El vía crucis de los indultados

“El mismo poder que nos colocó en prisión, hoy nos persigue y nos acosa, a pesar de la difícil situación que afrontamos; y dicen que vivimos otra etapa”, afirma, sin poder contener el llanto, la organizadora de eventos, vendedora y ama de casa, en fin, “mil oficios”, Norma Maldonado, una de las tantas víctimas de detención injusta, torturas y violación por parte de elementos policiales durante la dictadura y quien lucha hoy por rehacer su vida.

| 04 mayo 2008 12:05 AM | Informe Especial | 852 Lecturas
El vía crucis de los indultados
(1) Los indultados tratan de olvidar los días amargos y tristes, pero sigue la persecución contra ellos.(2) El abogado Gamarra no teme que lo investiguen. (3) Al indultado César Sanabria lo persiguen y lo amenazan. (4) Abogado Ernesto de La Jara.
Pese a que el Estado les debe los años de su vida que pasaron injustamente entre rejas, los indultados sufren una feroz campaña de acoso político.

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DATO

Pese a que el Estado reconoció oficialmente que fueron víctimas de un abuso, los indultados siguen sufriendo.
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Ella, junto al profesor César Sanabria Casanova, denunciaron ser objeto hoy, ocho años después del inicio de la transición, de una campaña de persecución política ejecutada por el gobierno en contra de las personas que fueron indultadas por ser inocentes del cargo de terrorismo por el que las encarceló la dictadura fujimontesinista.

Tras afirmar que es vigilado por personas extrañas, César denuncia que folletos en su contra que lo señalan como terrorista, fueron distribuidos a raíz de la destitución del ex secretario general aprista del 13 sector del Sutep de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, Esteban Moscoso, asesor en educación de la congresista Mercedes Cabanillas.

Norma y César son sólo dos de los cientos de indultados que atraviesan situaciones similares y relataron a LA PRIMERA sus desgarradores testimonios, que resumen lo que soportaron cientos de peruanos encarcelados en el peor periodo de la historia carcelaria en el país, como la llama esta joven mujer, no sólo por el régimen cerrado, sino por las torturas psicológicas y físicas que sufrieron de policías abusivos, desde que fueron detenidos y durante todo el tiempo que permanecieron presos.

Ambos recuperaron su libertad en el 2001, tras padecer más de nueve años de encierro, luego de que los golpes y amenazas no lograron que se autoinculparan de haber participado en actos terroristas. Hoy, junto a otro medio ciento de indultados por ser inocentes, vuelven a experimentar el miedo y la impotencia del día en que fueron detenidos cuando caminaban tranquilamente cerca de su casa, él, y alrededor de su universidad, ella, y ser metidos a la fuerza y a golpes a un vehículo policial con rumbo desconocido; para luego ser maltratados en el caso de César y además violada, en el de Norma.

Hoy les causa temor aquel anuncio presidencial de publicar sus nombres, al que se suma la campaña periodística desatada por medios de prensa afines al gobierno que, según dicen, que insisten en calificarlos como terroristas en desmedro de su estabilidad laboral, social y familiar.

Los indultados rechazaron que los medios Expreso, Correo y La Razón los llamen terroristas cuando ya ha quedado claro que “somos inocentes y que por eso se nos indultó hace varios años y cada vez que aparecen nuestros nombres o fotos o se dice que hemos sido indultados irregularmente se nos hace un gran daño; muchas veces se genera desconfianza hacia nosotros, lo que hace que nos boten de nuestros trabajos o se nos discrimine”.

Los indultaron por inocentes
En diálogo con LA PRIMERA, Ernesto de la Jara, director del consorcio Justicia Viva, recordó que fue, precisamente, gracias al trabajo de la comisión ad-hoc del padre Lanssiers, que la dictadura tuvo que indultar a más de 500 personas, contra quienes no existían pruebas de pertenencia a Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) o de que hubieran cometido crímenes.

Agregó que las atribuciones de esta comisión especial fueron encargadas al Ministerio de Justicia por el gobierno de transición de Valentín Paniagua, quien convocó a un grupo de personalidades representativas para revisar los casos y hacer justicia a los inocentes.

Además de Lanssiers, integraron esa comisión el propio De la Jara, Javier Ciurlizza, por el Ministerio de Justicia, y Wilfredo Pedraza, por la Defensoría del Pueblo.

Ofensiva contra defensores de DD.HH.
La participación del jurista Ernesto de la Jara como miembro de la comisión que recomendó al entonces ministro de Justicia, Diego García Sayán, el indulto de los condenados injustamente por terrorismo, le ha valido ser denunciado por un periodista de “Expreso” ante la 55 Fiscalía a cargo de la doctora Frecia Junchaya Vera por, supuestamente, tráfico de influencias. La misma denuncia alcanzó al ex procurador y representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), Ronald Gamarra, y a Iván Bazán, ex director de Fedepaz, organismo también de derechos humanos.

El representante de Justicia Viva no dudó en denunciar que ello forma parte de una campaña política iniciada contra quienes defienden los derechos humanos, a quienes se pretende acusar de haber actuado como juez y parte en los casos de indulto, cuando ellos, como conocedores de quien era quien en las cárceles, se ciñeron a recomendar los casos y no a indultar directamente, y lo hicieron basados en la existencia de condenas dictadas en virtud de una legislación antiterrorista ilegal, por tribunales de jueces sin rostro, juicios sumarios sin garantías y un Poder Judicial sumiso a la dictadura.

De la Jara acusó a la fiscal Junchaya de haber precalificado la denuncia en su contra al haber pedido que el caso sea visto por la Sala Nacional Antiterrorista y advirtió que con ello se perseguiría la revisión de los indultos otorgados.

Informó que esta fiscal no ha sido ratificada en su cargo debido a su mal desempeño en el sonado caso del tráfico de armas durante el conflicto del Cenepa y por haber cometido otras irregularidades en sus funciones.

Dijo estar dispuesto a someterse a cualquier investigación a pesar de que, en todo caso, el delito que se le endilga prescribió.

La misma actitud ha asumido el ex procurador Ronald Gamarra, quien precisó estar llano a ser investigado por su actuación como defensor de personas injustamente encarceladas, y no descartó que la campaña sea azuzada por elementos de la mafia fujimontesinista que gobernó el país en la década pasada.

Vilma Escalante
Redacción


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