La herida aún está abierta…

Casi dos décadas después, los familiares de las víctimas de la Cantuta continúan en la lucha para que se haga justicia.

La madrugada del 18 de julio de 1992, los integrantes del Grupo Colina irrumpieron en la universidad La Cantuta, raptaron a un profesor y nueve estudiantes, los asesinaron y los enterraron en una fosa, luego regresaron para exhumar los cadáveres, quemarlos y volverlos a enterrar en un descampado de Cieneguilla. Desde aquel día, han pasado casi 16 años y la conmemoración de estos hechos encuentra a los deudos de las víctimas en pleno juicio contra el ex dictador Alberto Fujimori, presunto autor intelectual de la matanza, y empeñados en sepultar, por fin, los restos de sus familiares. Los recuerdos persisten.

Por Diario La Primera | 17 jul 2008 |    
(1) Familiares siempre estuvieron junto a las víctimas desaparecidas, porque la esperanza es lo último que se pierde. (2) A Gisela Ortiz el destino le encargó ser vocera de los deudos. (3) Para Raida Cóndor es imposible perdonar a los asesinos de su hijo. (4) Los restos fueron traídos de Francia para el último adiós.
La Cantuta: 16 años después

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Las víctimas 

El profesor Hugo Muñoz y los estudiantes Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Gabriel Mariños Figueroa.

Gisela y Quique
Hace unos días le preguntaron a Gisela Ortiz si el dinero que podría recibir como reparación civil por el asesinato de su hermano Enrique, llenaría algo del vacío que dejó en su vida la pérdida de ese ser querido. Ella respondió con un tajante ¡no!, porque “nada logrará compensar la tristeza que aún tiene mi familia ni la depresión que por este caso me llevó a tener al suicidio como una opción”.

Gisela recuerda a su hermano Quique como un chiquillo alegre, inquieto y coqueto que en vida le trajo algunos problemas con las chicas y que en sueños le mostró el lugar donde estaba sepultado, y que también le informó que la extradición de Fujimori saldría cuando ese sueño terminara.

Desde que ocurrió la matanza ella se convirtió, casi por obligación, en vocera de los familiares, pero después de tanto luchar y en espera de una condena para Fujimori, parece que ese rol ha terminado. “Creo que este es el último año que organizo actividades”, dice confiada en que el fin de esta historia esté próximo.

Raida y Armando
Para Raida Cóndor el destino no tiene favoritos. Por eso nunca ha dudado que los asesinos de su hijo Armando Amaro Cóndor, pagarán por sus culpas con la cárcel. Armando era el mayor de cinco hermanos, estudiaba electrónica porque había fracasado en su intento por ser militar, paradójicamente fueron unos militares quienes le quitaron la vida.

A pesar de tener más de sesenta años, Raida continúa asistiendo a las audiencias en Ate y se aferra a ese mito de que en el Perú la justicia tarda pero llega. “Le prometí a mi hijo que no descansaría hasta ver en la cárcel a sus asesinos. A ellos no les puedo perdonar lo que hicieron con mi Armando. Yo ya estoy mayor, pero quiero dar el último empujón y ver a Fujimori condenado”, afirma Raida para quien la verdadera reconciliación que buscó la Comisión de la Verdad está muy lejana o quizá no exista.

El profesor
Si el profesor Hugo Muñoz viviera, tendría hoy 63 años, estaría a punto de jubilarse y sería un abuelito bonachón con sus nietos. El 'gordo Muñoz', como le decían sus amigos, era un fumador rebelde y amante de los huaynos lastimeros de su natal Huanta, en Ayacucho.

Sus pupilos lo recuerdan como el defensor de los alumnos en las riñas que estos tenían con los militares acantonados en la universidad. Antonia Pérez, su viuda, prefiere olvidar ese día infernal en que Muñoz, el de la sonrisa perpetua, nunca regresó a ocupar el otro lado de la cama. “La nuestra era una familia normal, simple, ambos éramos profesores. Teníamos dos niños. Su desaparición nos cambió la vida. Por las cuestiones judiciales solicité mi cese luego de 22 años de servicio”, señaló la mujer y por ahora prefiere no declarar más por temor a que 'algo' le suceda a ella y a sus hijos.

La sobreviviente
Norma Espinoza Ochoa es la única sobreviviente de la matanza. Ella también fue subida a la fuerza a una camioneta con los demás estudiantes, pero en la puerta de ingreso de la universidad un oficial comprobó que ella no figuraba en la 'lista negra' y ordenó que la arrojen del vehículo. “A mí -cuenta Norma- me bajaron de la camioneta donde los militares habían puesto a los demás. Si los estudiantes y el profesor asesinados tenían culpa de algo, debieron juzgarlos, no matarlos”. Así se salvó.

Gisela Ortiz estuvo el miércoles en la sede del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), en Jesús María, donde le entregaron los restos de su hermano y las otras víctimas. La batalla va a determinar ahora que Fujimori, el principal acusado por el asesinato de decenas de peruanos, sentado en el banquillo de los acusados, está a punto de recibir, por fin, su merecido.

Reparaciones no llegan, las esperanzas no se van
El plazo de ejecución para la entrega de las reparaciones económicas del caso La Cantuta venció en diciembre de 2007, pero hasta ahora la mayoría de los deudos no reciben nada.

“Es una falta de respeto. El Estado es indolente con las personas que hemos perdido a nuestros familiares, que eran sólo jóvenes y estudiantes. El gobierno tampoco ha hecho un deslinde con la dictadura de Fujimori”, declaran los deudos que no pierden las esperanzas de obtener una reparación justa y necesaria. Por ahora, sólo esperan que Fujimori reciba una sentencia que sirva para hacer justicia por todas las muertes y desapariciones ocurridas durante su régimen. “Que el caso sirva de ejemplo, para que este tipo de crímenes no se vuelvan a repetir”, señaló Carmen Oyague, familiar de Dora Oyague, otra estudiante asesinada. Cabe resaltar que en abril último se sentenció a Julio Salazar Monroe, ex jefe del SIN, a 35 años de prisión.

Marcelo Puelles
Redacción


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