Historia de despojos

Los campesinos del ex Fundo Oquendo son demasiado pobres para que su tragedia llame mucho la atención y las autoridades hagan respetar lo que es de justicia. Pero hay algunos policías que, a pesar de todo, hacen honor a su uniforme.

Por Diario La Primera | 15 agosto 2009 |  4.1k 
Historia de despojos
(1) El gobierno nacional y el regional debe intervenir en el caso Oquendo. (2) La delincuencia hace las veces de “seguridad” de las empresas y actúa para el desalojo de los agricultores. (3) Sindicado como uno de los matones del Grupo Mujica.
Oquendo:
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Lo que van a leer a continuación no es la versión interesada de algún ocupante precario de terrenos, tampoco es una crónica periodística como las que han venido apareciendo en medios tan disímiles como los diario El Callao, La República y LA PRIMERA, sobre las peripecias del “Cholo Jacinto”, su familia y sus matones, al servicio de la que alguna vez fuera una distinguida familia de la sociedad limeña y que ha devenido en reducidora de terrenos que arrebatan a los agricultores con argucias legales y con el uso combinado del brutal poder de convencimiento de la delincuencia. No señor, lo que se cuenta aquí es lo que textualmente afirma el atestado de la policía de investigaciones del Callao sobre este caso, del que hemos extraído algunos párrafos:

“Que los denunciados Juan Navarro Quispe, Carlos Ríos Ramírez, Jhonny Teófilo Navarro Ramos registran antecedentes policiales y judiciales, teniendo el último de los nombrados, antecedentes por homicidio, no descartándose que haya tenido participación en el homicidio de quién en vida fuera Basilio Navarro Arotoma (presidente de la Asociación de Campesinos José María Arguedas).

“Se ha podido determinar que los denunciados Maribel del Rocío Mujica Pinilla, Ramón Elías Mujica Pinilla y Marisa Mujica Pinilla, son hermanos y que después de muchos años se encuentran recobrando los terrenos mediante procesos judiciales y otros que les fueran expropiados a través de la reforma agraria, conformando diversas empresas entre las cuales se encuentra Promotora Oquendo, en la cual laboran los denunciados quienes estarían cumpliendo disposiciones de éstos para utilizar la fuerza y otros medios ilícitos con las personas que no aceptan transar con esta empresa, ya que la precitada empresa viene vendiendo los terrenos recuperados a diferentes inmobiliarias y constructoras lo cual les permite obtener fabulosas ganancias de dinero…

“Se tiene conocimiento por labores de inteligencia, así como informantes, que Delia Campos Cachay, esposa del delincuente Jacinto Aucayauri Bellido, conocido como “Cholo Jacinto” ha formado una Agencia de Seguridad conformada por sus familiares y gente de mal vivir quienes estarían encargados de brindar protección a la empresa Promotora Oquendo, así como realizar las acciones de intimidación y coacción lo cual no hace más que corroborar la participación de estos en los hechos mencionados”

(Atestado Nº 045-2006-DPM-C-DESEG/COTE-DSE-AS, de la Policía de Seguridad del Estado del Callao por diversos delitos ocurrido en el Ex Fundo Oquendo)

O sea, por más “indignada” que se muestre la familia Mujica por lo que este diario publicó sobre su empresa de venta de terrenos, lo cierto es que más allá de los amigos que tienen en las comisarías de Sarita Colonia y Márquez (que sueltan a los matones cada vez que son detenidos in fraganti), hay policías que han puesto en blanco y negro los hechos que realmente han estado ocurriendo en esta parte del Callao que parece pertenecer a un mundo distinto al que describen las leyes.

Hay tres conclusiones claras: (a) la policía ha estado investigando a los organizadores de los hechos de violencia en el ex fundo Oquendo, que incluyen el asesinato del presidente de la asociación de campesinos y otras muertes sospechosas, y ha llegado a establecer que se trata de personas con antecedentes, una de las cuales estuvo comprometida en un proceso por homicidio; (b) las empresas de la familia Mujica se han constituido para recuperar y poder vender terrenos que les fueron expropiados por reforma agraria, y tienen a su servicio a los individuos con prontuario que han protagonizado acciones de fuerza para forzar la salida de los campesinos; (c) la esposa del “Cholo Jacinto” administra empresas de fachada, entre ellas una de “seguridad” que ofrece matones a los Mujica.

Esto es básicamente lo que dijimos hace unos días y que los denunciados han querido desmentir.

Titularidad
Pero hay más. Los Mujica sostienen limpiamente que “el ex fundo Oquendo se encuentra en una zona destinada a la construcción de viviendas populares e industrial…” Que no es lo mismo que afirma la Municipalidad del Callao en el Oficio 349-2005-MPC-GGDU, firmado por Fernando Gordillo, de la Gerencia de Desarrollo Urbano, y dirigido a Maribel Mujica Pinilla, para “…manifestarle la preocupación de esta Corporación edil en cuanto se vienen detectando la ejecución de programas de vivienda en terrenos de su propiedad, los cuales no cuentan con ningún tipo de autorización para venta de lotes ni aprobación de habilitación urbana”.

Y sigue: “…a la fecha no se encuentra aprobado ningún trámite de independización de terrenos requisito indispensable para su inscripción registral, que a su vez es requisito para la aprobación de habilitación urbana”. Esta situación no ha cambiado en su aspecto legal hasta el presente, pero sí ha sido afectada de facto por el cambio de uso de las parcelas que fueron desalojadas y luego vendidas por las empresas de la familia Mujica. O sea la sagrada familia ha ido urbanizando, separando lotes y ofreciéndolos en venta sin ninguna autorización ni poder.

Finalmente, está el tema de la “precariedad” de los campesinos de la asociación José María Arguedas, cuyos derechos no son reconocidos por los herederos de los terratenientes. Esto se remonta al mes de mayo del año 1990, cuando el primer gobierno de Alan García dicta el Decreto Supremo 041-90-AG, que adjudica 98 hectáreas en estado de abandono del ex fundo Oquendo para campesinos no propietarios de tierras, con fines de reforma agraria. Este decreto da origen a la Asociación, que tiene registrada su personería jurídica y la propiedad de los terrenos asignados legalmente.

Sin embargo, a partir de 1991, el ministerio de Agricultura fujimorista, sin notificar a los campesinos, admite una demanda de la empresa Victoria Industrial, antecedente de Promotora Oquendo, para dejar sin efecto los alcances del DS 041. Esta decisión no fue nunca notificada a los campesinos, pero empezó a operar como mecanismo de recuperación de los terrenos. Ahí se inició una larga controversia en la que la Asociación José María Arguedas perdió en todas las instancias del Poder Judicial que reconoció la resolución de Agricultura, lo que fue el pie para que los Mujica empezaran a presionar a los campesinos tratándolos como precarios. Pero el 18 de diciembre de 2007, el Tribunal Constitucional dirimió el caso en una resolución que reconoce los derechos de los campesinos, los cuales no fueron debidamente notificados, y señala la intención claramente favorecedora de la empresa Victoria Industrial de las decisiones administrativas y judiciales emitidas en este caso. Como conclusión, revocó los actuados y admitió la demanda de los campesinos.

El 11 de noviembre de 2008, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema falló confirmando el sentido del fallo del Tribunal Constitucional que reconoce la existencia y personería de la Asociación José María Arguedas y admite a trámite el amparo que esta organización planteaba en defensa de sus propiedades y de sus derechos. Por tanto, cae por su peso la versión de que este diario hubiera actuado “maliciosa y difamatoriamente” como afirman Marisa y Manuel Mujica, y que “todas” nuestras afirmaciones fueran falsas. En realidad, casi puede decirse lo contrario: que casi toda la respuesta de estas personas falta seriamente a la verdad.

La versión de los Mujica
Marisa Mujica Pinilla, en nombre de Villas Oquendo S.A. y Manuel Mujica Diez Canseco, de Inversiones Euskaro, han dirigido en forma conjunta una carta a esta redacción pretendiendo desmentir el contenido de la información publicada el 30 de julio de 2009, bajo el título “Destructores y aprovechadores”, que motiva a su vez una llamada en primera página: “Oligarcas y delincuentes – Terror en el Fundo Oquendo”.

Al respecto, los primos Mujica, socios de negocios, hacen las siguientes afirmaciones, que reproducimos con la mayor fidelidad:

- Que no hay razón para vincularlos al denominado “Cholo Jacinto” y otros.

- Que el ex fundo Oquendo se encuentra en una zona destinada a la construcción de viviendas populares e industrial.

- Que diversas empresas importantes como TASA, Química del Pacífico y otras, han comprado terrenos a las empresas de la familia Mujica durante los últimos 30 años.

- Que el derecho de propiedad de sus empresas se encuentra debidamente saneado.

- Que es totalmente falso que los campesinos que ocupan “nuestros terrenos” sean propietarios.

- Que sólo una parte del fundo fue expropiada por reforma agraria, y que esa parte ya está lotizada y urbanizada.

- Que nos habrían sorprendido algunos ocupantes precarios.

- Que las empresas de los Mujica pagan por la desocupación de estos terrenos a pesar de no tener obligación de hacerlo.

- Que el ex fundo Oquendo no tiene en la actualidad vocación agrícola.


Raúl Wiener
Unidad de Investigación

Referencia
Propia



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