La ternura como carne de cañón

La discriminación, el racismo y la inequidad en la distribución de la riqueza se conjugan en nuestro país para que se produzca el reclutamiento de menores de edad por parte de las fracciones en armas de Sendero Luminoso (SL) y las propias Fuerzas Armadas, a decir de Teresa Carpio, directora de la asociación Save The Children, Perú.

| 23 agosto 2009 12:08 AM | Informe Especial |  1k 
La ternura como carne de cañón
(1) Son necesarios sistemas de prevención a fin de evitar secuestros de niños y erradicar así el reclutamiento. (2) Sendero secuestra niños y los adoctrina para sus fines violentos. (3) El Ejército enrola a menores pobres y casi siempre los maltrata.
El crimen de usar a niños como soldados en guerras o conflictos, es una práctica que en nuestro país es moneda corriente.

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Recuerdan que los menores reclutados a la fuerza por SL en las décadas de los 80 y 90 actuaban como vigías.
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Recalca que los reclutamientos constituyen una de las peores formas de violencia contra la niñez, según un estudio mundial aprobado por las Naciones Unidas y votado por el Estado peruano; razón por la cual el Perú no debe contribuir en ahondar la alarmante cifra que da cuenta de 300 mil niños reclutados por grupos armados y ejércitos.

Lamenta que esta práctica haya continuado en ambos lados, como lo demuestra el hecho que el Ejército, violando la ley que prohíbe las levas y el servicio militar obligatorio, siga reclutando niños, como lo testimonió la muerte de un menor en un ataque terrorista reciente y el informe de la Defensoría del Pueblo que da cuenta de 120 menores reclutados.

Carpio llama la atención del por qué siempre los menores reclutados provienen de las zonas quechuahablantes o amazónicas, donde las personas no tienen poder para denunciar y se pregunta, ¿por qué no se van a reclutar a los colegios de La Molina, San Isidro o Miraflores?

Por otro parte -precisa- los remanentes senderistas optan por reclutar a menores, pero mucho más pequeños y explica que ello es un crimen de guerra reconocido en el Protocolo Facultativo contra la utilización de niños en Conflictos Armados u otros tratados internacionales que obligan al Estado peruano a actuar inmediatamente, ni bien informado.

¿Cómo? Carpio indica que los niños deben ser recuperados para que regresen a la escuela, y los responsables de haberlos reclutado deben ser enjuiciados, debido al daño ocasionado. Los menores deben recibir apoyo psicológico y social, por haber estado aislados de sus familias y realizado acciones impropias de su edad. Sin embargo, y según sus palabras, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social no cumple con su rol, en ninguno de los dos casos.

Carpio sostiene que cabe preguntar por qué se reclutan niños en el mundo y en el Perú. Y responde “porque todavía no se toma conciencia que tienen derechos, se les sigue viendo como subordinados, porque hay una cultura de violencia en nuestro país contra ellos; entre seis y ocho de cada diez niños sufren algún tipo de violencia, es muy alto”.

Con ella conversó LA PRIMERA a raíz del Amicus Curi que presentó su institución junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con el objeto que los jueces del país tengan la suficiente información de la legislación nacional e internacional para procesar a los miembros de grupos armados y a sus dirigentes recientemente detenidos por los cargos de secuestro y reclutamiento forzoso de niños para que participen en acciones de guerra.

Triste tradición
Carpio insiste que en el Perú hay una tradición de reclutar menores, primero, por parte de las Fuerzas Armadas por medio de las levas antes que el servicio militar sea voluntario, desde 1999.

Recuerda que los menores reclutados a la fuerza por SL en las décadas de los 80 y 90 actuaban como vigías, llevando municiones o participaban en enfrentamientos.

En esa época, refiere, se formaron comités de autodefensa en las comunidades campesinas, también, integradas por menores, al igual que sucedía en las Fuerzas Armadas que operaban en la selva ayacuchana y en la zona del VRAE.

Comenta que los niños declararon, tal vez instruidos por sus superiores, que tenían 18 años y sólo se logró que el Congreso formara una subcomisión que no cumplió su objetivo.

“Este año se ha destapado el tema a partir de la muerte de un menor en la zona del VRAE, en enfrentamientos con los remanentes senderistas, que los niños eran reclutados” y justo después que el Ejército había dicho que esto no va volver a suceder, que los niños regresarán a sus casas.

Lamentablemente, dice, no existe un reglamento de la ley que prohíbe el reclutamiento de menores por el Ejército. Por ende, no están establecidas las sanciones para un funcionario del Estado que ha violado la ley que prohíbe enrolar menores, como sí pasa en Paraguay.

Agrega que el Estado peruano debe adecuar la legislación a la Convención de los Derechos del Niño como el Protocolo Facultativo que no establece sanción para el caso de un ejército regular, pero sí prohíbe el reclutamiento.

Sobre el tema, la Defensoría del Pueblo informó que las autoridades justifican la presencia de menores en las Fuerzas Armadas asegurando desconocer su verdadera edad o que éstos decidieron enrolarse por propia voluntad. En Pucallpa, por ejemplo, los reclutamientos se dan en la plaza “Miguel Grau”, a donde acude personal de bases militares de las zonas de Ayacucho, Huánuco, Tingo María, Junín, Cusco, entre otras.

Carpio enfatiza la necesidad de conocer qué acciones realizan la Fiscalía y el Ministerio de la Mujer en el caso de niños reclutados por grupos terroristas y el Ministerio de la Mujer, para su recuperación.

Plantea que los niños no sean llevados a albergues ni acusados de infringir la ley, pues ellos fueron forzados. “Hay casos fuera del país, como el de Colombia, para analizar y estudiar”, asevera y pide que el gobierno mejore los servicios educativos y sociales a fin de evitar que muchos padres opten por no recuperar a sus hijos reclutados porque dicen que aunque sea están comiendo.

Con ella coincide Ana María Mosquera, del programa “Acción por los Niños”, quien advierte que, al ser reclutados, los menores sufren la violación de sus derechos fundamentales y exponen sus vidas, por lo que el Estado peruano debe emitir un pronunciamiento al respecto.

Es un conflicto
Carpio resalta que probablemente las autoridades peruanas no quieren reconocer que hay un conflicto interno, porque temen que las fracciones senderistas que aún operan, puedan ser reconocidas como una fuerza beligerante y tener el status correspondiente.

Pero recalca que, para evitar la impunidad de sus miembros, está el Ministerio Público para denunciarlos, el Poder Judicial los procesa y si los encuentra culpables, el Estado peruano puede alertar internacionalmente sobre sus crímenes para que no puedan acogerse al asilo político y sean reos de procesos en tribunales como La Corte Penal Internacional, teniendo como antecedentes los juicios seguidos contra dos líderes del Congo y Uganda por casos de niños reclutados.

Delito: Trata de Personas
Para la asociación que estudia la Trata de Personas, CHS Alternativo, el accionar de los subversivos que utilizan a menores en hechos violentos, así como el secuestro de toda una población constituye un claro caso de Trata de Personas.

Ello porque la explotación a la que es sometida esta población vulnerable y los menores viene acompañada de una pérdida de libertad cuyo objetivo es brindar beneficios materiales a sus captores.

Asimismo, advierte que el movimiento económico del negocio ilegal ha traído a la zona del VRAE la propagación de bares y centros de diversión en la que adolescentes son explotadas sexualmente, siendo los narcotraficantes los principales consumidores de sexo joven en esta zona.

Para CHS la Trata de Personas puede ser asociada a estas formas de reclutamiento que no sólo privan de libertad a sus víctimas sino que también ponen en riesgo sus vidas.

En Colombia la legislación reconoce como Trata de Personas el reclutamiento de menores por grupos armados, del mismo modo, está considerado por la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y de allí surge la duda.

Menores mochileros
La directora de Save The Children comenta que el mismo narcotráfico (asociado hoy a los remanentes senderistas) recluta menores como “mochileros” (encargados de transportar droga) de comunidades de Huánuco o Ayacucho que están bajo el dominio de determinado cártel, por lo que existen pugnas con éstos que les impide utilizar niños de una comunidad “enemiga”.

En este sentido, aclara que ello es una explotación laboral siempre y cuando los menores hayan sido secuestrados o desplazados de sus lugares de origen con engaños, lo que constituiría delito de Trata de Personas, pues en caso contrario se trataría solamente de trabajo infantil.

Aunque -Carpio aclara- lo importante sería denunciar a los narcotraficantes por el delito de secuestro, pues entre los crímenes de guerra no está incluido el delito de Trata de Personas porque éste tiene leyes específicas. En la Trata de Personas, el explotador busca lucrar del menor, lo que no se produce con el reclutamiento por un grupo armado que persigue usarlo en actos violentos.

Ana María Mosquera, coordinadora del programa “Acción por los Niños”, revela que el narcotráfico no sólo los recluta como “mochileros”, sino para la “pisa” de la coca y sostiene que de ser el menor desarraigado de sus padres, se estaría cometiendo Trata de Personas en la modalidad de explotación laboral; en el que el consentimiento del menor no es válido. Aunque afirma que, en todo caso, se puede estar, además, ante un secuestro agravado.

Carpio manifiesta que muchos de los menores “mochileros” hacen ese trabajo ilegal a cambio de unas zapatillas o de un pasaje a Lima y a vista y paciencia de la población y de la policía que, cuando los detiene, al parecer los libera de inmediato, por ser niños.

“Habría que verse si los narcotraficantes no sólo los están reclutando para cometer actos ilícitos, sino también si les dan armas para vigía o para que incurran en acciones violentas”, acota.

Vilma Escalante
Redacción

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