el derecho de concesión; de los abusos tarifarios; el retraso de la construcción de la segunda pista del aeropuerto; los engaños a los campesinos de Bocanegra, San Agustín y Taboada, para despojarlos de sus tierras sin justiprecio; los abusos contra los exhibidores nacionales que tenían contratos previos a la concesión; los relajamientos de seguridad que han contribuido al aumento del tráfico de drogas; etc.

Quieren hacer creer que su problema son dos periodistas que seguramente les tienen bronca por ser administradores exitosos. Obviamente, si el caso se abre, habrá varias decenas de personas e instituciones dispuestas a decir su palabra sobre la presencia de LAP en el Perú. Pero, sea como sea, no van a conseguir silenciar a la prensa independiente que no está metida en un combate personal o en la defensa de intereses particulares. Esa es nuestra fortaleza, que algunos gerentes y abogados rentados no pueden entender.

Ahora contra César Lévano
Una nueva demanda judicial, esta vez dirigida contra el Grupo Editorial Arena, dueño del diario LA PRIMERA, el director César Lévano La Rosa y el jefe de la Unidad de investigación, Raúl Wiener, habría sido planteada por LAP ante el 57º Juzgado de Lima -el mismo que falló con pena suspendida contra el periodista Mujica-, a través de sus gerentes de seguridad, mencionados en una nota periodística en relación a una investigación sobre salida de droga por el aeropuerto, publicada por nuestro diario.

La empresa concesionaria no ha querido dar la cara en este caso, pero es evidente su intención, ya que las menciones a los señores Kirch y Vargas, el primero con proceso penal abierto por un caso de droga interceptada en el aeropuerto y mencionado en la acusación fiscal a partir de declaraciones de uno de los acusados (asuntos que no lo inventó LA PRIMERA), y el segundo dado de baja de la Marina por falta disciplinariaw, estando destacado en la zona de emergencia, carecen de cualquier ánimo respecto a sus personas, y son mencionados exclusivamente como evidencias de la mala selección de personal y errores de procedimientos de la empresa concesionaria.

La demanda pretende decir que Kirch no ha sido sentenciado, pero este diario nunca ha dicho que lo haya sido. Tanto es así que está libre y su empresa lo ha recolocado. Vargas, a su vez, trata de usar el secreto militar para que no se conozca porqué fue dado de baja en medio del cumplimiento de una misión en área crítica. Pero lo que es indudable es que alguien con antecedentes de mala conducta en una institución militar, no debería ser contratado para la seguridad del primer aeropuerto, retirado sin motivo por rumores sobre su caso, y ahora vuelto a poner el cargo en reemplazo de Kirch. Si estos angelitos se creen difamados, qué se les va a hacer…

Un libro ante RPP
“Incluso, debemos señalar, que el libro se hizo llegar a los conductores del programa “Ampliación de Noticias” que se Transmite por Radio Programas del Perú, quienes dieron cuenta de las “denuncias” formuladas por el señor Raúl A. Wiener, en la edición del día 2 de noviembre de 2005 con lo cual, es obvio que no sólo quienes tienen o tuvieron acceso directo a la publicación pueden ver tergiversada la imagen de LAP, sino que las falsas acusaciones del señor Wiener se han visto propaladas a través de un medio de comunicación de influencia masiva” (Acción Amparo de LAP, octubre del 2005)

Es obvio que si se lanza una denuncia pública es para que la conozca la gente con la mayor amplitud posible. Y es también evidente que el recurso de editar un libro para tratar el tema tiene mucho que ver con la falta de eco en los medios masivos de la época a la serie de revelaciones que sobre la concesión del Jorge Chávez fueron saliendo a luz desde el año 2000. En general lo que se ha visto es una conjura de silencio para tapar la corrupción que marca muchos de los procesos de privatización, con esporádicas excepciones: el diario “Liberación” de César Hildebrandt entre fines del 90 y comienzos de los 2000; el diario “Dignidad” en el 2002; y actualmente el diario LA PRIMERA.

Precisamente RPP tuvo el libro “Un fraude en tres letras: LAP” y nunca invitó al autor para “ampliar la noticia”. Recurrió a los denunciados, es decir los ejecutivos de LAP. Más o menos como sucedió con la Comisión Investigadora del caso LAP del Congreso, creada a raíz de las denuncias del diario “Dignidad” y que nunca llamó a su director Herbert Mujica ni al editor Raúl Wiener, para fundamentar lo que venían diciendo y se limitó a escuchar la versión de la empresa y del gobierno. Es increíble de todas maneras que una empresa de la magnitud de la administradora del aeropuerto llore ante los jueces la pena de que la estén denunciando, y no pueda explicar por qué hay gente que le cree a Wiener o a Mujica, si ellos hacen las cosas tan bien y tienen tantos argumentos para defenderse. ¿O no es así?

Raúl Wiener
Unidad de Investigación


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