La salud, otro sufrimiento

Hay quien quiere exigir a los médicos que pregunten por el estatus migratorio de los pacientes para disuadirles de visitar urgencias. De los 43.6 millones de ciudadanos sin seguro, menos de 7 millones son indocumentados.

Por Diario La Primera | 11 ago 2010 |    
La salud, otro sufrimiento
La protesta hizo retroceder en algo la Ley Arizona, pero el peligro subsiste.

El coste se debe por tanto, en su mayoría, a ciudadanos norteamericanos que no tienen seguro. Como en cualquier otro problema con dos argumentos opuestos, el coste que supone a Estados Unidos la cobertura médica de inmigrantes indocumentados es foco de miradas encontradas. Tan pronto como una publicación revela datos de listas de espera por la afluencia de personas sin seguro, las organizaciones pro-inmigrantes salen al paso con informes que demuestran lo contrario. El resultado, la confusión de profesionales y pacientes en un tema tan arriesgado como la sanidad.

Acceder a un seguro médico en Estados Unidos -a la espera de que se implanten en 2014 los cambios aprobados por la reforma- depende en primer lugar de que la persona tenga documentos para vivir o trabajar en el país. Después entran en juego los recursos económicos, si su puesto de trabajo le ofrece cobertura y, finalmente, el lugar de residencia. La legislación está atada a regulaciones estatales. Y el acceso a medicamentos tan sencillos como los relacionados con la diabetes se convierte en una lotería.

Para los que no tienen seguro el último recurso es siempre acudir a urgencias. Y el coste que supone la atención médica a inmigrantes indocumentados es uno de los argumentos de muchos estados contra la inmigración ilegal. “En urgencias no se pueden negar a atender a nadie porque existe una ley federal que lo exige”, explica Alicia Wilson, directora ejecutiva de La Clínica del Pueblo, en Washington, D.C. “Pero lo que vemos en la realidad es que se hace lo básico para salvar vidas y cuando se trata de acceder a un tratamiento concreto, lo que se hace es salir del paso”.

“Los médicos están obligados a tratar a cualquiera que entre en urgencias, pero no a preguntar por su estatus migratorio. Tampoco queremos hacerlo, estamos en contra de jugar cualquier papel en materia de inmigración”, declara David Austin, asesor legal de la Coalición de Condados Fronterizos con México.

Ante la presión migratoria y su efecto en los hospitales locales -la coalición estimó en 200 millones de dólares la atención médica a indocumentados-, los 24 condados del sur del país unieron sus fuerzas en 2003. Lograron la aprobación de una ley que creaba un fondo económico que devolviera a los hospitales esos costes. El plazo de 5 años ha terminado, muchos estados agotaron los recursos y la renovación de la ley coincide ahora con el debate de la reforma migratoria.

Reforma sin solución
El acceso de ciudadanos indocumentados a cuidados psiquiátricos en Florida también fue objeto de polémica por empujar a residentes locales a listas de espera. Más allá de las críticas por el impacto económico, hubo quien pidió una ley que obligara a los médicos a preguntar por el estatus migratorio del paciente y entregarlo a las autoridades de no tener permiso para estar en el país.

Dos meses después, un informe mostraba que la asistencia de indocumentados a urgencias no ha hecho más que descender.”Es una acusación muy común, pero también una perspectiva muy simplista de este problema”, explica Wilson. Si tienes una familia con un indocumentado, otro con permiso de trabajo y una ciudadana estadounidense y sólo uno de ellos tiene seguro, al final estás exponiendo a todos al riesgo de enfermedades. Si no cubrimos a todos, el país será menos estable”.

El Center for American Pro-gress argumentó durante la reforma sanitaria que resolver el problema de la inmigración ilegal no acabará con el de acceso sanitario. De los 43.6 millones de ciudadanos sin seguro, menos de 7 millones son indocumentados. El coste se debe por tanto, en su mayoría, a ciudadanos norteamericanos que no tienen seguro.

El gobierno ofrece programas para personas con pocos recursos o para mayores, como Medicare o Medicaid, pero los criterios son muy estrictos y cualquier indocumentado se queda fuera. El hueco lo llenan centros como La Clínica del Pueblo en los que no importa el estatus migratorio a la hora de ser atendido por un médico. “Las opciones para los inmigrantes indocumentados son todavía más limitadas, no hay ningún otro tipo de programa federal para ellos”, afirma Austin.

Cristina F. Pereda
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