Honduras: la razón de la fuerza

Lejos de su misión constitucional de defender la soberanía y la seguridad de los hondureños, las Fuerzas Armadas y la Policía de ese país protagonizan una de las páginas más oprobiosas de violencia ejercida contra su propio pueblo, al servicio del golpismo.

| 27 setiembre 2009 12:09 AM | Informe Especial | 1k Lecturas
Honduras: la razón de la fuerza
(1) Militares y policías actúan como bandas armadas al servicio de los golpistas. (2) Nadie sabe a ciencia cierta cuántos han muerto por la represión. (3) La Embajada de Brasil en Honduras es hostilizada por los uniformados.

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AGRESIVIDAD E IMPUNIDAD

Estamos, por tanto, en presencia de una clara politización de las Fuerzas Armadas y de una reconfirmación de la militarización de la Policía en su concepción, metodología y prácticas cotidianas. La agresividad, irracionalidad e impunidad con que actúan las instituciones represivas del Estado, evidencian la misma actitud demencial de quienes los dirigen y apoyan, los cuales han traspasado el límite de lo aceptable. No pueden colocarse dos grupos en igualdad de condiciones, si uno de ellos tiene el monopolio del uso de la fuerza (militar y policial), el control de instituciones clave del Estado y la impunidad asociada a la complicidad de los otros poderes del Estado, y el otro se encuentra desarmado, indefenso y a merced de las instituciones del Estado que controlan la represión, la justicia y el presupuesto nacional.

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Teóricamente, las Fuerzas Armadas son una institución del Estado, creada y diseñada para la defensa de la soberanía e integridad territorial, en tanto la Policía es una institución orientada a mantener el orden público y la seguridad de las personas y sus bienes. Teóricamente también, la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa del territorio ante una amenaza externa y la misión de la Policía es la protección de la ciudadanía ante la amenaza de la delincuencia común y organizada.

El golpe de Estado del 28 de junio puso en evidencia el carácter instrumental de ambas instituciones como cómplices del poder político y económico que produjo, sostuvo y sostiene el gobierno golpista, situación que se ha intensificado con el retorno del presidente Zelaya, lo que se ha puesto de manifiesto en diversos hechos que se detallan a continuación.

Sin la intervención de las Fuerzas Armadas, el golpe de Estado no se hubiera producido. El elemento determinante del golpe fue el control directo sobre las dos instituciones represivas del Estado, lo que permitió ver a militares y policías en las calles, cumpliendo su papel de contenedores y represores de la movilización social en contra del golpe de Estado. Ambas instituciones se definieron por el golpe de Estado, lo que significa que se definieron también en contra de todos los sectores que se opusieran al mismo, creando una situación compleja en la que estas instituciones del Estado, llamadas a defender los intereses generales de la sociedad, se convirtieron en instrumento represivo de un grupo golpista que llegó a controlar directa e indirectamente, los poderes del Estado.

En las causas que provocaron el golpe de Estado se entretejen zafios intereses personales, políticos y económicos que intentaron disfrazar como defensa del sistema ante la amenaza de Chávez. Los viejos fantasmas, articulados con nuevos y viejos temores, fue un recurso utilizado por los militares, asimilado por los policías, manipulado por los líderes religiosos y enarbolado por el discurso golpista para asustar a la ciudadanía y atraer la simpatía de los Estados Unidos ante la aventura golpista. Todos ellos coincidieron en la identificación del enemigo y del mal, y en la justificación de todos los recursos para combatirlo.

Protección a los pro-golpistas
La reacción masiva contra el golpe de Estado y la identificación pública de los autores intelectuales y materiales del golpe de Estado, con sus residencias y sus empresas, provocó una mayor identificación de las instituciones represivas con los intereses de los golpistas y aparecieron de día y de noche, y con más intensidad cuando la resistencia salía a las calles, cuidando sus pertenencias, acompañando a sus familias y sirviendo de guardaespaldas privados del poder golpista.

La creciente presencia de la resistencia en las calles obligó a los golpistas a organizar su propio grupo de apoyo, del que formaban parte feligreses arrastrados por las iglesias; empleados públicos presionados por quienes les pagaban; trabajadores de la empresa privada obligados y estimulados monetariamente para participar; parientes de golpistas en su diversidad política, económica, mediática y religiosas, y más de algún ciudadano manipulado por los medios de comunicación al servicio del golpe de Estado. Las instituciones represivas de la resistencia contra el golpe de Estado, se convirtieron en instituciones protectoras de esos grupos con sus marchas blancas, impregnadas de un patriotismo trasnochado, de una democracia deformada, de una paz etérea y de una santidad saturada de malos presagios.

Mientras militares y policías acosaban y acosan a la resistencia esperando el momento adecuado para reprimirlos, acompañan a las marchas blancas en su recorrido, les abren paso, las protegen de cerca, eliminan obstáculos a su ruta, previenen peligros desde lugares estratégicos y cumplen con su papel instrumental al servicio del poder.

Estigmatización de la resistencia
El posicionamiento de militares y policías al lado del gobierno de facto y la asociación de toda resistencia al golpe de Estado como el enemigo que hay que combatir, hace que todos ellos, militares, policías y demás golpistas, uniformen su discurso acusando a la resistencia de delincuente y asociando su condición delictiva con su condición de seguidores del presidente constitucional de la república. De ello participa la Policía que no ha terminado de aprender que los únicos llamados e emitir fallos de culpabilidad son los jueces, luego de una minuciosa valoración de los casos presentados por los fiscales del Ministerio Público. Anunciar en boletines públicos, como el del 23 de septiembre, que los seguidores del presidente Zelaya son delincuentes, es un posicionamiento parcializado, politizado, ilegal y éticamente cuestionable.

Exceso represivo
La represión que ha sufrido la resistencia en su larga lucha contra el golpe de Estado es sorprendente, por la furia desatada, el odio manifiesto y la violencia implícita: golpean con tubos de metal que han sustituido los tradicionales toletes de madera, utilizan palos con clavos para que los golpes sean más certeros, atacan en grupos, arrasan con mujeres, jóvenes y niños, se ensañan con los más indefensos, arrastran por el suelo a los jóvenes que detienen y se los llevan con rumbo desconocido. Esta situación se ha intensificado con la llegada del presidente Zelaya porque se han sumado los miedos de los golpistas con la vergüenza de las instituciones represivas por la llegada no detectada, la euforia de la resistencia y las tácticas de respuesta social focalizada en barrios y colonias, que los ha dejado en evidencia como incompetentes ante propios y extraños e incapaces de contener la respuesta social con los métodos represivos tradicionales.

Presión psicológica
El presidente y las personas que se encuentran en la Embajada de Brasil se han convertido en blanco de la irracionalidad golpista, situación que se expresa en la intensificación de sonidos, ruidos intensos asociados con activación constante de fusiles, marchas de pelotones, iluminación intensa dirigida a la embajada. Este comportamiento irracional es indicativo de la desesperación asociada con la etapa final de un proceso en el que ellos han salido perdedores, pero también es una evidencia de los extremos a los que pueden llegar como instituciones represivas, cuando actúan sin ninguna ética y sin ningún respeto a las normas internacionales que regulan su papel ante la población civil.

Represión y derroche de barbarie
Los militares y policías, obedeciendo de forma entusiasta las órdenes del presidente de facto de “mantener el orden, tranquilidad y seguridad en toda la geografía nacional”, reforzados por militares del interior del país y amparados por el toque de queda que deja en el desamparo y la indefensión a la ciudadanía en general y a la resistencia en particular, se dedicaron la noche del 23 de septiembre a visitar los barrios y colonias de la capital de la república, disparar balas de verdad, lanzar bombas lacrimógenas y gas pimienta, entrar por la fuerza a las casas, golpear con tubos y sacar a los jóvenes de sus hogares.

Todo ello representa un ataque feroz contra la resistencia, una intimidación agresiva y una presión psicológica y física para impedir que la misma siga en las calles haciendo demostraciones de fuerza como la que se produjo el día de hoy. El saldo de heridos, golpeados y apresados en esa noche fue muy alto, provocando confusión por desconocer el lugar a donde condujeron a los detenidos sin ninguna garantía a su seguridad personal, en el mismo estilo de la seguridad nacional aplicado en nuestro país en la década de los ochenta. La violencia e irracionalidad del comportamiento militar y policial hizo pensar a la ciudadanía que éstos se encontraban bajo los efectos de las drogas, situación que fue percibida en distintos puntos del país pero con más intensidad en la capital.

Estos actos constituyen la antesala y la preparación de condiciones para que el gobierno golpista haga una demostración de apoyo popular artificialmente construido, sin una resistencia que empañe las imágenes que quieren lanzarle al mundo, particularmente a los que están reunidos en la Asamblea de la ONU. Los militares y policías se preparan también para facilitar y garantizar la llegada de la fuerza de apoyo al gobierno de facto a lugares estratégicos como la Casa de las Naciones Unidas o la misma Embajada de Brasil en donde se encuentra el presidente constitucional de la república.

La llegada del presidente Zelaya no provocó la confrontación de sus seguidores con los grupos golpistas, como vaticinaban algunos analistas internacionales que intentaron impedir el retorno del presidente Zelaya.

Pero sí ocurrió lo contrario: un incremento de la represión del régimen golpista contra las actividades pacíficas de la resistencia, imposición de un toque de queda de 50 horas continuas en todo el país, que impedía el derecho ciudadano a la libre movilización, situación que llevó al límite la paciencia de la ciudadanía y obligó al gobierno de facto a interrumpir por siete horas el toque de queda, para evitar la amenaza de saqueo generalizado de supermercados y bodegas por parte de una población desesperada por el agua, las medicinas y los productos alimenticios básicos.

Leticia Salomón
ALAI


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