Defensoría por el debido proceso

La Defensoría del Pueblo hizo un aporte fundamental al caso, al entregar en mayo pasado a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema una serie de criterios técnico-jurídicos, orientados a aportar para que se respete el debido proceso en el caso del juicio seguido por el incendio de la discoteca Utopía, ocurrido en julio del año 2002 y que provocó el fallecimiento de 29 personas.

Por Diario La Primera | 12 jul 2009 |    

Se trata de una figura procesal deno- minada “Amicus Curiae”, que la Defensoría presentó en cumplimiento del mandato constitucional de protección de los derechos fundamentales y con el ánimo de colaborar con el ejercicio de la jurisdicción constitucional, informó el adjunto de la Defensoría para asuntos constitucionales, Fernando Castañeda.

Indicó que a un pedido de intervención de los familiares de los 29 fallecidos en el incendio, la Defensoría presentó ese mecanismo legal, dentro del proceso constitucional de amparo que se sigue contra la decisión de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima -emitida el 25 de julio del 2008 - por la cual se archivó la denuncia penal planteada contra dos de los directivos de la empresa propietaria de la referida discoteca.

La Defensoría afirmó que su intervención en este caso se justifica en el hecho de que la decisión que se adopte en el presente caso trasciende el interés particular de los familiares de las víctimas, para vincularse directamente con un problema de indiscutible trascendencia general, “que tiene como base la exigencia de la garantía del derecho a la debida motivación y su eficacia en el ámbito de las actuaciones de todos los órganos del Estado, dentro del cual también se encuentra el Ministerio Público”.

Castañeda agregó que esto reviste ma- yor importancia, toda vez que la decisión que se adopte sobre este caso se puede constituir en un importante precedente para fijar criterios jurídicos sobre la respon- sabilidad penal de los propietarios de centros de diversión abiertos al público, por la adopción o falta de previsión de medidas de seguridad en sus establecimientos.


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