Criminalización de protestas se expande en Latinoamérica

Represión y miedo. Elementos de una nueva forma de gobernar que parecen estar instaurándose en la mayoría de países de la región que ­aplican políticas neoliberales. Bajo esta premisa, ayer en la Cumbre de los Pueblos se analizó “La criminalización de las protestas sociales”. Representantes de agrupaciones sociales de México, Costa Rica, Colombia y Perú se dieron cita en el auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UNI para debatir este aspecto de un cáncer que lastimosamente crece en varios países. Diversas opiniones, pero un norte común: denunciar el autoritarismo estatal.

| 16 mayo 2008 12:05 AM | Informe Especial | 704 Lecturas
Criminalización de protestas se expande en Latinoamérica
(1) Movilizaciones y protestas por malestar social son reprimidas y criminalizadas por gobiernos de turno. (2) Mesa de expositores internacionales coincidió en que abusos se expanden en Latinoamérica. (3) Carmen Azparrent asegura que la justicia tarda pero llega. (4) Ardito expuso problemática nacional
Tema analizado en la Cumbre de los Pueblos. No es un mal que sufren sólo los trabajadores peruanos. Es una epidemia que amenaza seguir creciendo...
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Todo se inicia con una campaña de miedo, mensajes para ahuyentar a quienes empiezan a simpatizar con esos grupos que no bajan la cabeza. Luego vienen los argumentos legales: modificatorias a los códigos penales, sanciones severas por faltas al orden público. Al final, todo se ensombrece con ­una acusación por terrorismo. Para Marisela Guerrero, representante de las asociaciones civiles de Costa Rica, éste es el modelo que se vive en su país, así como en el nuestro. “Todo empezó cuando la gente se levantó contra la firma del TLC, el gobierno quería aprobarlo a espaldas del pueblo, pero logramos un referendo y al final decidió la mayoría”, refirió.

El panorama peruano
El panorama que describieron Martín Velásquez (de México) y Feliciano Valencia, colombiano, es el mismo: escenas de autoritarismo y abuso de poder por parte de quienes están a cargo de los gobiernos.

En el caso peruano, el representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Wilfredo Ardito, apuntó que el panorama es el mismo que en los demás países y que, en algunos casos, hasta es más violento: “La Policía Nacional y el Poder Judicial están, y siempre han estado, al servicio de los grupos de poder, que año a año sólo cambia de mano”.

Ardito explicó que este tipo de sistema se consolidó en el ­país luego de la época del terrorismo, en los años del gobierno de Fujimori. Después del autogolpe de 1992, se fueron creando las bases para gobiernos autoritarios y –al iniciar el gobierno de Toledo– se debió hacer el camino de transición a la democracia, pero tampoco se logró.

“En el gobierno de Alejandro Toledo la criminalización de las protestas sociales dejó 15 muertos, la mayoría de ­ellos campesinos que salieron a reclamar por el derecho a la tierra o el alza de los costos. Recordemos el caso de Mazerino Sulca, quien fue el primer muerto por la criminalización de las protestas, que falleció en Pisco en la protesta de los algodoneros cuando un policía le disparó una bomba lacrimógena al pecho”, detalló el representante de Aprodeh.

Ardito Vega agregó que fue en la época en que Fernando Rospigliosi era ministro del Interior cuando el Estado empezó a criminalizar las protestas sociales. “Él dijo que iba a denunciar por terrorismo a todo quien proteste. Se le pidió que dé explicaciones por la muerte del algodonero y sólo dieron leyes más severas. En Arequipa pasó lo mismo cuando quisieron privatizar las empresas eléctricas y el gobierno dispuso el toque de queda hasta que la población hizo que lo cancelen”, relató.

Los muertos de Alan
Sobre el gobierno de García también señaló que, hasta la fecha, van once muertos por la represión policial contra los manifestantes. “Recordemos lo que pasó hace poco, en Ayacucho, la Policía Nacional disparó contra los campesinos, causando la muerte de dos de ellos. Hasta la fecha nadie ha sido sancionado por estas muertes. El ministro del Interior, Luis Alva Castro, no asume su culpa”, aseveró.

Finalmente, indicó que el decreto supremo 982, grupo legal que sanciona drásticamente toda protesta de carácter social, ha sido el punto culminante de la criminalización. “Estamos pidiendo su derogatoria. Con estas leyes sólo buscan atemorizar a los que quieren un cambio social.

“Aún falta liberar a cinco inocentes”
Hace unos días, el Poder Judicial dispuso que sea puesta en libertad, tras dos meses de injusta prisión. Su delito: haber participado en Ecuador de un encuentro bolivariano. Carmen Azparrent asegura que rechaza todo tipo de violencia y a cualquier agrupación que use el terror como método. “Mi padre murió por culpa de Sendero Luminoso, cualquier persona inteligente debería entender que por ese, y muchos otros motivos más, yo jamás sería parte de un agrupación terrorista”, afirmó.

Su estado es de semilibertad, pues debe comparecer cada mes ante el juzgado que ventila su caso, además tiene imposibilitado el libre tránsito. “Me han perjudicado, encima para salir de prisión me cobraron mil soles como caución”, señala.

En otro momento de su sentida participación en la Cumbre de los Pueblos, Azparrent agradeció a LA PRIMERA por haber denunciado su injusto encarcelamiento, así como el de las demás personas que aún permanecen en prisión. “Quiero agradecer a la prensa independiente que no tiene mordazas y se jugó todo por nosotros. LA PRIMERA estuvo a nuestro lado todos los días. Aún falta liberar a cinco inocentes y quiero decirles a sus familiares que no pierdan la esperanza. La justicia tarda pero llega”, anotó.

Azparrent también quiso expresar su malestar con algunos medios de información, pues –según declaró– muchos de estos se han vendido a los intereses de los grupos de poder. “Les pido a los periodistas que no se vendan por unas monedas, que defiendan la verdad. No le hagan el coro a los gobiernos represivos”, manifestó.

Omar Olivares
Redacción


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