La guerra química de Pinochet

En julio de 2007 el juez Alejandro Madrid confirmaba una de las sospechas más terribles sobre la crueldad del régimen pinochetista: el uso de armas químicas para asesinar a los opositores de la dictadura, pero también a partidarios que resultaban incómodos o que habían perdido la confianza de los altos mandos.

Por Diario La Primera | 29 set 2010 |    
La guerra química de Pinochet
(1) Augusto Pinochet llegó a usar la guerra química para la represión. (2) Al ex presidente chileno Eduardo Frei lo envenenaron, según su familia. (3) Eugenio Berríos, el químico de Pinochet.

Alejandro Madrid, uno de los jueces más activos en la investigación de los crímenes vinculados con esta dictadura que duró quince años, condenó a trece ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, la policía secreta creada por el régimen a finales de 1973, cuyos altos mandos fueron entrenados por Estados Unidos en la Escuela de las Américas y que mantuvo una estrecha colaboración con la CIA en sus cuatro años de existencia.

Entre los condenados se encontraban cuatro médicos y tres enfermeras por el asesinato del cabo del Ejército Manuel Leyton Robles, asesinado en marzo de 1977 con gas sarín, un arma química descubierta en Alemania por científicos dependientes del régimen nazi.

Recientemente, los asesinos del encargado de elaborarla durante la dictadura pinochetista, Eugenio Berríos, han sido condenados a prisión y a indemnizaciones millonarias.

El personaje
La historia de Eugenio Berríos recoge muchos de los ingredientes que confluyeron en una dictadura de diecisiete años cuyas consecuencias siguen arrastrándose hoy: asesinatos, desapariciones, narcotráfico, vínculos con mafias internacionales, alianzas “imposibles”… y armas químicas. Porque Eugenio Berríos fue uno de los dos químicos que en los primeros años de la dictadura trabajaron en los laboratorios del llamado Proyecto Andrea, dedicado a desarrollar sustancias mortales que dejaran el menor rastro posible, y que estaba instalado en la casa que el dictador entregó a Michael Townley, un agente de la CIA que ya en 1970 fue el encargado por la agencia norteamericana de formar los dos grupos paramilitares Orden y Libertad y Protección Comunal y Soberanía, con el objetivo de boicotear la presidencia de Allende.

Gracias a la campaña de desprestigio desarrollada por estas dos organizaciones Carlos Prats, el entonces Comandante en Jefe del Ejército chileno, y a quien terminaría asesinando Townley, dimite en 1973 y es sucedido por Augusto Pinochet.

El uso del gas sarín ha sido probado en dos ocasiones: el caso del asesinato del conservador de Bienes Raíces, Renato León Zenteno, y luego en el de Manuel Leyton, un agente de seguridad que había desobedecido órdenes. Se consideró también su posible utilización para el asesinato de Orlando Letelier, para lo cual Michael Townley introdujo en Estados Unidos un frasco de perfume Chanel Nº5 cargado con este gas.

Sin embargo, este tarro como otros permanece en Chile, según las propias declaraciones de este doble agente en Estados Unidos, gracias a las cuales ha conservado su estatus de testigo y evitado así la extradición a Buenos Aires, donde la justicia lo ha requerido para juzgarle por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

En 1978, ante el conocimiento internacional del carácter sangriento de la dictadura pinochetista y con el asesinato en Washington del que ocupara varias carteras en el gobierno de Allende, Orlando Letelier, también a manos de Townley, el gobierno estadounidense de Jimmy Carter presiona para la reconversión del aparato criminal de la policía secreta, que pasa a convertirse en el Centro Nacional de Informaciones (CNI).

Los altos mandos de la organización cambian y el químico que había gozado de prestigio y simpatías, queda sin aliados en la estructura. Según investigaciones del diario La Nación, Berríos se refugia en la panadería de su tía, en una de cuyas habitaciones construye un laboratorio para continuar con sus investigaciones. Poco tiempo después, consigue reengancharse en el Centro Químico del Ejército, dependiente del CNI.

Allí, según varias fuentes, Berríos se encargó de desarrollar otra de las facetas de la dictadura pinochetista que queda por aclarar: la financiación del aparato criminal mediante el tráfico de estupefacientes. Según varias declaraciones de acusados en diversos juicios, Berríos estaba encargado de manufacturar la llamada cocaína negra o rusa, que consistía en mezclarla con sales minerales que eliminaban el olor que permite detectarla.

Corrupción y drogas
En 2006, el que fuera autor intelectual y jefe máximo del DINA, Manuel Contreras, declaró que la fortuna de Augusto Pinochet procedía del tráfico de cocaína, un negocio que gestionaba junto a su hijo menor, Marco Antonio, y el empresario de origen sirio Edgardo Bathich, y que posteriormente era distribuida por un familiar de éste, el famoso traficante internacional de armas y drogas Monser Al Kassar. Según la versión de Contreras, los beneficios eran depositados en las distintas cuentas que el general tenía en el extranjero.

Las cuentas secretas de Pinochet y su familia, descubiertas en el Riggs Bank de Estados Unidos y en bancos de otros países, suman depósitos calculados por la justicia chilena en 27 millones de dólares. Desde enero de 2005, Contreras se encuentra detenido en una prisión especial, cumpliendo una serie de condenas por crímenes y asesinatos atribuidos a la DINA.

A finales de los ochenta, cuando el régimen pinochetista empieza a resquebrajarse, Berríos vuelve a la panadería de su tía, desde donde scontrola sus negocios con el narcotráfico. Pero una estafa de 36.000 euros lo deja en la ruina y ni las anfetaminas que fabrica ni los pastelitos de la panadería consiguen sacarlo de la ruina. Mientras el juez Adolfo Bañados iniciaba la investigación por el asesinato de Orlando Letelier en Washington, y Berríos estaba llamado a declarar.

A principios de los noventa, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) se había convertido en el refugio de muchos de los integrantes del CNI. La justicia asediaba al régimen y esta institución se encargaba de proteger a su gente, pero sobre todo, sus crímenes. Berríos sabía demasiado y por eso la DINE lo tenía vigilado.

A cambio de inmunidad o incluso dinero, podía develar secretos de Estado. Por eso, a comienzos de agosto de 1991, la DINE esconde a Berríos en un sótano del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE). El juez Bañados lo había citado a declarar varias veces sin que apareciera y la policía no lo encontraba.

Dos meses más tarde, la Unidad de Operaciones Especiales del DINE lo traslada vía Argentina a Uruguay, donde miembros del Ejército -seis años después del fin de la dictadura uruguaya- ayudaron a mantenerlo oculto.

Parece ser, que cuando intentaba fugarse de la casa donde lo tenían oculto en el balneario Parque del Plata, cerca de Montevideo, fue asesinado. Su cadáver fue encontrado tres años después, en 1995, con dos tiros en la cabeza y muy cerca del cadáver fueron encontradas cuerdas por lo que se supone que estaba maniatado, lo que concuerda con el único supuesto responsable de su muerte que ha aceptado su participación, el coronel chileno Mario Cisternas Orellana.

Sentencia histórica
El fallo de primera instancia del juez Alejandro Madrid confirmó que Berríos fue secuestrado y asesinado por militares en servicio activo de Chile y de Uruguay, en lo que se considera uno de los últimos episodios del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América en las décadas del 70 y 80, organizado con el aval de Estados Unidos.

Pero con la particularidad de que el asesinato de Berríos se perpetró cuando ya Uruguay y Chile habían recuperado la democracia y Pinochet ostentaba el cargo de comandante en jefe del ejército.

“Es sin duda un fallo histórico porque de una u otra manera viene a cerrar un capítulo de la transición democrática chilena”, expresó el periodista Jorge Molina Sanhueza, autor del libro Crimen Imperfecto. Historia del químico DINA Eugenio Berríos y la muerte de Eduardo Frei Montalva, publicado en 2002.

“En el caso Berríos de alguna u otra manera confluye todo el accionar de una época. Es como si nosotros quisiéramos hablar por antonomasia de todo el poder en las sombras de la dictadura militar. (…) Constituye todo eso: robos de identidades, pagos clandestinos, homicidios, encubrimientos, redes de protección”, agregó. El fallo dice: los uniformados chilenos establecieron “vínculos con militares extranjeros a los que invitan a participar en esta organización delictiva, quienes en algunos casos actúan directamente, y, en otros, colaboran en la perpetración de delitos”.

La muerte del ex presidente Frei
El homicidio de Berríos también está relacionado con la muerte del ex presidente chileno Eduardo Frei Montalva (1964-1970), quien falleció en 1982 por una extraña septicemia después de una operación rutinaria, caso que también es investigado por el juez Madrid. Según las autopsias contratadas por la familia en Suecia, se encontró gas sarín en los restos de Frei.

“Gracias a Berríos, el juez Madrid descubrió el Laboratorio de Guerra Bacteriológico (del ejército), donde se preparaban los venenos que se supone fueron a parar a Frei, se encontró la autopsia de Frei, se pudo conocer el caso de los miristas (integrantes del izquierdista Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR) envenenados en la cárcel pública en 1981_, recordó indicó Molina Sanhueza, quien hoy trabaja en el diario electrónico El Mostrador. “Es algo positivo que se haya condenado a los procesados, toda vez que es la única forma de reparar el mal causado no solamente a los familiares, a quienes represento, sino que también a la sociedad chilena”, dijo por su parte a la radio Cooperativa el abogado de los parientes de Berríos, Thomas Ehrenfeld.

Los condenados
La pena más alta, de 10 años y un día como autor del secuestro con homicidio de Berríos, la recibió el oficial retirado del ejército chileno Arturo Silva Valdés. Por asociación ilícita, en tanto, fue condenado a tres años y un día. Jaime Torres, Manuel Provis, Raúl Lillo y el general retirado Hernán Ramírez, entonces jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile (DINE), fueron sentenciados a cinco años y un día por secuestro, y a tres años y un día por asociación ilícita, excepto Lillo quien obtuvo 100 días por este último delito.

También fueron condenados por secuestro Eugenio Covarrubias, Pablo Rodríguez, Marcelo Sandoval y Nelson Román, quienes recibieron tres años y un día de pena. Por asociación ilícita el primero recibió 541 días y los tres restantes 60 días.

Como cómplice de secuestro fue sentenciado a tres años y un día Manuel Pérez, con el beneficio de la libertad vigilada. El ex fiscal militar Fernando Torres Silva recibió una pena de tres años y un día por asociación ilícita.

Los militares uruguayos extraditados en 2006, el coronel retirado Tomás Casella y el teniente coronel Eduardo Radaelli, fueron condenados a cinco años y un día como autores de secuestro, sin beneficios.

El primero recibió, además, tres años y un día por asociación ilícita y el segundo 61 días por ese mismo delito. El juez Madrid condenó a coronel Wellington Sarli, también uruguayo, a tres años y un día por su responsabilidad en el secuestro de Berríos y a 60 días por asociación ilícita, con el beneficio de la libertad vigilada.

Todas las condenas se suman. Sin embargo, ya la defensa de los militares uruguayos dijo que esta sentencia será apelada ante un tribunal de segunda instancia.

Otras cinco personas fueron absueltas por el juez Madrid, quien debió recibir protección policial en julio de 2009 durante las audiencias públicas del caso, tras sufrir extraños llamados telefónicos y que desconocidos vigilaran su casa.

El fallo ha establecido también que Gladys Schmeisser, viuda de Eugenio Berríos, sea indemnizada con casi un millón de euros por los condenados y dos millones de euros por el Estado chileno.

El querellante Gonzalo Berríos, hermano del agente asesinado, debe recibir unos veinte mil euros del fisco chileno.

Patricia Simón/Daniela Astrada
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