Anulación de bases ayuda a distensión

Sin proponérselo, la Corte Constitucional colombiana ayudó, al menos temporalmente, a sumar un nuevo factor de distensión entre Colombia y Venezuela al dejar sin validez un acuerdo militar firmado por Bogotá y Washington que hace varios meses produjo una polémica regional de grandes dimensiones.

Por Diario La Primera | 20 ago 2010 |    

El acuerdo, suscrito en octubre de 2009, permitía a militares estadounidenses usar hasta siete bases colombianas en el marco de mecanismos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero vistos por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como “excusas” para preparar ataques contra su país.

Chávez ordenó entonces “congelar” las relaciones con Colombia y el pasado 22 de julio las rompió del todo, pero la semana pasada los vínculos quedaron restablecidos en una “nueva era” por el inicio del gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

De forma coincidente, pues esta semana se vencía el plazo para pronunciarse sobre una demanda de constitucionalidad, la corte colombiana declaró el martes inválido el acuerdo con el argumento de que el anterior gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) no lo sometió a una ratificación del Congreso.

En su visita a Santos para restablecer las relaciones, Chávez cambió su lenguaje con respecto a las bases, pues pasó del calificativo de “agresión” a decir que un país soberano puede llegar a acuerdos con otro Estado.

Ahora tendrá motivos para reafirmar la distensión con las nuevas autoridades colombianas, aunque técnicamente la corte no declaró inconstitucional el acuerdo porque no alcanzó a entrar en vigencia al faltar el requisito de ratificación parlamentaria.

Según el tribunal que salvaguarda la Constitución de 1991, el paso que sigue ahora es devolver al acuerdo al gobierno para que se reanude el proceso y el texto sea sometido al Congreso, donde el oficialismo tiene una cómoda mayoría que, al menos sobre el papel, garantizaría su ratificación.

Una decisión del gobierno favorable a llevar el acuerdo al Congreso y una posterior ratificación tampoco sería garantía para su aplicación, a juzgar por el pesimismo del general retirado Freddy Padilla, que hasta el final del gobierno de Uribe fue comandante de las Fuerzas Militares y es considerado como uno de los “cerebros” del acuerdo.

“Si Colombia manda ese acuerdo al Congreso, Estados Unidos también tendrá que enviarlo al suyo, y lo que nos dijeron es que ese paso, por circunstancias de su política exterior, no estaban dispuestos a hacerlo (...) Implicaría que el acuerdo se hunde en este momento”, dijo Padilla.

Uribe se abstuvo de enviar el acuerdo al Congreso a pesar de las recomendaciones del Consejo de Estado y de numerosos expertos que coincidieron en que no se trataba de la simple extensión de convenios militares vigentes desde mediados del siglo pasado sino de un nuevo tratado internacional que obligatoriamente requiere de la aprobación parlamentaria.

Para efectos prácticos, la caída al menos temporal del acuerdo no ocasiona grandes tropiezos, pues siguen vigentes convenios anteriores de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo entre los dos países.

El acuerdo que quedó inválido estipulaba que el número de militares y contratistas estadounidenses que podían estar al mismo tiempo en territorio colombiano no podía pasar de 1.400. Desde que se firmó, esa cifra no ha pasado de 300, según el gobierno de Bogotá.

El pronunciamiento de la corte se produjo a raíz de una demanda de constitucionalidad interpuesta por una organización defensora de los derechos humanos que considera que el acuerdo era ilegal no sólo por la falta del requisito de ratificación parlamentaria sino por la presencia de militares extranjeros en el país.

Líderes de la bancada oficialista han dicho que el acuerdo será aprobado por el Congreso si es sometido a su consideración, mientras que voceros de la minoría opositora abrigan la esperanza de que en ese caso la corte lo declare inconstitucional porque implica la presencia de militares extranjeros.

Rodrigo Ruiz Tovar
DPA

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