Inocentes que pagan por delitos ajenos

En el Perú, más de 700 mil ciudadanos comparten similares nombres y apellidos con otros. Todos corren el riesgo de ser detenidos por un delito que no cometieron, mientras que –caso aún más vergonzoso para el sistema judicial peruano– algunos llegan hasta la cárcel por la deficiente identificación del presunto autor de un delito, investigación a cargo de la Policía y del fiscal que ordena una detención tan sólo presentando la ficha de identificación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) del presunto delincuente. Realidad conocida pero, increíblemente, no solucionada, mientras muchos pierden su libertad por un delito que nunca cometieron.

| 22 abril 2008 12:04 AM | Informe Especial | 31.9k Lecturas
Inocentes que pagan por delitos ajenos
(1) Familiares de Virginia Andrea Jara exigen con carteles que acabe la pesadilla con su inmediata libertad. La detenida es madre de dos niños. (2) La persona de la izquierda fue detenida el 12 de abril, por el delito de narcotráfico, cometido por su homónimo Víctor Salazar (el de la derecha). (3) Nancy Solier fue detenida el año pasado por el delito de homicidio. (4) Enrique Palacios, esposo de Virginia, no se rinde.
La homonimia y la deficiente investigación de las autoridades para identificar a un delincuente destrozan muchas vidas de peruanos.

Más datos

DATO

Requisitos para obtener Certificado de Homonimia

- Partida de nacimiento original
- Copia de DNI y/o Libreta Militar, debidamente legalizada
- Pago de especie valorada al Banco de la Nación
- Dos (02) fotografías tamaño carné (de frente)
- Declaración jurada del solicitante

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Víctor Salazar Sánchez, peluquero de profesión, fue puesto tras las rejas el 12 de abril de este año, sólo por llevar el mismo nombre de un delincuente perseguido por la justicia por estar vinculado a un caso de narcotráfico. Sin embargo, en este caso, el detenido sí conocía la duplicidad de su nombre con la del peligroso sujeto, por lo que contaba con un certificado de homonimia, el cual al ser detenido no le sirvió de nada, ya que las autoridades policiales y judiciales hicieron caso omiso al documento.

Para Imelda Tumialán, jefa del Programa de Protección del Derecho en Dependencias Policiales de la Defensoría del Pueblo, el caso de Víctor Salazar es un claro ejemplo de la deficiente identificación por homonimia de parte del Estado, ya que el mandato que ordenaba la detención de Salazar Sánchez no especificaba datos importantes que hubiesen impedido la confusión, como la edad del verdadero requisitoriado o sus características físicas, las cuales sí figuraban en la ficha del procesado.

Otro caso que generó gran revuelo en nuestro país fue el de la peruana Nancy Solier Gonzáles, de 28 años, madre de familia que fue detenida en Chosica por supuestamente haber cometido un crimen en Argentina, pese a que nunca salió del país.

Según el Informe de Migraciones, la acusada no tenía registro de salida y ni siquiera contaba con un pasaporte, todo lo cual no impidió que pasara varios días encerrada a pesar de las movilizaciones de organismos de derechos humanos para que fuera liberada.

Su abogado, Carlos Cárdenas Borja, dio a conocer que el 23 Juzgado Penal de Lima, que despacha la jueza Ana Julca, le cambió la orden de detención por la de comparecencia, por lo que ahora tiene que acercarse todas las semanas a firmar un documento, algo que aún es injusto, pues todo indica que Solier es inocente en este caso.

¿Qué hacer?
La Defensoría del Pueblo, a través del Programa de Protección del Derecho en Dependencias Policiales, se encarga de desarrollar políticas de promoción, protección y respeto de los derechos de las personas privadas de libertad en establecimientos policiales, así como de ejercer la función de supervisión mediante actividades de investigación y capacitación en derechos humanos y función policial.

Es por ello que, para la encargada de esta área, Imelda Tumialán, es importante identificar y diferenciar los casos de homonimia, y los casos de deficiente identificación del presunto autor de algún delito. Mejor, empezar por definir ambos casos. En el primero, los nombres y apellidos del requisitoriado y del detenido son iguales. Sin embargo, en el segundo caso, pueden coincidir los apellidos y uno de los nombres del requisitoriado, pero a falta de una básica investigación de parte de la Policía, tan sólo con la ficha Reniec del supuesto delincuente procede una orden de detención. Aunque suene increíblemente injusto.

Pruebas de tal injusticia
Esto ocurrió con Virginia Andrea Jara Flores, quien, tal y como lo informara el día de ayer LA PRIMERA, fue detenida el viernes 11 por supuestamente abastecer de pasta básica de cocaína a dos sujetos en Huánuco. Es que los detenidos en la provincia de Bolognesi sindicaban a Virginia Jara Flores como propietaria de tierras de cultivo en Huánuco y pozos de maceración de coca, lo que hubiese sido comprobable por la Policía (si hubiera una adecuada investigación), ya que Virginia Andrea es una madre de familia, bióloga de profesión, que no tiene tierras al interior del país. Y que además, más alarmante es conocer que con el nombre de Virginia Jara Flores figuran siete personas más en el Reniec.

Tumialán asegura que la Defensoría viene siguiendo el caso de Virginia Andrea y considera que existe una deficiencia en mesa de partes, “ya que no hacen nada para seguir el caso”, por lo que se vienen haciendo las coordinaciones para resolver este proceso.

Los familiares de Virginia Andrea Jara exigen la liberación de la procesada, pues consideran que se cometió una injusticia contra ella, que podría ponerla tras las rejas mucho tiempo más. Aunque, igual, estos días en prisión son una pesadilla que no olvidará…

Debemos saber cuándo podemos ser detenidos

1. ANTE UNA DETENCIÓN
Sólo y únicamente la Policía puede efectuarla en dos casos: en flagrante delito y por mandato judicial (escrito y motivado). Por un plazo de 24 horas, pero en casos de tráfico ilícito de drogas y terrorismo hasta por 15 días. Si se excede del plazo la autoridad policial, usted puede acudir a las oficinas de la Defensoría del Pueblo o interponer un proceso de hábeas corpus.

2. POR MANDATO DE DETENCIÓN
La orden de captura del juez debe contener todos los datos de identidad de la persona procesada y requerida (generales de ley). Siendo de carácter obligatorio: nombres y apellidos completos, edad, sexo y características físicas: talla y contextura.

3. HOMONIMIA
Cuando una persona tiene los mismos nombres y apellidos de otra persona que se encuentra con orden de captura. Ante ello, deberá alegar ante la Policía, para que luego de identificar la homonimia, formule un documento y lo ponga a disposición de la autoridad judicial. Si la persona fue detenida en el lugar donde se halla el expediente, lo pondrá a disposición de la autoridad judicial solicitante. Si está en otra sede judicial, será puesto a disposición del juez penal o mixto de turno. La autoridad judicial deberá resolver en 24 horas la situación jurídica de la persona detenida.

Dayhana Cam Cox
Redacción


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