Agua, en verdad para todos

La administración y gestión estatal de Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) es una tendencia muy enraizada en la mayoría de países sudamericanos. Con las excepciones evidentes de Perú y Colombia, cuyos gobiernes parecen estar tentados a dar un enfoque comercial a la necesidad elemental de consumir agua, los demás gobiernos han mantenido, hasta el momento, una política tradicional de defensa a la administración estatal del estos servicios básicos, debido al gran impacto social que ejercen sobre las poblaciones.

| 26 agosto 2009 12:08 AM | Informe Especial | 1.8k Lecturas
Agua, en verdad para todos
(1) La ‘unica manera de asegurar un servicio de saneamiento eficaz para la población es que esta sea administrada por el Estado. (2) David Valenzuela, gerente general de Seda Cusco S.A. (3) Margarita López.

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…la gestión pública puede ser y es eficiente, pues Seda Cusco tiene sus metas bastante claras…
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Sin embargo, no todas son noticias malas para nuestro país porque, a pesar de la política privatista del gobierno actual, hay EPS que se mantienen vigentes y con un índice elevado de eficiencia en el servicio a sus usuarios. Un ejemplo perfecto de ello es Seda Cusco S.A., EPS que tiene el encargo de satisfacer la demanda de agua potable de la ciudad imperial y sus distritos aledaños.

El ingeniero David Valenzuela, gerente general de Seda Cusco S.A. nos cuenta que esta empresa se mantiene en el primer lugar del ranking de desempeño de empresas prestadoras a nivel nacional de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) desde el año 2006, en el rubro de EPS grandes, superando con creces a Sedapal, la EPS de Lima Metropolitana y la más grande del país.

“Las diferencias entre Sedapal y Seda Cusco son abismales en términos de números de usuarios. Sedapal es una empresa muchísimo más grande que la de Cusco, pero la gestión de servicios de saneamiento es similar porque ambas empresas captamos agua, la tratamos, la almacenamos, la distribuimos y también hacemos el tratamiento del agua residual”, explica.

Para Valenzuela, el servicio de agua potable es una labor social muy sensible a los pobladores, por lo que debe ser ajena a intereses políticos y enfocarse -sobre todas las cosas- a mejorar la calidad de vida de la población; además de buscar la sostenibilidad de la empresa y del servicio en sÑ “No hay ninguna razón ni ningún objetivo para que Seda Cusco sea privatizada. No existe ninguna posibilidad. Creo que Seda Cusco está siendo muy bien gestionada, desde la misma junta de accionistas, el directorio de la empresa, la plana gerencial, todos sus trabajadores, mostrando que la gestión pública puede ser y es eficiente, pues Seda Cusco tiene sus metas bastante claras”, refiere.

Por otro lado, el funcionario explica también la preocupación que su empresa mantiene en el rubro del tratamiento de aguas residuales, pues considera que la eficiencia del servicio al usuario debe ir acompañada por la protección del ambiente de una ciudad como Cusco, que ya presenta índices preocupantes de contaminación.

“Tenemos un modelo de gestión residual que involucra todo el tema de alcantarillado sanitario que está complementado con la planta de tratamiento de residuales. En cuanto al alcantarillado sanitario, tenemos un valor próximo al 80% del agua residual captada dentro de los conductores principales de Cusco. Existiría un 20% por incorporar a todos los colectores. Tenemos como meta que en 2010 esté acabado este trabajo. Adicionalmente, este mes estamos contratando a una consultora para que haga los estudios definitivos de la nueva planta de tratamiento de la ciudad del Cusco”, refiere.

El ejemplo argentino
El dirigente argentino del Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires (Sosba), Guillermo Amorebieta, nos cuenta acerca de su experiencia en la empresa en que labora, Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), una empresa estatal creada hace siete años, a partir de una privatización frustrada. “ABSA es una empresa del Estado donde los trabajadores tienen una participación accionaria y, además de ello, mediante una sociedad con los trabajadores, tenemos la operación técnica del servicio en las ciudades de los 46 municipios de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia de mayor PBI y mayor población de Argentina”, dice.

Amorebieta relata que, tras fracasar la gestión privada de ABSA, la Municipalidad de Buenos Aires pidió a los trabajadores que se hicieran cargo de la empresa. A partir de entonces, los trabajadores se encargaron también de la parte técnica de la empresa, el sector operativo, el sector de proyectos, el sector de cálculos y de asesoramiento, apoyados por un sindicato, SOSBA.

Precisamente, el dirigente nos explica acerca de los acuerdos que ABSA ha firmado con EPS de Perú como SEDAM Huancayo S.A.C. y Sedapar S.A. (Arequipa), en el marco de su política de solidaridad y apoyo técnico a EPS de otros países. En ambos casos, ABSA se comprometió a realizar un diagnóstico técnico de la realidad del saneamiento de ambas zonas con la finalidad de detectar las falencias del servicio en beneficio del usuario.

Respecto a la empresa Aguas de Tumbes, administrada por un consorcio peruano-argentino (Latin Aguas-Concysa), cuya gestión ha sido caracterizada por tarifas elevadas y un servicio pésimo, Amorebieta comenta: “En Argentina, Latin Aguas fue expulsada de varias ciudades. Conserva sólo una concesión de las cuatro que tenía durante el gobierno de Carlos Ménem. Es una empresa que ha demostrado, en Perú y en Argentina, que no está capacitada ni tiene interés en una administración seria porque busca obtener dividendos a corto plazo y cuando ven que las cosas se ponen mal se mandan a mudar con los bolsillos llenos de dinero”, advierte.

La lucha de Colombia
La presidenta del Sindicato de Trabajadores de Aquavalle, la colombiana Margarita López, es una dirigente de una belleza singular y una valentía comprobada, pues la lucha por preservar el servicio de saneamiento en manos de los trabajadores le ha causado amenazas de muerte y arriesgar su integridad física.

“Operamos en el departamento del Valle del Cauca, somos una empresa pública de capital totalmente estatal, basada en un acuerdo entre la EPS, el departamento del Valle del Cauca y los alcaldes de los 33 mil municipios donde operamos. Aquavalle es una empresa de alto contenido social. Gracias a ese posicionamiento ocupamos el tercer lugar en cobertura de agua potable de Colombia”, dice.

López cuenta que los trabajadores de Aquavalle enfrentan desde hace muchos años un conflicto con la administración anterior, caracterizada por su ineficiencia y corrupción. Hay ex ejecutivos detenidos, gracias a la lucha legal de los trabajadores, lo que ha provocado, teniendo en cuenta la violencia en Colombia, que la vida de los dirigentes sindicales estén en riesgo permanente.

“A mí me han amenazado, me han intimidado. En el último correo que me mandaron, dicen que me quedan pocos días de vida. Igual, a una compañera mía, la secretaria del sindicato, le hicieron un atentado a la salida de la empresa. Pedimos al Ministerio del Interior que nos brinde la protección. Es muy complicado el ejercicio sindical, no hay libertad sindical”, denuncia.

La dirigente nos cuenta acerca de la campaña nacional de los sindicatos y gremios colombianos para que el agua sea declarada un derecho humano en la constitución. Para ello, más de 2 millones 300 mil firmas han sido recolectadas a nivel nacional, para presentarlas ante el Congreso.

“El agua no puede ser tratada como mercancía, el agua es un bien común, esencial para la vida de los seres humanos”, acota.

El agua no puede ser privatizada
Para el investigador del Instituto Transnacional de Holanda, Philipp Terhorst, y la presidenta de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE), la uruguaya Adriana Marquisio, la gestión pública es la indicada para un servicio vital como el de agua potable.

Terhorst cuestiona que Holanda mantenga leyes que proscriben la privatización del agua en todas sus formas dentro su territorio, pero que su gobierno realice lobbys a favor de la tercerización de este recurso en países en vías de desarrollos. “Es una contradicción porque hay una ley que prohíbe la privatización del agua porque dice que no es buena para Holanda, pero al mismo tiempo la está favoreciendo en el Perú. En América Latina hay alternativas exitosas, cooperativas, comunitarias y públicas. Lo que pasa, es que no se habla de ellas porque el Banco Mundial y gobiernos como el peruano no quieren esas alternativas pues buscan implementar el sistema neoliberal”, dijo. A su vez, Marquisio revela que las tarifas por servicio de agua potable fueron elevadas en un 70% cuando la EPS COJES de Uruguay fue privatizada y vendida a la empresa Aguas de Bilbao de España. Sin embargo, a partir de octubre del 2005, esta empresa volvió a manos públicas y las tarifas bajaron considerablemente. “Pasamos del déficit a un superávit muy importante de 26 millones en 2006, 40 millones en 2007. Fue una privatización nefasta en Uruguay como en todo América Latina”, dijo.

Leonardo Caballero
Redacción

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