Jugando con fuego

Mientras en las capitales andinas los diplomáticos se debaten en acusaciones, retiros y consultas, en las fronteras nacionales se producen frecuentes incidentes policiales y militares. Con la firma del Acuerdo militar, Washington consigue equilibrar una situación geopolítica que le era, hasta entonces, adversa. El tema quedó temporalmente al margen de Unasur. Como este Informe señala, el uso de las Bases de Palanquero, Apiay, Tolemaida, Málaga, Malambo y Cartagena, puede ser el detonante que rompa con la débil estabilidad fronteriza y regional.

Por Diario La Primera | 21 ago 2009 |    
Jugando con fuego
(1) Podría producirse el desplazamiento de las FARC a territorio peruano. (2) El acuerdo militar ha agravado de la crisis Colombia-Venezuela.
Bases militares en Colombia

Con motivo del reciente inicio del segundo mandato de Rafael Correa, los asistentes a la III Reunión Ordinaria del Consejo de Jefes de Estado de Unasur no discutieron el Acuerdo en materia de Cooperación y Asistencia en Defensa y Seguridad, entre EE.UU y Colombia. Queda pendiente para la próxima reunión de Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, fijada en principio para el próximo lunes, en Bariloche, Argentina. Tal vez la intensa gira previa del presidente álvaro Uribe, logró neutralizar la propuesta boliviana de solicitar la condena al acuerdo, por sus implicancias para la estabilidad regional.

La presencia del Comando Sur en territorio colombiano tiene un impacto que trasciende al conflicto armado y al propio narcotráfico. Por un lado, como ha ocurrido con el “Plan Colombia” (2000/2005), no podrá romper la salida de la droga. Por el otro, reduce las posibilidades de una salida negociada y alimenta una lógica de “privatización” de la guerra, con la presencia de contratistas y grupos privados , así como los propios grupos irregulares ilegales. La pregunta es: ¿afecta la estabilidad regional? Analistas como Alfredo Rangel se han pronunciado en contra de esta posibilidad . Consideramos que en las áreas de frontera, ocurrirá todo lo contrario. Es de prever que los 6,300 kilómetros de frontera verán el aumento del accionar militar de las FF.AA de Colombia y el riesgo de comprometer a otras. La comunidad regional podrá atestiguar el deterioro de las relaciones entre las cancillerías andinas. Desde el 2008, han sido frecuentes los incidentes militares en los 2,219 kilómetros de frontera Colombia-Venezuela y en los 520 kilómetros del borde con Ecuador. El ataque de aviones colombianos al campamento de “Raúl Reyes” de las FARC (Angostura, marzo del 2008), rompió las relaciones entre Quito y Bogotá. En el borde fronterizo se ha producido el aumento de las tropas de ambos países. En agosto de 2009, once soldados ecuatorianos fueron devueltos después de haber cruzado la frontera.

La Historia no engaña
Para analizarlo con mayor precisión, debemos evaluar la experiencia del Comando Sur en el período de la FOLS3 en Manta, Aruba y Curazao (1998/2008). Recordemos el rol del General Manuel Antonio Noriega y la posterior invasión de Panamá, en diciembre de 1989. A finales de los años 80, ocurrió algo similar con los severos impactos ambientales ocasionados por el uso por los marines de los campos de tiro en Viáquez, Puerto Rico. Otro ejemplo más reciente, es el mal uso que se le dio a la Base de Guantánamo, Cuba y los presos talibanes allí detenidos y torturados. Existen evidencias dejadas sobre los impactos provocados por el uso de la Base de Manta, Ecuador, particularmente, el hundimiento de pesqueros ecuatorianos (2001/2003), captura de emigrantes, la militarización de la frontera y como no, la ruptura de las relaciones entre Quito y Bogotá. Así pues, la historia reciente enseña que la cooperación militar y peor aún, el establecimiento de instalaciones de EE.UU, terminan afectando las relaciones vecinales.

En las épocas de mayor militarización de la Guerra contra las Drogas en América Latina, el narcotráfico ha seguido operando. Tanto en el período de apogeo y caída de los carteles de Medellín de Pablo Escobar (1993) y Cali de los Hermanos Rodríguez Orejuela (1996), como ahora, con la fase de transición y el control de las rutas a EE.UU por parte de los grupos mexicanos a través de los diversos carteles que hoy se encuentran en guerra con el gobierno de Felipe Calderón.

El argumento del Pentágono para tener el acuerdo, es fortalecer la interdicción antidroga y la guerra contra el terrorismo, pero los críticos aducen que será multipropósito, pues su mandato es muy vago y ambiguo: contra las FARC, contra Chávez, pero también para asegurar el acceso a la Amazonía, lo cual puede provocar una escalada a la carrera armamentista que ya estamos observando en la región. Mientras, México aplica la misma receta del Plan Mérida, Colombia no decide la posible reelección de Uribe y el Plan Colombia II (US$ 520 millones) pero sí quiere disponer de un peligroso convenio de 10 años de duración que incluye entrenamiento, operaciones de contingencia y procedimientos conjuntos. Existen pues elementos del acuerdo, que ponen en duda su idoneidad para la seguridad regional.


Impactos negativos a los acuerdos Colombia-EE.UU.
1. Pueden ser los puntos para que EE.UU realice acciones más sofisticadas mediante el uso de tecnología militar, especialmente dirigidas contra gobiernos de Quito, Caracas o La Paz;

2. Terminan afectando la soberanía nacional, como lo pudo comprobar el presidente Rafael Correa, los meses previos a los hechos de Angostura (marzo 2008), por el uso de servicios de inteligencia policial ecuatorianos para Washington.

3. Deterioran la situación de DD.HH. en zonas convulsionadas por los cultivos ilícitos, el conflicto mismo, la presencia de actores irregulares y la privatización de la guerra, como ocurre en el VRAE o Nariño;

4. Reproducen las operaciones del narcotráfico a otras zonas similares, como ha ocurrido en Selva Central en Perú, el departamento de Nariño en Colombia o Chuquisaca, para la cannabis proveniente de Bolivia.


La paz regional bajo amenaza
Existe un escenario muy complejo en el “ajedrez” sudamericano, como para que las facilidades a los militares norteamericanos, sean sólo un asunto doméstico. Mientras que organismos como la CAN o Unasur, no pueden tomar decisiones para aliviar el panorama, las relaciones bilaterales están polarizadas: Colombia tiene difíciles relaciones con Venezuela y Ecuador; el Perú de Alan García, choca permanentemente con el gobierno de Evo Morales, por interferencias y asilos concedidos.

La negociación del convenio duró tan solo cuatro meses y estuvo fuera del control político del Congreso colombiano, como sucedió antes, en el caso peruano con la flexibilización de las condiciones para el ingreso de tropas de EE.UU. en el VRAE (2008, 2009), lo cual pone un manto de duda sobre su análisis y reflexión.

Una primera “baja” ha sido el congelamiento de las ya tensas relaciones entre Colombia y Venezuela, afectando ahora sí el intercambio comercial. El tema se ha convertido en un “caballito de batalla” de Chávez en la región, al igual que con la crisis en Honduras. Caracas decidió reemplazar sus necesidades comerciales, con importaciones de carne y carros argentinos. Del lado colombiano de la frontera, los departamentos de La Guajira, Santander y Arauca, dependen del combustible venezolano y la crisis repercutirá en las economías locales. La espiral de deterioro es antecedida por las acusaciones por pérdida de armas venezolanas aparecidas luego en poder de las FARC. Las constantes críticas por el escaso esfuerzo antidroga que -según el Departamento de Estado norteamericano- realiza el gobierno de Hugo Chávez, ha contribuido al distanciamiento, lo cual es usado por los sectores más belicistas en Bogotá, como el ex ministro de Defensa y posible candidato presidencial, Juan Manuel Santos. En tales condiciones, el tema de las bases militares ha distanciado más a los vecinos. El que los Estados de frontera como Maracaibo, Táchira y Apure, estén en manos de la oposición y exista más de 1 millón de colombianos viviendo allí, la hace aún más estratégica para Caracas al momento de evaluar la presencia militar de EE.UU en sus bordes.

Un último factor de carácter geopolítico, es de interés para el Comando Sur: el monitoreo y control sobre los recursos naturales y su libre accesibilidad: ver intereses de Petrobrás, ECOPETROL y Petroperú en frontera. Las operaciones Partnership Of Americas 2008 y 2009, y la reactivación de la IV Flota que opera alrededor de nuestras costas marítimas, van en esa línea. El Trapecio Amazónico de la frontera tri nacional -entre Leticia, Tabatinga y Santa Rosa-, y los 1,600 kilómetros de frontera fluvial en el río Putumayo, constituyen parte del interés estratégico del Comando Sur. Es la retaguardia de las FARC y donde se realizan operaciones antidrogas. Los gobiernos de Lima y Bogotá comparten visiones sobre la seguridad en la región y Torre Tagle ya habría tomado la decisión de apoyar a Bogotá. Esto puede rebotarle en la cara a la seguridad nacional, si se produce el incremento de las acciones de la fracción senderista Proseguir, una presencia más visible de las FARC en el país o, lo que puede preverse será una de las consecuencias del incremento de la presencia del Comando Sur, el aumento del narcotráfico en el VRAE y otras zonas del país.

Ricardo Soberón Garrido
Colaborador

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1 Analista internacional, Centro de Investigación “Drogas y DDHH”.
2 “Los Rastrojos” las “Aguilas Negras”, de un lado, Dyncorp, Arinc, Oackley Network, ITT, del otro.
3 Fundación “Seguridad y Democracia”, http://www.seguridadydemocracia.org/
4 Forward Operational Locations
5 Reconocimiento de la importancia del corredor fluvial del Caquetá, Putumayo y Amazonas, para la salida de la cocaína con destino a Manaos y Africa Occidental, y de allí a Europa.


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