Extraño embargo al Estado perjudica a jubilados

Insólitos beneficios judiciales a favor de desaparecida empresa Caesha en contra de Electroperú representan varios millones de dólares que perjudican a los trabajadores y al Estado.

Por Diario La Primera | 25 jul 2008 |    
Extraño embargo al Estado perjudica a jubilados
(1) Electroperú es una companía a la que un juez le obliga a pagar un cuantioso ”alquiler” de equipos. (2) Los integrantes de la 8va Sala Civil de Lima deberán ratificar la medida cautelar que detendrá el millonario embargo. (3) Los jubilados de la empresa estatal serán los perjudicados con extraños fallos. (4) Tras 17 anos de litigio, órgano de justicia no demuestra eficacia.

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DETALLE

Giro

Electroperú S.A. es una empresa estatal de derecho privado, cuyas acciones pertenecen íntegramente al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales - Decreto Ley N° 19990, teniendo como objetivo dedicarse a las actividades propias de la generación, transmisión por el sistema secundario de su propiedad y comercialización de energía eléctrica, con el fin de asegurar el abastecimiento oportuno, suficiente, garantizado y económico de la demanda de energía en nuestro pais.

Un litigio que coloca el futuro de miles de jubilados en la mira. Los beneficiarios de la Ley 19990 cuyas pensiones provienen de las utilidades que percibe la empresa estatal Electroperú, están en peligro de perder el ingreso económico que les permite subsistir debido a las sentencias emitidas por el juez Rafael Medel Herrada del Decimoctavo Juzgado Civil de Lima, quien ordenó el pago de más de 23 millones de dólares a favor de la empresa Compañía de Alumbrado Eléctrico de Huacho S.A. (Caehsa), la cual desde hace siete años no tiene actividad.

Pero esta exorbitante cifra podría incrementarse aún más puesto que Caehsa, con la venia del mencionado juez, pretende cobrar 12 millones adicionales, lo que pone en grave peligro la caja de la empresa estatal y la jubilación de miles de trabajadores de Electroperú. Esta decisión esta en manos de la Octava Sala Civil, presidida por el vocal Manuel Soller Rodríguez, quien ayer escuchó los alegatos de los abogados de ambas partes. En los próximos días deberá definirse este escandaloso caso en el que siempre pierde el Estado y sale ganando una empresa fantasma.

El conflicto entre Electroperú y Caehsa se remonta al año 1974, cuando el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado rescinde la concesión eléctrica de la empresa Caehsa, para concedérsela posteriormente en administración a Electroperú. La entrega de la concesión a Electroperú implicó también la entrega de diversos grupos electrógenos que se encontraban en muy mal estado de conservación y funcionamiento, según aseguran los abogados de Electroperú.

En el año 1994 y 1999, Caehsa interpone demanda contra Electroperú ante el 18º Juzgado Civil de Lima y el 11º Juzgado Civil de Lima, respectivamente, exigiendo más de 12 millones de dólares, por indemnización y el por uso de sus grupos electrógenos, entre los años 1982 a 1995, así como la devolución de dichas maquinas.

Negocio redondo
Sin embargo, sobre la devolución fue Electrolima quien le respondió de inmediato afirmando que tales grupos electrógenos estaban en sus depósitos, sin operar, hacía 10 años, porque no los necesitaban ya que desde 1982 empezó a funcionar el Sistema Interconectado del Mantaro.

Superados los trámites del proceso en las diversas instancias, y luego de una batalla judicial de más de siete años, el juez Medel Herrera emite sentencia en primera instancia en enero de 2001, declarando fundadas las pretensiones de Caehsa y condenando a Electroperú al pago de más de 13 millones de dólares por el “alquiler” de sus equipos y por el pago de un equipo siniestrado.

Proceso viciado
Estas sentencias y otras aún más escandalosas han sido apeladas por Electroperú, siendo concedidas y elevadas a la Corte Superior, la cual declaró nula la sentencia de primera instancia (la del Juez Rafael Medel), por contener graves vicios insubsanables.

Dentro de este proceso de amparo la 8ª Sala Civil de la Corte Superior ha concedido a Electroperú una medida cautelar que impide al Juez del 18º Juzgado Civil de Lima (Rafael Medel) llevar a cabo cualquier medida de ejecución de la mencionada sentencia.

Juez desacata ley
Según Alberto Borea, abogado de Electroperú, el Juez Medel Herrada, pese a estar notificado con la medida cautelar del proceso de Acción de Amparo, – desacatando la orden de la Corte Superior de que no se podía continuar con la ejecución - expide resolución aprobando la liquidación presentada por Caehsa, estableciendo que la responsabilidad por la cual ha sido condenada Electroperú es de naturaleza extracontractual, por lo que resulta que para el Juez quedaría un millonario saldo a favor de Cahesa que Electroperú tendría que pagar, ascendente a más de US$ 12’500,000, coronando así una larga cadena de resoluciones favorables a la fantasmal empresa Caesha.

Gobiernos apoyan a empresa “fantasma”
En el año de 1992, apenas ocurrido el golpe de Estado dado por Fujimori, se nombró en ese entonces como Primer Ministro a Óscar de la Puente Raygada. Caehsa, a las pocas semanas, nombra como su gerente general al hermano de dicho ex Premier. También (y recien transcurridas cuatro semanas del mismo hecho) esta empresa logra que el Ministerio de Energía y Minas dicte una Resolución Directoral declarando que Electroperú debía pagarle a Caehsa cuantiosas sumas de dinero por la utilización de sus viejos y casi inoperativos grupos electrógenos. Extraoficialmente se supo también que uno de los abogados de Caehsa es socio de la presidenta de Comisión Nacional de la Juventud (CONAJU), Judith Puente de la Mata, hija de la ex legisladora aprista Judith de la Mata y actual Embajadora del Perú en Argentina.

Dayhana Cam
Redacción


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