“Hay que combatir autoritarismo del gobierno”

Este viernes se cumplen cinco años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó la violencia durante el conflicto interno e hizo una serie de recomendaciones para juzgar los crímenes cometidos, reparar a la víctimas y poner en marcha reformas institucionales que terminen con el alto grado de exclusión social que hay en el país. En esta entrevista, Salomón Lerner, quien fue presidente de la CVR, analiza los avances en la aplicación de esas recomendaciones. Lerner, presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, dice que no quiere ser pesimista, pero reconoce que las evidencias de lo poco que se ha hecho no le dan espacio para ser optimista. También examina la conducta del actual gobierno y advierte sobre sus tendencias autoritarias.

25 agosto 2008 12:08 AM | 1.7k Lecturas
Salomón Lerner ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Salomón Lerner afirma que existe muy poca capacidad de reflexión al atacarse a las organizaciones populares.
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¿Cinco años después de presentado el informe de la CVR se siente decepcionado con la respuesta del Estado?
No quiero ser pesimista, pero tiendo al pesimismo porque el balance de lo que se ha alcanzado no me satisface. El Estado no ha hecho lo suficiente para que las recomendaciones efectuadas por la CVR, que tienen carácter vinculante, se hayan hecho efectivas. El Plan Nacional de Derechos Humanos ha quedado trunco. Sin embargo, sería injusto no reconocer que se han producido algunos avances, como los juicios por violaciones a los derechos humanos, aunque no han avanzado lo que debían, y la ley para aplicar el programa integral de reparaciones que planteamos.

Pero el gobierno plantea las reparaciones como la incorporación de las comunidades afectadas por la violencia a los planes nacionales de desarrollo o ayuda social, pero no parece tener mucha voluntad de otorgar reparaciones individuales a las víctimas.
Eso es verdad y es una salida escapista y fácil de un deber del gobierno de reparar a las víctimas más allá del gasto social que necesariamente tiene que hacer.

¿Percibe una voluntad política del gobierno para trabar el avance de los juicios por violaciones a los derechos humanos?
Percibo que no hay un entusiasmo en el gobierno porque estos juicios sigan adelante. Eso se refleja en el poco avance de estos juicios. Aún si el Poder Judicial tuviera buena voluntad en avanzar en estos juicios, no puede hacer nada si no tiene la información que le permita avanzar un proceso porque el gobierno se la niega. Ese es el caso de la matanza de Putis, en el que se niega información de los responsables. Ahí hay una cobertura institucional.

¿Esa protección a los responsables de violaciones a los derechos humanos revela un compromiso institucional de las Fuerzas Armadas con la guerra sucia que hubo en el país?
La CVR dice muy claramente en su informe que hubo una política sistemática y generalizada de violaciones a los derechos humanos en ciertos lugares, y es evidente que eso no comprende a unas pocas personas, sino a la institución militar. Hubo una responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos.

¿El Estado y las Fuerzas Armadas deben pedir disculpas al país por esos hechos?
Claro que sÑ Han desperdiciado una magnífica oportunidad de hacerlo con el caso Putis. Esa disculpa está pendiente.

¿Cómo aprecia la reacción del gobierno de acusar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de favorecer al terrorismo por condenar la ejecución de 42 senderistas en el penal “Castro Castro” en 1992 y ordenar se repare a las víctimas?
La Corte pide el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la muerte de estas personas y eso es algo totalmente aceptable. El hecho de haber sido victimarios no borra el hecho de que fueron víctimas del Estado y como tales deben recibir una reparación de parte del mismo. Los intentos para desacreditar a la Corte y buscar salirse de ella vienen de la época de Fujimori y ahora renacen. Atacar a la Corte sólo sirve para desacreditar al país.

¿En este gobierno se ha retrocedido en aplicar las recomendaciones de la CVR?
SÑ Frente a los derechos humanos en general, y dentro de ello la aplicación de las recomendaciones de la CVR, hay en este gobierno una dejadez, indiferencia y hasta antagonismo. El régimen muestra un interés negativo en el tema de derechos humanos, como proponer la pena de muerte, atacar a las ONG que defienden los derechos humanos, tratar a la población menos favorecida como una población minusválida mentalmente y cívicamente.

¿Ve una tendencia autoritaria en el gobierno?
En las medidas del gobierno hay una tendencia a reeditar políticas de carácter autoritario violadoras de los derechos humanos. Criminalizar la crítica y la protesta, atacar a las organizaciones que puedan ponerle peros al gobierno, indican muy poca capacidad de reflexión y autocrítica de parte de quienes tienen el poder y son asomos de autoritarismo que tienen que ser combatidos.

El informe de la CVR resaltó los niveles de exclusión en el país y cómo eso se reflejó dramáticamente durante el conflicto interno y planteó reformas institucionales para terminar con esa situación. ¿En eso se ha avanzado algo?
Lamentablemente, no. En lo que respecta a disposiciones del gobierno esa marginación se ha agudizado. Hay un crecimiento con exclusión. Sin embargo, del lado de la sociedad hay una progresiva toma de conciencia sobre sus derechos y reclama por ellos. Se ha avanzado en algunos canales de representación que funcionan, pero hay otros que no funcionan, como el Congreso, que es una vergüenza.

Sectores de esas poblaciones excluidas son las que protagonizaron las recientes protestas en la selva contra una ley que las afecta, pero que no le fue consultada. ¿Cómo aprecia estos hechos?
Lo ocurrido con esa ley es una muestra de que para el gobierno hay ciudadanos de segunda clase. El gobierno dice que esa ley va contra el paternalismo, pero la actitud que ha tenido en este tema ha sido de un mal paternalismo al querer imponerles lo que el gobierno dice que es bueno para ellos. El tratamiento que la administración les ha dado a esas comunidades ha sido vejatorio, es el tratamiento que se le da a un menor de edad.

Considera inaceptable pacto con el fujimorismo

¿Qué peso cree que tendrá el informe de la CVR en la sentencia a Fujimori?
Es una prueba documental seria que va a complementar lo que se ha visto en el juicio, pero no será lo que defina la culpabilidad de Fujimori, porque ésta ya ha quedado demostrada a lo largo del proceso con las pruebas y testimonios que se han presentado.

¿El pacto entre el gobierno y el fujimorismo puede influenciar en la sentencia a Fujimori?
Hay pruebas contundentes para condenar a Fujimori y yo confío plenamente en el Tribunal que lo está juzgando. Ya sea por presiones políticas o por los antecedentes de algunos jueces de la Corte Suprema, lo que sí puede suceder es que en la segunda instancia se cambie una sentencia condenatoria. Me parece un escándalo que una ministra de García haya llamado “honorable” a Mantilla. Siguiendo esa línea, se podría tener una postura de comprensión con Fujimori y eso sería un gravísimo error.

¿Qué consecuencias puede tener para la democracia el pacto entre el gobierno y el fujimorismo?
Cuando los cubileteos políticos van en contra de la moral minan la democracia.

¿Y ese acuerdo es inmoral?
SÑ Es un entendimiento entre un partido que se dice democrático y otro que castró la democracia. Es un acuerdo con un partido cuyo líder está acusado por violaciones a los derechos humanos y en cuyo gobierno hubo una compra de militares, medios de comunicación, congresistas. Ese es un acuerdo inaceptable que le quita legitimidad a las organizaciones políticas.

¿Con los elementos que obtuvo la CVR debía haberse abierto una investigación judicial al presidente García?
Creo que sÑ En nuestro informe dijimos, claramente, que en el caso de García y Belaunde había una responsabilidad política y ética por las violaciones a los derechos humanos cometidas en sus gobiernos. En el caso de Fujimori señalamos que también había responsabilidad penal porque ahí había evidencias contundentes, lo que no significa que en los otros dos casos no exista, sino que no tuvimos el tiempo para investigar más. Lo ocurrido en el gobierno de García merece una mayor investigación.

Entrevista: Carlos Noriega

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