Violencia en la Araucanía

La muerte de unos terratenientes sacó a la luz el despojo de tierras de las comunidades mapuches que reclaman la recuperación de sus territorios ancestrales. “Los vamos a perseguir donde estén y no vamos a parar hasta encontrarlos”, dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick, tras el atentado.

| 15 enero 2013 12:01 AM | Especial | 2k Lecturas
Violencia en la Araucanía
EN CHILE REACTIVAN LEY ANTITERRORISTA DE PINOCHET

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En medio del debate, el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, enfatizó que el grave problema debe ser solucionado por el Estado chileno y no por el Poder Judicial. “La situación es grave y esperamos que Chile, el país entero, arbitre las medidas que sean necesarias para resolver este problema. No es de días, es un trabajo conjunto de mucho tiempo y de reconocer los derechos de esta gente”, agregó.
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La muerte de dos esposos, propietarios de una finca en tierras araucanas, puso en evidencia que el conflicto con el pueblo mapuche por el despojo de sus territorios no está liquidado y que el Estado chileno tiene cuentas que saldar antes de dar por consumada una política que acrecienta la violencia.

Hoy está claro que las acciones de exterminio que emprendió el Estado chileno contra los mapuches hace casi dos siglos les está pasando la factura a aquellos que creyeron en la política de los hechos consumados. Los recientes atentados cometidos en la Araucanía demuestran que la guerra no ha terminado y que la lucha continúa.

La acción fue cometida por un grupo de encapuchados, que entró el viernes 4 en la casa de la hacienda Lumahue. El predio pertenecía a Werner Luchsinger, de 75 años, y su esposa Vivian Mackay, de 69, miembros de una de las familias de terratenientes más reconocidas de la zona. El matrimonio dormía en el segundo piso de la vivienda. El anciano alcanzó a usar su arma de fuego y recibió un golpe que lo dejó inconsciente. La mujer se hallaba en el dormitorio y alcanzó a llamar por teléfono a Carabineros. Pero a los pocos minutos, ambos fallecieron por asfixia. Los atacantes habían vertido combustible líquido para prender fuego a la casona.

SOSPECHOSOS COMUNES
Tras la muerte de los propietarios, la policía detuvo a dos sospechosos: Celestino Córdova Tránsito, de 26 años, y su hermano José, de 30. El primero, un curandero mapuche, fue sorprendido la misma noche del asesinato en una finca cercana cuando caminaba herido. El segundo estaba en su vivienda con ropajes que lo vinculan con el atentado de Vilcún.

El doble crimen coincidió con la conmemoración del quinto aniversario de la muerte del activista mapuche Matías Catrileo y la policía encontró en la hacienda panfletos alusivos. El joven murió mientras participaba en la ocupación de la finca Santa Margarita de la familia Luchsinger. La justicia estableció que un carabinero que participaba en el desalojo le disparó por la espalda.

Pero no fue el único. Además de Catrileo, fueron muertos en otras acciones policiales Alex Lemun y Jaime Mendoza Collío. Así que el crimen de los propietarios está marcado por muertes precedentes. “¿Cómo se entiende que el asesino de Catrileo, el cabo Walter Ramírez, continúe en la institución avalado por la Contraloría General de la República? O que los tribunales hayan dictaminado que “su conducta merece ser reconocida en los términos que dispone la norma en cuestión”, preguntó Tito Tricot, director del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe.

También se conoce el nombre del asesino de Alex Lemun, pero el mayor Marco Treurer fue absuelto por la corte marcial y sigue trabajando en la policía; más aún, fue ascendido a teniente coronel. El asesino de Mendoza Collío, el cabo Patricio Jara, fue sentenciado a cumplir su pena en libertad vigilada.

Tras los hechos, la principal organización radical, Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), negó cualquier vinculación con el crimen de los propietarios de tierras y acusó a los responsables de “demonizar al pueblo mapuche en su conjunto y deslegitimar sus reivindicaciones”. La agrupación comandada por Héctor Llaitul, que lleva más de 50 días de huelga de hambre en prisión, recordó que algunos dirigentes de las localidades de Ercilla, Vilcún y Lleu Lleu abandonaron la CAM en 2010 y que, desde entonces, “no existe relación política ni orgánica de dichas personas” con el grupo. Los líderes de las comunidades mapuches también condenaron el ataque. .

El historiador Jorge Pinto Rodríguez resaltó que en las últimas cuatro décadas el problema se agudizó con la llegada de las transnacionales que no lograron generar puestos de trabajo y vulneraron las tierras indígenas. Pero, además de eso, se impuso “un discurso antiindigenista impresentable en el que impera una falta de respeto por la diversidad”, sin olvidar que los títulos de propiedad “fueron adquiridas por algunos terratenientes mediante procesos fraudulentos”.

GENTE DE LA TIERRA
Los mapuches, llamados también ‘gente de la tierra’ o araucanos, son un pueblo aborigen que habita el sur de Chile y el suroeste de Argentina. Conocido por su rebeldía, a fines del siglo XIX tuvo que enfrentar las expediciones militares, llamadas simbólicamente “Conquista del Desierto” o “Pacificación de la Araucanía”, que envió el Estado para despojarlos de sus tierras.

La política de exterminio siempre lo tuvo en jaque. El teniente coronel Tomás Walton, en 1870, propugnaba una guerra activa y de exterminio, “aunque en desacuerdo con los principios humanitarios de los pueblos cultos” contra los araucanos, pues “el resultado, aunque más rápido y al parecer más cruel, ocasiona indudablemente menor número de víctimas y menos gastos…”.

De 1861 a 1883, el ejército chileno utilizó diversas estrategias, desde alianzas con clanes enemigos, hasta el soborno y la guerra para avasallar a los mapuches. Tres años después del fin del conflicto, el Congreso aprobó una ley que reconocía aparentemente los derechos propietarios de los nativos en el “Territorio Indígena”, pero en realidad el Estado tomó el control militar de territorio y se apropió de las tierras. De esta manera, los mapuches pasaron de poseer unas 10 millones de hectáreas, a tener apenas 500 mil, un 5% de su territorio anterior.

Hoy, de las 1.798 comunidades reconocidas, 42 están en conflicto. Los indígenas reclaman sus tierras ancestrales, el derecho al agua, autonomía y la protección de sus lugares sagrados. Desde hace dos décadas, grupos radicales incrementaron las acciones violentas para lograr que los dueños de las tierras las vendan al Estado, para que, a su vez, este las devuelva a las comunidades indígenas.



REPRESIÓN
Tras el incendio de la finca, el gobierno de Sebastián Piñera anunció que reactivaba la Ley Antiterrorista, una disposición polémica dictada en 1984, durante la dictadura, que castiga con altas penas ciertas acciones subversivas. “Los vamos a perseguir donde estén y no vamos a parar hasta encontrarlos”, dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Pese a las amenazas, nuevos atentados se registraron en la zona.

La aplicación de la ley generó un debate intenso entre el Ejecutivo y la oposición que considera un exceso invocarla en esta ocasión. “El gobierno debe ser sensato y no caer en un frenesí represivo”, dijo el presidente de los socialistas, Osvaldo Andrade. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, consideró que recurrir a la Ley Antiterrorista vulnera el debido proceso. “Es la hora de la política, no de la guerra”, indicó.

En medio del debate, el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, enfatizó que el grave problema debe ser solucionado por el Estado chileno y no por el Poder Judicial. “La situación es grave y esperamos que Chile, el país entero, arbitre las medidas que sean necesarias para resolver este problema. No es de días, es un trabajo conjunto de mucho tiempo y de reconocer los derechos de esta gente”, agregó.

De una u otra forma, el asesinato del matrimonio de latifundistas impulsa a la clase política chilena a explorar un acuerdo nacional para frenar la disputa entre mapuches y agricultores por el control de las tierras. Pero el discurso político que llama terroristas y delincuentes a los que reclaman por sus derechos, no ayuda a resolver el conflicto.

Lo que se observa hoy en el discurso político es demasiado parecido al pasado: deshumanización del supuesto enemigo, represión, montajes, falsos enfrentamientos, aplicación de la Ley Antiterrorista, cárcel, torturas. No es mera coincidencia que el ministro del Interior Andrés Chadwick fuera partidario activo de la dictadura del general Pinochet.

El discurso represivo no ayudará a parar la violencia en tierras mapuches y eso lo saben los que olvidan el despojo milenario que sembró de odio la Araucanía.


Efraín Rúa
Editor de Mundo


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