Unas elecciones que no terminan

A casi un mes de las elecciones generales del 1 de julio, en vez de bajar, la marea de las protestas populares sigue creciendo. Desde principios de este mes, no ha habido un fin de semana sin manifestaciones que llenasen las calles del Distrito Federal y las mayores ciudades del país.

| 02 agosto 2012 12:08 AM | Especial | 1k Lecturas
Unas elecciones que no terminan
MÉXICO

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Sin embargo, en la que ya pasó de las crónicas a la historia como “la elección comprada”, el asunto más espinoso es el de la proveniencia de los enormes capitales empleados por el PRI en su campaña, recursos sospechosos de salir de las arcas públicas (el partido gobierna 20 de los 32 estados de la República) o, peor, de ser fruto del lavado de dinero.

Causó sensación, el día después de las elecciones, una multitud que tomó por asalto las tiendas de autoservicio de la cadena Soriana. Blandían unas tarjetas de crédito “regaladas” por el PRI antes de las votaciones e hicieron compras de pánico porque se había corrido la voz de que iban a ser canceladas.
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Todas estas “megamarchas”, rebosantes de creatividad juvenil, enojadas y alegres a la vez, revelan la indignación de gran parte de la sociedad civil frente a unas elecciones claramente adulteradas.

El Movimiento Progresista, la coalición de los tres partidos de izquierda que impulsan la candidatura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha presentado dentro del plazo establecido centenares de recursos, 364 en total, fundamentados en millares de pruebas y documentos, para pedir la invalidez de las elecciones presidenciales. Los resultados de las votaciones para senadores, diputados federales y estatales, gobernadores y presidentes municipales computados el 1 de julio no están en discusión.

Es en las elecciones presidenciales, según los recursos presentados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se han cometido irregularidades graves por parte de la coalición Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Partido Verde (PV) y de su candidato Enrique Peña Nieto, que habría ganado, según los resultados oficiales, con el 38,2% de los votos frente al 31,6% de AMLO. Las denuncias no se refieren a la alteración de urnas y boletas, como en 2006, sino a delitos anteriores al sufragio, como el uso en la campaña electoral de capitales ocultos, superiores por más de diez veces al techo permitido, que era de 336 millones de pesos (65 millones de soles); la compra de millones de votos con despensas de alimentos, materiales de construcción, dinero; el empleo de promesas o amenazas a las capas más vulnerables de la población; la divulgación de encuestas amañadas para generar la sensación que el candidato del PRI era invencible; unos contratos con Televisa -¡desde 2005!- para la realización de una campaña promocional que construyera la imagen del futuro presidente, utilizando la invasión de los medios electrónicos, la denigración del adversario y la información sesgada.


Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, acusado de fraude masivo.

Sin embargo, en la que ya pasó de las crónicas a la historia como “la elección comprada”, el asunto más espinoso es el de la proveniencia de los enormes capitales empleados por el PRI en su campaña, recursos sospechosos de salir de las arcas públicas (el partido gobierna 20 de los 32 estados de la República) o, peor, de ser fruto del lavado de dinero. Sea como sea, a cada día se van produciendo más pruebas de una red de financiamiento para operaciones electorales fraudulentas en favor de Peña Nieto.

El PRI, que anhela recuperar del Partido de Acción Nacional (PAN) la presidencia perdida en el 2000 – sin realmente dejar nunca de cogobernar en estos 12 años- reacciona a estas imputaciones, fundadas en sólidas pruebas, con un contraataque descompuesto y acusa a AMLO y al Movimiento Progresista de financiamientos ilícitos. Es el viejo truco del carterista que grita: “¡Al ladrón!”, pero con los vientos que soplan, en pleno despertar de la sociedad civil, será difícil que funcione.

Causó sensación, el día después de las elecciones, una multitud que tomó por asalto las tiendas de autoservicio de la cadena Soriana. Blandían unas tarjetas de crédito “regaladas” por el PRI antes de las votaciones e hicieron compras de pánico porque se había corrido la voz de que iban a ser canceladas. También se han encontrado innombrables tarjetas magnéticas del banco Monex que contenían sumas millonarias para ser repartidas entre unos ambiguos “operadores electorales”. Parecen ser los métodos más modernos para comprar una elección, pero dejan más huellas que los viejos maletines llenos de efectivo.


Manuel López Obrador, candidato progresista que denunció el fraude.

EL LABERINTO DE LA LEY
La legislación electoral mexicana es un enredo de callejones pintorescos que no llevan a ningún lado. Baste con considerar que las averiguaciones empezadas sobre los financiamientos ilegales podrían concluir en 2013 –y acabar en una simple multa, aunque alta, al partido infractor- mientras que el mismo tribunal electoral, integrado por siete jueces, tiene que declarar el ganador de las elecciones dentro del 6 de septiembre, para notar lo inconsistente de la reglamentación. Además, en esta misma legislación, utilizar financiamientos ocultos en la campaña no es considerado motivo suficiente para anular las elecciones.

Por todo esto, la coalición progresista, para que se invaliden las elecciones presidenciales, ha optado por recurrir directamente al artículo 41 de la Constitución, que establece la equidad de la competencia y la libertad del sufragio como requisitos indispensables para la validez de una elección. ¿Cuáles son las posibilidades de que el supremo tribunal electoral declare no válidas las elecciones presidenciales y convoque a nuevas elecciones en un plazo de 18 meses, con un presidente interino nombrado por el Congreso, como prevé la Constitución? En una encuesta entre los lectores del diario de izquierda La Jornada, solo el 12% cree en la posibilidad de la anulación. La reputación del TEPJF, así como la del IFE, el Instituto Federal Electoral, no es de las mejores.

Del lado de las débiles esperanzas de la nulidad hay el precedente de las recientes elecciones para la alcaldía de Morelia, donde el triunfo del PRI ha sido invalidado por no haber respetado los tiempos asignados de propaganda, una infracción a todas luces menor. A resfriar las esperanzas, por otro lado, están las declaraciones de un juez del tribunal quien, luego de las últimas marchas en más de treinta ciudades en contra de la imposición de Peña Nieto a la presidencia, ha afirmado que las manifestaciones populares no influenciarán en lo más mínimo las decisiones de la corte, que se guía sólo con la Constitución. Olvidando el pequeño detalle que la soberanía, según la propia Carta Magna, reside esencial y originariamente en el pueblo.

UN PACTO DE SUCESIÓN E IMPUNIDAD
El comportamiento del PAN, el partido de la extrema derecha católica que se alista a dejar el poder, ha sido definido bipolar, y hasta “esquizofrénico”, en estas elecciones. El presidente saliente Felipe Calderón, que queda en el cargo hasta el 1 de diciembre –otra anomalía mexicana- ya recibió al candidato del PRI en la residencia de Los Pinos, tratando de generar la impresión, o cuando menos la ilusión óptica, de una próxima entrega de los poderes. Por otro lado, ya son decenas los países americanos y europeos que han felicitado a Peña Nieto desde el 2 de julio, interviniendo así indebidamente en un proceso que aún está sub judice. Mientras la secretaria general del PAN, Cecilia Romero, afirma con gran seguridad que Peña Nieto asumirá la presidencia en diciembre –y Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, se ha declarado derrotada la misma noche de las elecciones, cuando el conteo de los votos apenas iniciaba- el presidente del partido, Gustavo Madero, comparte con el Movimiento Progresista las acusaciones al PRI de haber comprado las elecciones, más no quiere pedir su nulidad. Protestar está bien, parecen decir con esta actitud, pero la transición de los poderes ya está arreglada y no se toca.

La marea de la protesta ha encontrado también otro cauce, más visible y ruidoso que el institucional. Desde el 10 de mayo, cuando surgió el movimiento “YoSoy132”, nacido en una universidad privada de la capital en respuesta a una bravata de mal gusto de Peña Nieto, el esquema de la sucesión presidencial, cuidadosamente preparado por la oligarquía con Televisa, se ha malogrado, poniendo el PRI frente a una emergencia inesperada.

Reivindicar el episodio represivo de San Salvador Atenco, en el cual Peña Nieto, gobernador recién electo del estado de México en 2006, envió a la policía a arremeter bestialmente sobre una comunidad campesina que se resistía a la construcción de un aeropuerto en sus tierras, dejando dos jóvenes muertos, centenares de heridos y encarcelados, decenas de mujeres violadas, ha vuelto visible otra vez la verdadera cara del PRI, que quiere presentarse como “nuevo” y sin embargo es el mismo partido con una historia de 70 años de dominio sostenidos en el binomio “plata o plomo”. Y los desarrollos sucesivos han demostrado que imponer un presidente no es exactamente lo mismo que vender una pasta dental o un electrodoméstico.


Gianni Proiettis
Colaboración


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