El abortado plan para detener dirigentes

¿Qué oscura trama se escondía detrás del intento de detención arbitraria contra 13 personas en una investigación fiscal vinculada a la supuesta información de la famosa computadora de las Farc? La resolución del juez que declara infundado un hábeas corpus de uno de los investigados muestra el compromiso de los poderes públicos en este oscuro caso.

| 12 marzo 2009 12:03 AM | Informe Especial | 783 Lecturas
El abortado plan para detener dirigentes
(1) Alberto Moreno, dirigente del Movimiento Nueva Izquierda. (2) A la Dircote han sido citados 13 “investigados” y el periodista Raúl Wiener de LA PRIMERA (3) Cédula de Notificación declarando infundado
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Con fecha 5 de marzo de 2009, el secretario del Cuarto Juzgado Penal de Lima, notifica al dirigente del MNI, Alberto Moreno Rojas del Río, que su demanda constitucional de hábeas corpus frente a la amenaza de detención contra él y otras doce personas, había sido declarada infundada bajo el argumento de que la fiscal y el juez que ordenaron capturarlo habían actuado legítimamente y dentro del proceso regular, sin afectar los derechos del denunciante. Firma el documento el juez del 17 Juzgado Penal, por vacaciones de la señora juez del Cuarto Juzgado que era a quién correspondía sentenciar.

Esta resolución se basa en las declaraciones de dos procuradores, de la fiscal de la Tercera Fiscalía Supraprovincial y el juez del Segundo Juzgado Penal Supranacional. Tal vez lo más destacado de estas intervenciones sea el intento de la procuraduría del Poder Judicial de negar la existencia de la orden de captura y sostener que la única base de la demanda serían las informaciones periodísticas del diario LA PRIMERA, casi como si se tratara de un invento nuestro, a pesar de los documentos probatorios que exhibimos y nunca pudieron ser rebatidos.

Sin embargo, la cosa va más allá, porque es la fiscal la que lo desmiente cuando declara: “en la quincena de septiembre del año dos mil ocho, se remitió la documentación referente al caso del elemento terrorista de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia conocido como comandante Raúl Reyes, resolviendo aperturar investigación preliminar, derivándolo para su análisis a la División sobre Terrorismo Internacional, que al ser devuelto con el respectivo parte y luego de su estudio, decidió solicitar la detención preliminar de trece personas, así como el allanamiento y descerraje, invocando la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como la Ley 27369, siendo concedida por el juez del Segundo Juzgado Penal Supraprovincial mediante resolución del 15 de noviembre de 2008, otorgando diez días para su ejecución, la misma que no se pudo realizar”.

La orden fue dada
O sea, sí hubo orden de captura, allanamiento y descerraje, y LA PRIMERA nunca mintió sobre este asunto. Lo que nunca hubo es un delito específico sobre el cual acusar a los investigados, y por eso la insistencia en el carácter “preliminar” de las indagaciones, que fue la excusa para no informar debidamente la base de la acusación, ni definir la condición en que se asistía a los interrogatorios. Como era preliminar, al final de la fase se establecería si uno es acusado, testigo o cualquier otra cosa. Obviamente, lo que buscaban era sacar elementos de incriminación de las mismas respuestas lo que ratificaba la absoluta imprecisión con la que abordaban el caso, probablemente bajo una presión superior que les obligaba a seguir adelante.

El punto es que no sabiendo de qué acusar, sí tenían claro que debían detener. De la truculencia que ellos mismos le dieron a su “investigación”: “terrorismo internacional”, o de alguna necesidad política, concluyeron que estas personas eran peligrosas y había que tenerlas tras las rejas, no obstante que todos tuvieran domicilio y actividad conocida, y que después de saberse que querían detenerlos ninguno huyó del país o se incorporó a la clandestinidad.

Lo sorprendente es que el juez que deniega el hábeas corpus no percibe este importante detalle, y se limita a decir que la ley permite que en investigaciones preliminares se pueda dictar detenciones de acuerdo a la naturaleza del caso y la situación de los implicados. Sólo que aquí no hay caso, y las personas no han dado motivos para que se presuma que rehuirán a la justicia.

Reconstruyendo el caso
A cuatro meses del destape de LA PRIMERA se puede concluir que si el proceso seguido contra un grupo de dirigentes nacionales y regionales de la izquierda no ha muerto, es porque hay a quienes les interesa mantenerlo vivo, no importa si a costa del ridículo de las que deberían ser respetables instancias de la justicia.

Hagamos un recuento de los hechos que ya no pueden discutirse: (a) la Fiscalía recibió, en la primera quincena de septiembre de 2008, información sobre la computadora de las Farc; (b) el tema fue derivado a la Tercera Fiscalía Supraprovincial, que lo trasladó a la División sobre Terrorismo Internacional (Divite); (c) el informe Divite fechado el 10 de noviembre, contiene una “recomendación” para que se realice la captura de 13 personas, en la misma fecha en que se cite de grado o fuerza al ex candidato presidencial Ollanta Humala; (d) entre el 10 y el 15 de noviembre, la fiscal “estudia” ese informe, decide la detención, oficia al juez y este concede a su pedido (todo en cinco días, resolviendo en sábado!); (e) la detención debió producirse hasta el 25 de noviembre, en plenos días de la APEC, pero no se realizó. ¿Saben por qué?, lo único que sabemos es que LA PRIMERA destapó el caso al quinto día, el 20 de noviembre y obligó a que el día 24 el ministro Hernani reconociera que había una investigación de este tipo en marcha.

Nada concreto
Entre enero y marzo se han estado produciendo las citaciones e interrogatorios a los 13 investigados, incluyendo además (como investigado 14) al periodista de este diario que hizo la crónica de estos hechos, que fue el primero en visitar la moderna inquisición de la Dircote. De todos los interrogatorios que conocemos hasta ahora, no hay una sola acusación concreta que apunte a la realización de actos terroristas concretos o a colaboración para su ejecución.

Se han mencionado eventos en otros países en los que se leyeron cartas de Reyes u otros dirigentes de las Farc, saludando a los presentes y de la participación de peruanos en la reunión. Se ha interrogado sobre supuestos mails en los que sus compañeros informan a Reyes quiénes estuvieron en tal o cual actividad, en terceros países, y menciona a dirigentes peruanos. Se ha retomado el caso de la visita de una dirigente colombiana que realizó numerosas reuniones públicas, inclusive en el Congreso, en el período que se discutía un acuerdo de paz en ese país, y que visitó locales de partidos de izquierda. Se ha mencionado a Roque Gonzáles y los bolivarianos. Y a todo esto se le llama “pruebas”, con la misma ligereza que una conductora de televisión, actualmente en forzado retiro, alborotó el gallinero afirmando que podía demostrar que terroristas peruanos conectados con las Farc, eran a su vez los nexos con el chavismo y Ollanta Humala, y que todos juntos querían armar un complot contra Alan García. ¿Justicia mediática?

Pura imaginación
Es ciertamente apabullante que fiscales, procuradores y jueces, hablen de un “caso referido a la computadora del elemento terrorista…” y crean que eso les permite actuar como en Guantánamo, guardándose toda la supuesta información incriminatoria, negando la lectura del expediente, promoviendo un análisis de la policía que también prescinde de los descargos de los investigados, y que no puedan dar un solo indicio de la “gravedad” que le están otorgando al asunto. Más aún que se expresen juzgando a la prensa que defiende los derechos ciudadanos contra la arbitrariedad, como si se tratara de colaboradores con un supuesto terrorismo que sólo existe en su imaginación.

Es como la comisión Menchola: les han encargado acusar y qué pueden hacer si no son autoridades con criterio propio y autonomía para sentenciar con imparcialidad.

Apelan contra sentencia
El abogado de Alberto Moreno, Dr. Heriberto Benítez, ha apelado la resolución del Cuarto Juzgado, declarando infundado el hábeas corpus por amenaza contra la libertad personal, al que considera una “extraña sentencia”, que se apoya en argumentos que deberían haber llevado a resolver en forma exactamente opuesta. En efecto, al reconocer la fiscal que sí dictó orden de captura, allanamiento y descerraje, y que logró que el juez le concediese la medida, sin que su patrocinado fuese notificado y pudiese ejercer su derecho a defensa, en ninguna de las instancias: policía, fiscalía y juzgado, procedía declarar que efectivamente se produjo una violación del debido proceso y se amenazó la libertad de los investigados.

Asimismo, Benítez considera que hubo un ataque a la libertad de expresión por parte de la fiscal Escajadillo que cuestionó la intervención de nuestro diario en este sonado caso.

Delito inexistente
La tremenda fiscal Supraprovincial Fanny Escajadillo dice que ya no hay orden de captura. Y lo mismo repite el juez Pimentel. No la hay, pero la hubo. Y se suspendió por la denuncia periodística, que ellos repudian tanto que hasta quieren detener a los periodistas también. Además no es que se ha acabado la amenaza a la libertad, ya que se puede activar en cualquier momento. La clave es que este es un caso sin delito. Y con eso se puede hacer cualquier cosa.

Resolución 1373, Consejo de Seguridad ONU
Aprobada el 28 de septiembre del 2001, a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre y en el clima político de esos días. Ordena a los estados intervenir en las redes de financiamiento del “terrorismo internacional”. Asimismo en sus planes de reclutamiento y en los movimientos de armas a través de terceros países. Promueve el intercambio de información para evitar actos de terrorismo. Señala una supuesta relación entre el terrorismo y otros delitos (tráfico de drogas, blanqueo de dinero, venta ilegal de armas, etc.) Declara que el apoyo al terrorismo es contrario a las Naciones Unidas. ¿Qué relación tiene esto con la investigación de la computadora de las Farc y el intento de detención de 13 ciudadanos peruanos?

Raúl Wiener
Unidad de Investigación

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