Faenón en tren Cusco-Machu Picchu

El Tribunal Constitucional está a punto de fallar en torno a una acción de amparo presentada por Peruval Corp., accionista de Ferrocarril Trasandino S.A., concesionario de la vía férrea Cusco-Machu Picchu, contra decisiones administrativas y judiciales que permiten la irregular apertura de la misma a dos nuevos operadores privados, mediante concesiones con graves indicios de ilegalidad y fuerte aroma a corrupción, que involucra al ex viceministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Puga Pomareda, así como a la ex ministra Verónica Zavala y a su entorno lobbysta y neoliberal.

| 16 setiembre 2009 12:09 AM | Informe Especial | 5.5k Lecturas
Faenón en tren Cusco Machu Picchu
(1) Compañías sin calificación pretenden operar la ruta Cusco-Machu Picchu. (2) La ex ministra de Transportes, Verónica Zavala, también implicada. (3) El ex viceministro Puga debe responder. (4) ESCÁNDALO: Eliminarán requisito de carta fianza
Tribunal Constitucional resolverá sobre graves irregularidades favorables a compañías que pretenden operar en esa ruta.
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Fuentes cercanas al despacho ministerial aseguraron que en el juego de presiones e ilegalidades a favor de las dos operadoras está involucrado el mismísimo Palacio de Gobierno, siempre entre bambalinas en los faenones, y concretamente el secretario general de la Presidencia, Luis Nava, cuyo poder de lobby es considerado inmenso en el mundo político y empresarial.

La historia se remonta a 1999, cuando Ferrocarril Trasandino S.A., formada por la peruana Peruval y la inglesa Orient-Express Ltd., ganó la licitación internacional de la concesión de la vía férrea en el sur y sur oriente, incluyendo la ruta Cusco-Machu Picchu, siendo una concesión sobre la vía, similar a las concesiones de carreteras.

Al mismo tiempo, el Estado ordenó al concesionario que constituyera una empresa de igual accionariado para que actúe como operador ferroviario, lo que da lugar a PeruRail S.A., para realizar el transporte de turistas a Machu Picchu con trenes de nivel europeo; todo ello con una inversión de 300 millones de dólares, si se incluyen las inversiones hoteleras del consorcio.

Todo ello fue recogido en contratos-ley que entonces daban absoluta seguridad constitucional a los inversionistas de gran envergadura, es decir que los términos pactados, que implicaban la seguridad jurídica para Ferrocarril Trasandino, estaban garantizados.

Sin embargo, en junio de 2007, el Ministerio de Transportes extendió un permiso para operar la ruta Cusco-Machu Picchu a la compañía Andean Railways Corp., el cual fue declarado nulo el 13 de agosto del mismo año, por no cumplir los requisitos legales establecidos, ya que la empresa no había presentado los estados financieros auditados de los últimos cinco años ni el certificado de la autoridad competente de su país de origen, Estados Unidos.

Extrañamente, apenas en 15 días el reglamento que establecía esos requisitos fue modificado mediante un decreto supremo del mismo ministerio, que eliminó las exigencias del Reglamento Nacional de Ferrocarriles, dejando a éste sin aspectos fundamentales para garantizar la idoneidad del servicio.

También para facilitar las cosas a las dos empresas –carentes de experiencia, aval sólido, especialización y solvencia-, Ositran redujo el monto de los seguros exigible a los operadores ferroviarios, de cinco millones a sólo un millón, por daños y perjuicios a terceros, y de 10 a dos millones contra todo riesgo de destrucción parcial de la infraestructura ferroviaria.

En la medida que el concesionario original es contractualmente responsable solidario por los daños que los operadores causen a terceros, y al ver vulnerados sus derechos constitucionales, Peruval, dueño del 50% de las acciones del concesionario, interpuso una acción de amparo contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicitando la inaplicación del decreto modificatorio del reglamento ferroviario, que el juez de primera instancia de Wanchaq, Cusco, acción de amparo que fue declarada consentida en noviembre de 2008, sin haber sido apelada por el Ministerio de Transportes dentro del plazo de ley, con lo que el asunto quedó en calidad de cosa juzgada.

Pese a ello, el entonces viceministro Puga, sin tener representación legal alguna y cuando estaba a punto de abandonar el cargo, presentó un recurso de apelación que el juzgado declaró improcedente e infundado, y posteriormente presentó un recurso de queja ante la Corte Superior del Cusco, que, violando el principio de cosa juzgada, declaró improcedente la acción de amparo de Peruval, que apeló posteriormente al Tribunal Constitucional.

Paralelamente, Peruval ha denunciado penalmente por usurpación de funciones y fraude procesal al ex viceministro Puga, por haber interpuesto un recurso de apelación sin tener la representación del ministerio, con el fin ilícito de reabrir un proceso de amparo terminado y en plena ejecución.

El abogado César Nakazaki, consultado sobre el tema, dijo que el caso puede ameritar además otra denuncia por el delito de colusión desleal, al haber serios indicios planteados por la sospechosa e injustificada modificación ad-hoc del reglamento ferroviario y la celeridad del mismo.

Otra denuncia ha sido presentada contra los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Superior del Cusco, por prevaricato, por haberse prestado al “faenón” al declarar infundada la demanda de Peruval, cuando la sentencia que la amparaba ya era cosa juzgada.

Nakazaki comentó también a LA PRIMERA que es evidente que es el primer caso que conoce de criminalidad estatal en la cual se utilizan los reglamentos como instrumentos criminales, lo que generaría que la modificación del reglamento y los permisos obtenidos indebidamente sean nulos y por tanto carezcan de todo valor legal.

Estas son las empresas
Las empresas que pretenden hacer el servicio Cusco-Machu Picchu son Andean Railways Corp. e Inka Rail, que según expertos en la materia no tienen la calificación necesaria para dedicarse a ello.

Andean Railways Corp. basa su experiencia en la de la empresa Iowa Pacific Holding (IPH), pero este es un grupo de cinco empresas dedicadas al transporte de mineral y carga diversa y tres compañías dedicadas a excursiones de fin de semana, en un total de vías férreas de 797 kilómetros, frente a más de ocho mil kilómetros en los que opera, con servicio de pasajeros, Orient Express.

Inka Rail basa su experiencia en la operación del tren Turístico de la Sabana de Bogotá, tren de 14 vagones de locomotoras antiguas, que opera en menos de 100 kilómetros de rieles, con locomotoras antiguas, los fines de semana.

Rosario de juicios contra ex viceministro
Un verdadero rosario de juicios que dicen mucho de sus cualidades éticas, enfrenta el ex viceministro de transportes y comunicaciones, Carlos Puga Pomareda, que hasta el pasado enero ocupó ese importante cargo y que actuó con parcialidad y celeridad sospechosa en el caso de las facilidades para dos nuevas operadoras del servicio ferroviario Cusco-Machu Picchu

Puga ostenta un triste récord de acusaciones que se estudian mayormente en el fuero penal y que van desde concusión hasta delitos contra la administración de justicia y que se ventilan en diversas fiscalías del ministerio público.

Pese a que el cuestionado ex funcionario tenía en su haber serias denuncias de cuando fue gerente de finanzas del ex Instituto Peruano de Seguridad Social-Ipss, fue nombrado vice ministro por la ex ministra Verónica Zavala. Precisamente en uno de los juicios EsSalud lo acusa de colusión ilegal.

Asimismo en la 17 fiscalía provincial en lo penal se ve el caso que involucra a Puga Pomareda en apropiación ilícita y abuso de autoridad en perjuicio de Luis Rojas Arce. Tanto en la 39 fiscalía como en la 37 fiscalía especializada, los asegurados del seguro social, la empresa Sistemas de Identificación S.A. entre otros, lo acusan de estafa, abuso de autoridad, concusión, delitos contra la fe pública y abuso de autoridad.

Puga junto a otros implicados han sido denunciados por el Banco de Comercio por los delitos de estafa, desobediencia y resistencia a orden oficial y falsedad genérica, el caso se ve en la 10º fiscalía provincial penal.

También representantes del Estado, al que sirvió como directivo del Seguro Social y en el Ministerio de Transportes, lo acusan por abuso de autoridad, falsa denuncia, delito contra la administración pública y apropiación o utilización de caudales.

Paita: lo que se viene
Como si no hubiera sido suficiente escándalo el haber firmado el contrato de concesión a salto de mata, para eludir una investigación parlamentaria, y haber modificado reglamentos y condiciones, para favorecer al concesionario, la Autoridad Portuaria Nacional está a punto de redondear la faena o, mejor dicho, el faenón, con una addenda al contrato que libera al consorcio de capitales portugueses y chilenos, de la más importante obligación financiera estipulada.

La addenda, dijeron fuentes de alta confiabilidad, exime al consorcio ganador de la concesión, de la obligación de presentar una fianza por 100 millones de dólares, requisito muy difícil de cumplir y que desanimó de participar a otros postores con grandes posibilidades técnicas de ganar.

Es decir que, además de modificar los términos a gusto y sabor de los ganadores, para favorecerlos, permitirles tomar la concesión sin inversiones y darles un seguro para que tengan utilidad de todas maneras, subvencionada por el Estado, hicieron todo lo necesario para ahuyentar a la competencia, indicó un funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La addenda ha sido ya negociada y elaborada y el texto quedó en manos del presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, Frank Boyle, uno de los promotores del Terminanales Portuarios Euroandinos (TPE) que, bajo la cubierta de ser un consorcio de capitales portugueses y peruanos, encubre en realidad a la empresa chilena Von Appen.

La verdad, dijeron nuestros informantes, es que a TPE no le quitó nunca el sueño la fianza por 100 millones de dólares. Tenía desde el primer momento un acuerdo bajo la mesa, por el cual el contrato iba a ser modificado un par de semanas después, para no tener que acreditarla, indicó nuestro informante.

Se preguntó también sobre qué efectos tendrá la escandalosa addenda, si la sola firma del contrato ha motivado anuncios de juicios penales, una interpelación en el Congreso y un paro general en todos los puertos, entre otros efectos, qué pasará cuando se firme el turbio añadido al contrato original.


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