El derecho de trabajar en paz

El fallo del Tribunal Constitucional que ordenó la reposición de Pablo Cayo en su puesto de trabajo (barredor de calles) de la Municipalidad de Chorrillos ha puesto el dedo en la llaga, más allá de falsos debates sobre si el fallo es permisivo y da carta blanca para ir a trabajar ebrio, el fondo del asunto lo constituye la libertad de organizarse sindicalmente.

| 10 febrero 2009 12:02 AM | Informe Especial | 2k Lecturas
El derecho de trabajar en paz
(1) En abierto desafío al Estado de Derecho, el alcalde Miyashiro publica su negativa a cumplir la ley. (2) Dirigentes municipales solidarios con compañero de Chorrillos.
2093

Pablo Cayo es un sencillo obrero que ha pasado más de la mitad de sus 56 años de vida barriendo las calles de su distrito, Chorrillos. Y lo único que ha querido es seguir haciéndolo, hasta que el cuerpo aguante. Nunca pensó que su deseo, que es a la vez una necesidad porque es el único trabajo que sabe hacer, lo pondría en el centro de la tormenta antisindical, ni que enfrentaría la furia de quienes consideran a los hombres y mujeres trabajadores tan sólo como “recursos” humanos.

Para John Castro, ex secretario general del Sindicato de Obreros Municipales de Chorrillos, también despedido por el alcalde Augusto Miyashiro, atribuir a Cayo la grave falta de ir a trabajar “en estado de ebriedad” es sólo una excusa más, como en su caso fue acusarlo de “falta de respeto a la autoridad”, para despedir a los trabajadores que han obtenido estabilidad laboral y en particular a aquellos que pertenecen al sindicato.

A Rodolfo Verástegui, obrero con 29 años de servicio también quisieron hacerle lo mismo que a Cayo. Un día de marzo del año pasado le dijeron que tenía aliento alcohólico, pero él sí aceptó pasar la prueba de alcoholemia, que finalmente dio resultado negativo. No obstante, un mes después, igual lo despidieron del trabajo.

La historia del despido de Castro no es muy diferente. El día del obrero municipal, en noviembre de 2005, Castro, como secretario general del Sindicato de Obreros Municipales del distrito presidía el evento en el local de Maestranza de la Municipalidad de Chorrillos, mientras el alcalde Miyashiro era el invitado oficial. “Al parecer al alcalde le molestó que nuestro asesor legal le recordara todos los problemas que había entre los trabajadores y la patronal, y hubo un intercambio de palabras entre el abogado y el alcalde, que terminó ordenando al personal de serenazgo que me saquen del local. Al día siguiente me despidió por falta de respeto a la autoridad”, narró Castro.

Desprotegidos
“Es conocida la intolerancia y el carácter prepotente del alcalde Miyashiro”, reflexionó Castro, quien continuó señalando que “nunca me ha concedido audiencia para conciliar mi reposición. Así como me despidió mientras ejercía el cargo de secretario general, lo hizo también con Roberto Cosi y Alejandro García, quienes me sucedieron en esa responsabilidad”.

“No hay respeto a las leyes laborales. En la práctica estamos desprotegidos”, enfatizó el secretario general del Sindicato de Obreros Municipales del distrito de San Isidro, José Rodríguez, vicepresidente de la Coordinadora de Bases de Obreros Municipales, recientemente creada a raíz del caso de Pablo Cayo. “El alcalde Miyashiro se burla de todas las leyes y mandatos judiciales a favor de los trabajadores, con la intención de tener cada día menos trabajadores estables y más contratados a quienes hace trabajar de 12 a 15 horas, sin derechos sociales, con un sueldo miserable que, en muchos casos, ni siquiera es el mínimo”, continuó.

Cuando Miyashiro entró en 1999 a gobernar el distrito “éramos 148 obreros municipales en planilla” (con todos sus derechos laborales y sociales, como seguridad social, pensiones, vacaciones, seis horas de trabajo, entre otros). Ahora sólo hay 82 trabajadores estables, lamentó Castro. “Del sindicato de empleados municipales sólo queda el recuerdo, mientras que el de obreros sobrevive con muy pocos”, dice Castro.

Esa es la realidad que trata de esconder la estridencia de la mayoría de los medios de comunicación y de los empresarios, que han tratado de convertir a Pablo Cayo en una especie de ejemplo del mal comportamiento que supuestamente caracteriza a los trabajadores peruanos, y legitimar con ello la nociva y extendida práctica empresarial de despedir discrecionalmente a su personal y violar en forma sistemática los derechos laborales.

De acuerdo a la lógica que ha tratado de introducir esa campaña, exigir el respeto a los derechos laborales y pelear por ellos hasta apelar al Poder Judicial y al mismísimo Tribunal Constitucional, es propio de ociosos, sinvergüenzas y borrachos, con los que hay que ser implacables. Y darles la razón en alguna corte equivale a establecer un funesto precedente de indisciplina laboral gravísima. La realidad, en cambio, es otra.

Diálogo de sordos
La semana pasada, el alcalde Miyashiro concedió audiencia a los dirigentes de la Coordinadora de Bases de Obreros Municipales, que concurrieron con la intención de iniciar un diálogo para limar asperezas.

Miyashiro los esperaba con un escenario armado. Él parado en las escaleras del frontis del local municipal mientras los dirigentes y algo de público lo miraban desde el llano. Luego de la presentación de cada uno de los dirigentes obreros, que plantearon el objetivo de dialogar sobre sus compañeros despedidos, Miyashiro cogió el micrófono y comenzó con un discurso sobre sus obras en el distrito, y cómo los trabajadores son “ociosos”, “borrachos”, “ineficientes” e “incentivan a la gente a que no trabaje”.

Agregó que él (Miyashiro) no era como los alcaldes de San Isidro, La Victoria o Independencia (cuyos trabajadores estaban ahí) “que no hacen obras, ni trabajan, pero él sí”, y por eso no aguantaba indisciplinas.

Luego, dirigiéndose especialmente a John Castro le dijo que “mientras yo sea alcalde, tú no regresas a trabajar acá”, como si fuera dueño de la municipalidad y estuviera por encima de las leyes y los dictámenes laborales y judiciales. En el caso de Cayo, el alcalde se niega a acatar el dictamen del Tribunal Constitucional, que lo obliga moral y jurídicamente a reponer al obrero. A eso el alcalde chorrillano le llama dialogar.

Respeto a libertad sindical
La discriminación antisindical es una de las violaciones que con más frecuencia se presenta como queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Empresarios y algunas autoridades políticas consideran “un estorbo” los derechos laborales y sociales de los trabajadores. No obstante, éstos están amparados por la Constitución y por la legislación internacional.

El folleto de la OIT “La importancia política del respeto a la libertad sindical en las Américas”, enfatiza que “los derechos de los trabajadores a organizarse en sindicatos, a negociar colectivamente y a declarar una huelga” son “pilares inherentes a la democracia” tan igual como la libertad de prensa, la libertad empresarial y la seguridad de la inversión. “Entre las causas conocidas y menos atendidas por las autoridades para generar más trabajo decente en América Latina y el Caribe están el irrespeto de los derechos laborales y las trabas al ejercicio de la libertad sindical. Para que la democracia se extienda al conjunto de la sociedad es necesario que los derechos laborales y en especial la libertad sindical sean reconocidos y protegidos”, ratifica la OIT. Muchos empresarios peruanos, con la indolencia del gobierno y su eventual complicidad, tienen un comportamiento contrario a esos principios, pues creen que la democracia consiste en que puedan hacer lo que quieran con sus trabajadores.

Susana Grados Díaz
Redacción

Loading...


En este artículo: | | | |


...
Diario La Primera

Diario La Primera

La Primera Digital

Colaborador 1937 LPD