La batalla del aborto

Fuerzas conservadoras, apoyadas por la jerarquía eclesiástica conservadora, que ha excomulgado a quienes aprobaron la ley, alistan ofensiva total para presionar al presidente Mujica a vetar la ley que legaliza el aborto voluntario en Uruguay.

| 21 octubre 2012 12:10 AM | Informe Especial | 1.4k Lecturas
La batalla del aborto
Hubo manifestaciones de júbilo tras aprobación de la ley.
URUGUAY
1467

El Senado uruguayo aprobó el pasado miércoles, por 17 votos a favor y 14 en contra, una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, bajo ciertas condiciones. La norma, fruto de una lucha prolongada que antes se frustró por un veto presidencial, es pionera en Sudamérica y obliga tanto al sector público como al privado a brindar la prestación.

“Es un gran avance porque en el marco legal vigente se consagra el derecho de las mujeres y las obligaciones de las instituciones médicas”, señaló la senadora socialista Mónica Xavier, impulsora del proyecto de legalización del aborto que inició el debate. “El presidente ya dijo públicamente que no vetará esta ley y no cambió de opinión”, declaró a Página/12 de Argentina Gonzalo Carámbula, secretario de Comunicación Institucional del Poder Ejecutivo.

La ley se sancionó en una votación en general y no en particular, ya que había sido aprobada antes en el Senado, pero tuvo modificaciones en Diputados, el pasado 25 de septiembre. El proyecto no despenaliza el aborto en general, pero lo permite si la mujer se acerca al Sistema Nacional Integrado de Salud, que incluye servicios públicos y privados, dentro de las 12 semanas de embarazo.

“Deberá poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso”, dice la ley.

Iván Posada, diputado del Partido Independiente y autor del proyecto que se aprobó ayer, explicó que luego de requerir la prestación, el médico dispondrá el mismo día o el siguiente, la consulta con equipo interdisciplinario.

“Este equipo debe informarla y asesorarla sobre la posibilidad de acceder a la ayuda estatal para no abortar o de dar en adopción al bebé. La idea es que pueda revertir las causas que motivaron esa decisión. Luego se abre un espacio de reflexión de cinco días. Si continúa en pie la decisión, se realiza el aborto”, detalló Posada. Su proyecto fue aprobado por 50 votos a favor y 49 en contra en Diputados.

LAS MENORES
En el caso de las menores de edad, la ley prevé que puedan acceder a la práctica bajo el mismo mecanismo si asisten acompañadas por al menos uno de sus padres, tutores o quien crean que las represente, incluso puede ser otra persona menor. No se precisa aprobación del acompañante.

Si la joven va sola, un juez deberá determinar en un plazo menor a los tres días para resolver si la decisión de la interesada fue solicitada “en forma espontánea, voluntaria y consciente”. El juez convocará a la adolescente y al Ministerio Público para cerciorarse de esto último, antes de avalar la práctica. “El procedimiento será verbal y gratuito”, agrega la ley.

Cuando haya riesgo para la salud y la vida de la madre no habrá límites en las semanas de gestación. Sí para los casos de violación, 14 semanas, además del requisito de una denuncia judicial, que no implicó un veredicto de la Justicia sino sólo la notificación de dicha denuncia.

Los profesionales objetores de conciencia deberán informar su postura a las instituciones donde trabajan, si no lo hacen se entenderá que no tienen inconvenientes en realizar la prestación y la decisión que tomen será la misma para todos los lugares donde trabajen. Sólo las ciudadanas uruguayas o quienes tengan un año de residencia en el país podrán acceder a la práctica.

“La norma se inspira en el modelo alemán, que apunta a una decisión informada y bajó el número de abortos”, aseguró Posada. En Alemania, se permite está práctica bajo las mismas condiciones que en Uruguay desde 1992, aunque se establecen tres días “de reflexión” luego de la consulta interdisciplinaria.

“Yo creo que todas las mujeres embarazadas tienen el derecho de decidir solas y sin tutela del Estado sobre sí mismas y su cuerpo. También después de la semana 12. El aborto tiene que ser seguro, legal y gratuito”, dijo a Página 12 Vivian Szelinsky, activista feminista alemana y asesora del diputado por Die Linke, Alexander Ulrich.

El hecho de que sea gratuito es importantísimo, ya que en Estados Unidos el aborto es legal desde 1973, pero muchas mujeres no acceden a la prestación porque no tienen seguro médico o el que tienen no lo cubre. Cuando el presidente Barack Obama logró la aprobación en el Congreso de un sistema público de salud, debió retirar la subvención a esta práctica para poder conseguir el apoyo de la bancada republicana.


Presidente Mujica presionado para que vete la nueva ley.

LAS VÍCTIMAS
“La lógica tutelar del Estado primó en la discusión, cuando en verdad nos basábamos en el derecho de la persona, pero dimos un gran paso”, opinó Marisa Marmissolle, coordinadora de la bancada femenina bicameral del Congreso uruguayo.

Según señaló Cristina Grela, titular del área de Mecanismos de Género del Ministerio de Salud uruguayo, el debate por el aborto se relanzó en 2002 cuando 14 mujeres murieron en ese país por realizarse esta práctica en la clandestinidad.

“Un grupo de médicos del Hospital Pereira Rosell denunciaron que las chicas llegaban tarde a atenderse y se morían sin que ellos pudieron evitarlo. Y que en algunos lugares las esposaban porque las consideraban criminales. Así nació el Grupo de Iniciativas Médicas contra el Aborto en Condiciones de Riesgo”, repasó Grela, una de las fundadoras de Católicas por el Derecho a Decidir.

El Grupo de Iniciativas Médicas presionó para que la consultas por abortos sean confidenciales y bajo secreto médico, norma aceptada por el Ministerio de Salud en 2004. Luego insistieron en la sanción de la ley 18.426 de Salud Sexual y Reproductiva, cuyo capítulo sobre aborto fue vetado en 2008 por el ex presidente Tabaré Vázquez.

“Pero no vetó un artículo que permitía las iniciativas sanitarias para evitar abortos en condiciones de riesgo. Entonces se pudo empezar desde las áreas de salud sexual, en los centros de salud, a dar consejos para realizarse un aborto con misoprostol y recibir a las mujeres luego de que se lo hicieran”, dijo Grela.

La nueva ley deberá reglamentar la prestación en los 19 departamentos (provincias) que tiene Uruguay. “Y también habrá que imponer las sanciones o multas para los centros de salud que nieguen o dilaten la prestación, para lo que se puede aplicar la normativa vigente en casos de incumplimiento de servicio. Si en un departamento no existen recursos humanos disponibles con la orientación que la ley prevé, deberá avanzarse en las contrataciones”, aseguró la senadora Xavier. La reglamentación correrá por parte del Ministerio de Salud, cuyos titulares ya se manifestaron abiertamente a favor de brindar la prestación.

“Vamos a utilizar las mismas consejerías sobre salud sexual y reproductiva. Lo que cambia es que ahora vamos a poder brindar el misoprostol, cuando antes muchos lo recomendaban, pero la calidad podía variar por tratarse muchas veces de un mercado negro”, adelantó a Página/12 la encargada de coordinar la reglamentación, Leticia Rieppi, titular del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Ese ente será el contralor de la aplicación de la ley en el sistema de salud público, que funciona descentralizado, y el privado.

Rieppi aseguró que la reglamentación será consensuada con las sociedades de obstetricia y ginecología y el colegio de enfermeros; también con el movimiento de mujeres y algunas dependencias del Ministerio de Salud. “El año pasado capacitamos a 200 personas del área de Salud Sexual. Tenemos el orgullo de que en 2009, 2010 y 2011 no muriera ninguna mujer por este tema pero en 2012 murieron dos chicas que no se animaron a ir al hospital. Por eso la ley es importante; podría ser mejor, pero es lo que tenemos y sabemos cómo utilizarla”, dijo Rieppi.

LA CONTRAOFENSIVA
Al día siguiente de aprobada la ley, el dirigente conservador Carlos Iafigliola, acompañado por legisladores y otras personalidades, lanzó la Comisión Nacional Pro-Derogación de la Ley de Aborto, la cual analizará y discutirá los caminos posibles para dejar a la norma sin valor constitucional.

“Después de la mala señal que dio el Parlamento al aprobar esta ley que atenta contra la vida, vamos a trabajar buscando la derogación”, dijo Iafigliola, quien invitó a participar al presidente José Mujica, invocando su discurso del 19 de junio, en el que invitó a todos a reflexionar sobre el valor de la vida. “Le decimos que tiene la posibilidad de ser coherente con sus palabras y hacer el accionar el mecanismo de veto”, argumentó.

Si el presidente no acciona el veto, la comisión no descarta ningún camino, incluyendo el referéndum que ya impulsa el diputado nacionalista Pablo Abdala y que genera controversia inclusive en el campo conservador.

Los llamados anti-abortistas no se resignan a perder la batalla y proyectan inclusive recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, argumentando que la nueva ley viola la Constitución al no proteger la vida, cautelada por la Carta Magna.

También podrían apelar al Pacto de San José de Costa Rica, al cual Uruguay está suscrito, y que establece que la vida humana comienza en el instante de la concepción, y alegarían que la ley del aborto viola este principio.

El movimiento de rechazo tiene el apoyo de la Iglesia Católica, que el viernes excomulgó a los legisladores que votaron el proyecto de ley de despenalización del aborto y la Vicaría de la Familia y la Vida de la Arquidiócesis de Montevideo, ante lo cual expresó su “profundo dolor y rechazo a la Ley”.

El secretario de la Conferencia Episcopal Uruguaya, Monseñor Heriberto Bodeant (Obispo de Melo) explicó que la medida fue automática porque los excomulgados impulsaron prácticas contrarias a la vida”.

La Vicaría de la Familia y la Vida de la Arquidiócesis de Montevideo emitió un comunicado en el que expresa “su profundo dolor y el rechazo a esta ley” que “va contra el primer derecho humano que es el derecho a la vida, contradice la Constitución de la República y el Pacto de San José de Costa Rica, es una agresión al ser humano más inocente, y por lo tanto a la sociedad uruguaya en su conjunto y es una ofensa a Dios Creador”.



EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES EL ABORTO ES ILEGAL
El panorama en América Latina

El aborto en América Latina es legal, aunque el embarazo no implique un riesgo para la salud de la mujer o sea producto de violación, solamente en Cuba, México DF, Guyana y ahora Uruguay. En el caso de Cuba, está permitido hasta la décima semana de gestación y, a partir de ese momento, por complicaciones médicas.

En la capital mexicana fue aprobado en 2007 hasta las 12 semanas por 46 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención. La norma, que reformó el Código Penal, fue apelada y la Corte Suprema de Justicia mexicana dictaminó por ocho votos contra tres que era constitucional.

En Argentina, este año el máximo tribunal de Justicia autorizó la práctica de abortos en los casos de violación, sin necesidad de autorización judicial previa. Los jueces remarcaron la necesidad de que los casos no sean judicializados y exhortaron a implementar los protocolos hospitalarios necesarios para que todas las ciudadanas que se encuentren en esa situación puedan interrumpir su embarazo.

En Colombia, la práctica es permitida desde 2006, a partir de una decisión de la Corte Constitucional para tres casos: violación, malformación del feto y riesgo de muerte para la madre.

En Ecuador, la Asamblea Legislativa comenzó este año a discutir una norma sobre aborto no punible. Sin embargo, la iniciativa quedó nula luego de que el presidente Rafael Correa advirtiera que vetaría “cualquier artículo sobre el aborto que vaya más allá de lo que ya existe en el Código Penal”, que establece excepciones de penalidad en caso de violación a una mujer demente o con retraso mental.

En Chile, la posibilidad de aprobar legalmente el aborto terapéutico fue obstaculizada en abril pasado luego de que el Senado rechazó tres iniciativas parlamentarias que cumplían su primer trámite en el Congreso.

En tanto, en el Perú el aborto terapéutico no se aplica por falta de un protocolo para su ejecución, bloqueado por presiones religiosas y conservadoras que hasta cierran el paso a la píldora del día siguiente

Las leyes bolivianas permiten que el embarazo sea interrumpido en casos de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto o cuando la vida de la mujer está en peligro, aunque en todos los casos hace falta una autorización judicial.

En Paraguay y en Venezuela el aborto es ilegal a excepción de casos en los que el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer, mientras que en otras situaciones la ley castiga con prisión tanto a las mujeres como a los médicos que los realicen.

En Guyana, en 1995, el aborto comenzó a ser legal, si se practica durante las primeras ocho semanas del embarazo; entre la octava y la décimoprimera, si hay riesgos médicos; y entre las semanas 12 y 16 si la salud de la mujer o el feto están en peligro.


Emilio Ruchansky


¿Quieres debatir este artículo? prueba abriendo un tema en nuestros foros.

En este artículo: | |


...
Diario La Primera

Diario La Primera

La Primera Digital

Colaborador 1937 LPD